El jefe de la Udef que investigó el PGOU de 'Brugal' defiende los indicios delictivos y las escuchas 

ALICANTE. El jefe de brigada de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional que investigó el presunto amaño del Plan General de Alicante ha ratificado este miércoles los informes de conclusiones emitidos tras el desarrollo de las pesquisas en los que se detallaba la existencia de indicios de la posible comisión de los delitos de tráfico de influencias, información privilegiada y cohecho en el proceso de tramitación del que debía convertirse en el nuevo planeamiento de la ciudad. Se trata de una docena de informes que se remitieron al juzgado de Orihuela en el que se iniciaron las diligencias del caso Brugal: la causa matriz abierta sobre las supuestas irregularidades en la adjudicación de la contrata de recogida de la basura de ese municipio, de la que se desgajaron una veintena de piezas separadas relacionadas con otros hechos, como el de la redacción del PGOU de la capital. 

Además, el jefe de Udef también ha defendido la integridad de las conversaciones captadas en los terminales telefónicos de los procesados al insistir en que el sistema de escucha del Ministerio del Interior (sistema Sitel) no permite la manipulación ni la alteración de las grabaciones: una de las claves de la causa, después de que las defensas presentasen peticiones de nulidad, en las sesiones iniciales del juicio, al considerar que no estaban autorizadas de manera conveniente. Es más, incluso aportaron informes periciales en los que se apuntaba que esas grabaciones habían sido manipuladas, sin que figurase su contenido íntegro. El tribunal decidió aplazar la decisión sobre esa solicitud de nulidad hasta el momento de la sentencia.

Por lo pronto, en una larga declaración, que se ha prolongado durante varias horas (más de cinco), el inspector de la Udef ha explicado, respecto a la autenticidad de esas grabaciones, que el sistema Sitel se basa en "un programa informático en el que se vuelcan todas las conversaciones facilitadas por las compañías telefónicas, tras las correspondientes autorizaciones de intervención judicial". "De ahí, seleccionamos las conversaciones que nos parecían relevantes para la investigación, para que se transcribiesen, pero los audios se remitían periódicamente de manera íntegra al juzgado, en todas y cada una de las copias que remitimos, sin que existiese la posibilidad de que las modificásemos aunque quisiésemos porque es un programa de solo lectura", ha detallado. "Si hiciésemos un nuevo volcado ahora mismo, el contenido sería el mismo", ha recalcado. Con todo, a preguntas de los abogados de las defensas, ha dicho no recordar de cuántos CDs se remitieron al juzgado ni si en algún momento pudo faltar alguno.

En cualquier caso, la mayor parte de su declaración se ha centrado en ratificar y explicar el contenido de los informes en los que se sustenta el sumario en todos sus aspectos. Así, ha relatado que las pesquisas sobre el planeamiento de Alicante se iniciaron a partir de las conversaciones captadas a través del teléfono del promotor Enrique Ortiz, al que se estaba investigando por su supuesta implicación en la causa sobre el Plan Zonal de residuos de la Vega Baja. El pinchazo de su terminal permitió registrar charlas con el resto de los acusados, como los exalcaldes Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, ambos del PP, de las que se deducía la concesión de un trato de favor en el diseño urbanístico de la ciudad. De este modo, el responsable de la Udef ha explicado que a esas conversaciones entre los investigados siempre le sucedían reuniones y citas en lugares diversos, como la Gerencia de Urbanismo, la estación de autobuses de Benidorm, el restaurante Emilio o el yate de Ortiz, para las que se decidía activar operativos de vigilancia y seguimiento en los casos en los que existía posibilidad de hacerlo. Según el inspector, en esos encuentros y conversaciones se compartía información relacionada con el nuevo PGOU e incluso se producía la entrega de planos, como refleja el sumario.

De este modo, ha explicado que a partir de toda la información recabada por los agentes de la brigada se elaboraban análisis en los que se correlacionaba el contenido de las conversaciones con los datos recabados en esos seguimientos, con los movimientos bancarios de las cuentas de los investigados, con los documentos hallados en los registros y con los datos obtenidos de "fuentes abiertas" como la página web del Ayuntamiento sobre la ordenación urbanística de la ciudad. 

Así, se ha referido a todos los aspectos recogidos en la investigación: desde la presunta intervención de los abogados del bufete Salvetti en la tramitación y resolución de alegaciones al PGOU, al supuesto interés de Ortiz por que se recalificase suelo del sector de Aguamarga o de Fontcalent, hasta su teórico "plan b" por el que trataba de adquirir suelo protegido con la intención de obtener compensaciones en suelo urbanizable, pasando por el viaje de Díaz Alperi a Creta que habría pagado Ortiz a través sus empresas, el regalo del vehículo Mini Cooper con el que se habría obsequiado a Castedo para que lo entregase a una persona de su confianza (Julia Castelló) o la entrega de diversas cantidades de dinero en metálico con las que, según la investigación, Ortiz habría cubierto la compra de las viviendas de los hijos del exalcalde. Según ha declarado, a esas conclusiones se llegaba tras observar la concatenación de hechos y por la coincidencia temporal en las que se producían.

Los abogados de las defensas, por su parte, han tratado de señalar lo que consideran "contradicciones" o falta de rigor a la hora de llegar a esas conclusiones, al cuestionarle sobre si tenía conocimiento sobre cómo se resolvían las alegaciones al PGOU; sobre sí se había contrastado las operaciones de compra de suelo en el registro de la propiedad; sobre por qué no solicitó información al Ayuntamiento sobre la tramitación urbanística del plan; o si sabía que las empresas de Ortiz ya eran agente urbanizador de sectores como el del APA 9 o el PAU 3; o por qué no se tomaron huellas dactilares de los investigados tras el hallazgo de huellas en los planos incautados en propiedades de Ortiz. 

También le han preguntado si tenía conocimiento de que el Juzgado de Instrucción número 6 de Alicante había archivado la investigación sobre el caso Rabasa y por qué se seguía solicitando la renovación de autorizaciones de los pinchazos al Juzgado de Orihuela. Al respecto, el responsable de la Udef ha señalado que se practicaron las investigaciones que figuran en los informes, y que si no se hicieron más averiguaciones fue porque no se consideró relevante o concluyente. También ha dicho que no tenía constancia de los autos judiciales porque "no se comunican a la Policía". Y respecto a las peticiones al Juzgado de Orihuela, ha señalado que se planteaban en el juzgado que tutelaba la investigación en ese momento, ya que las pesquisas se seguían sobre el PGOU y no sobre Rabasa.

También ha comparecido un inspector de la brigada de la Udef en Madrid que colaboró en la investigación en labores de apoyo "para dar congruencia a las interpretaciones alcanzadas y para liberar a los agentes de la brigada de Alicante de parte del trabajo administrativo, como la realización de las transcripciones de las conversaciones". 

En tercer lugar, también ha declarado el comisario jefe que ejercía como superior de la brigada de la Udef, Carlos Cantó. El comisario ha asegurado que a él le trasladaban los avances generales de la investigación con una periodicidad semanal y que, sobre todo, estaba al corriente de las operaciones de vigilancia y seguimiento puesto que tenían que acordarse con especial cuidado para que los agentes no fuesen advertidos por los investigados para no dar al traste con las pesquisas, o porque requerían de autorizaciones especiales, como el caso del seguimiento en el aeropuerto de Manises. A preguntas de las defensas, también ha negado que, a su juicio, se hubiese vulnerado ningún derecho fundamental de los investigados, por la condición de Díaz Alperi y de Sonia Castedo de diputados autonómicos, en la medida en que "inicialmente no se les estaba investigando a ellos, sino a Ortiz". Además, ha recalcado que todas las actuaciones eran conocidas por la Fiscalía y por el juzgado instructor por lo que contaban "con las autorizaciones pertinentes".

La sesión del juicio de este miércoles se ha iniciado con la declaración del exrepresentante de la asesoría jurídica de Viajes El Corte Inglés, quien ha corroborado que se emitió un duplicado de una factura solicitada por Sonia Castedo en relación a uno de los viajes realizados en Andorra. A preguntas del abogado de Esquerra Unida (EU), que ejerce la acusación popular, ha asegurado que ese documento acreditaba que la venta del viaje estaba pagada, que la exalcaldesa había disfrutado de ese servicio y que estaba pagada en efectivo. Con todo, ha dicho que él no podía saber quién lo había pagado. 

Igualmente, también ha prestado declaración el exarquitecto municipal que ejercía como jefe de Planeamiento hasta octubre de 2008, Manuel Beltrá. Su testimonio se ha centrado en el proyecto presentado por la sociedad Aligestión para promover la remodelación del estadio José Rico Pérez. En esta línea, ha corroborado que él emitió un informe en el que se planteaba que debía desestimarse la solicitud de inicio de procedimiento para presentar un Programa de Actuación Integrada" que abarcaba el estadio y sus aledaños al considerar que se trataba de una actuación de tal calado que debía considerarse desde una perspectiva general, en el procedimiento de revisión del PGOU en ese momento en curso. 

Sobre el trabajo elaborado por el primer arquitecto redactor del PGOU, Luis Cantallops, en diciembre de 2004, ha asegurado que él emitió un informe en el que consideraba que podía someterse a información pública para la presentación de alegaciones, pese a que tuviesen que introducirse correcciones normativas relacionadas con la nueva legislación urbanística aprobada por la Generalitat. Además, ha apuntado que el gabinete que retomó esos trabajos, de Jesús Quesada, se basó en la labor desarrollada por Cantallops puesto que no se elaboró ningún diagnóstico previo nuevo. 

Respecto a los criterios de Cantallops que no eran del agrado del equipo de Gobierno, Beltrá ha sostenido que él no podía conocer las discusiones que se producían al respecto, puesto que no estaba informado sobre ellas, pero ha señalado que sí había ciertas determinaciones que chocaban con las preferencias del equipo de Gobierno, como el hecho de que en el sector de La Condomina o de las Torres de la Huerta, se plantease una planificación "de baja densidad de viviendas". En esta línea, también ha apuntado que Cantallops planteaba varios sectores para el ámbito de la zona de Rabasa. 

Por último, a preguntas de las defensas, Cano ha asegurado que no recibió presiones ni influencias de ningún otro compañero funcionario ni de ningún miembro de la corporación.