Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. Como sigue habiendo vida más allá de Cataluña, un domingo más este billete trata sobre temas que interesan o deberían interesar a los valencianos. Por si a algún lector le ha despistado el título, este artículo no va sobre el concejal Giuseppe Grezzi, sino sobre el gran atasco que está ralentizando la recuperación de la construcción y por tanto de la economía, particularmente en la ciudad de València, aunque no es un caso aislado.
Cuando el otro día mostraba mi escepticismo sobre la delegación en los municipios, por parte de Marzà, de la construcción de colegios –bautizada con la edificante marca Edificant–, señalaba que la solución a la compleja maraña juridíco-administrativa y a la falta de medios en la Conselleria, causas alegadas del retraso en la erradicación de los barracones, no podía ser delegar el trabajo –trámite que comporta informes, plazos y supervisión adicionales– en administraciones que funcionan escasas de personal y con la misma maraña jurídico-administrativa y falta de prontitud que Educación.
Sobre el sector inmobiliario se derrumbó el estado del bienestar hace ya diez años y en el erial resultante quedaron vivos unos pocos promotores de toda la vida que tratan de aprovechar la débil recuperación de la demanda. Al despertar del sector han acudido también grandes fondos en busca de suelo a buen precio, a los que solo frena el citado atasco, el de los permisos, especialmente los municipales.
Es una queja unánime de los promotores. Sus proyectos tardan en el mejor de los casos ocho meses en conseguir la licencia de obras y, en el peor, varios años de visitas continuas al área de Urbanismo municipal. Cuando uno de ellos consigue una licencia, se juntan para celebrarlo.
No es solo que falte personal, después de jubilaciones no cubiertas porque la tasa de reposición fijada por el Gobierno apenas permite algunas contrataciones; es que la legislación estatal, autonómica y local que deben cumplir las promotoras –y los técnicos municipales– es densa, cambiante y en ocasiones contradictoria, de manera que los funcionarios van con pies de plomo porque la prevaricación administrativa está a la orden del día y entre firmar algo sobre lo que hay la más mínima duda y no hacerlo, prefieren despejar el balón con más papeleo.
Este tapón, por si alguien piensa que solo perjudica a los promotores y que les está bien empleado por ser causantes de la crisis, lastra el crecimiento de la economía valenciana. Retrasa las inversiones de las empresas, retrasa la creación de empleo, retrasa la recaudación de impuestos locales y autonómicos, aumenta los costes financieros de las promotoras y, por si esto fuera poco, aumenta los precios de los pisos porque esos costes financieros se cargan al precio final de la vivienda. Lo acabamos pagando todos.
Un ejemplo. El grupo Comatel, con varios proyectos hoteleros en València, acaba de acordar la compra por 5,8 millones de euros del edificio sede del PSPV en la calle Blanquerías para habilitarlo como hotel de lujo. Imaginemos lo que puede suponer para esta compañía, después de haber pagado un precio muy superior al inicialmente estimado, que los permisos se eternicen en la delegación que dirige el socialista Vicent Sarrià y codirige en la sombra Rafa Rubio… Vale, quizás no es el mejor ejemplo.
Si las empresas valencianas se desesperan por la pérdida de oportunidades que provoca la falta de agilidad de la administración, las que vienen de fuera en muchos casos se dan la vuelta y van por donde han venido al saber que la parcela que van a comprar tiene unos tiempos de retorno de la inversión que no cabe en sus esquemas. "No entienden los plazos de la administración española", explican en el sector. Desde alguna patronal nacional de promotores se plantean incluso mandar un requerimiento a la Comisión Europea para que estudie si la burocracia española choca con alguna disposición comunitaria.
En fin, que la burocracia local que tan bien conocen los promotores es la encargada por la Conselleria de Educación de aligerar la construcción de colegios. El Ayuntamiento de València no solo se ha sumado con entusiasmo al plan Edificant, sino que el concejal de Gobierno Interior, Sergi Campillo, ha descartado que las nuevas obras puedan colapsar los servicios municipales de Urbanismo. Lógicamente, no se puede colapsar lo que ya está colapsado.
"Las administraciones debemos generar ambientes con seguridad jurídica y unidad de mercado para animar a los que crean empleo, que son las empresas con sus inversiones", decía el otro día Ximo Puig ante más de 1.100 empresarios y directivos de las grandes empresas de alimentación y distribución de toda España. Y agilidad, le faltó decir.
El tsunami catalán hizo que la intervención de Puig en el 32º Congreso de Aecoc pasara inadvertida, cuando lo cierto es que posiblemente no tendrá otra ocasión igual para promocionar –y gratis– la Comunitat Valenciana como tierra de oportunidades.
Días después de que Idilia Foods, fabricante de Cola Cao y Nocilla, trasladase su sede de Cataluña a la Comunitat, Puig se dirigía a centenares de empresarios y directivos para ‘venderles’ una Comunitat Valenciana "abierta, tolerante, estable y con los deberes hechos", por si alguno lo está pensando.
En este sentido, el Consell no quiere parecer un ave carroñera sobrevolando Cataluña, pero tampoco era cuestión de dejar pasar la ocasión. El traslado de sedes de las empresas industriales puede resultar mucho más beneficioso que el de Caixabank o Sabadell, tan celebrados, porque estas tienen oficinas pero aquellas abren de vez en cuando plantas industriales y a lo mejor la próxima deciden abrirla junto a su nueva sede social.
