VALÈNCIA. La difícil coexistencia entre el sector controlado por Verds-Equo y la consellera Elena Cebrián en el seno de la Conselleria de Medio Ambiente se complica a cuenta de Vaersa. El futuro de la empresa pública instrumental adscrita a la Conselleria ha sido el último elemento en sumarse a la lista de asuntos que han generado discrepancias, como la agricultura ecológica o el plan de envases retornables SDDR.
La sociedad Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos (Vaersa) es una compañía que tiene a la Generalitat como único accionista y a la que Medio Ambiente encarga diversas tareas de tipo técnico según sus necesidades, desde la gestión de residuos hasta las brigadas forestales, entre otras. Se trata en muchos casos de encomiendas que, por su carácter cíclico, deberían ser prestadas por personal propio de la administración autonómica si tuviera los recursos suficientes para hacerlo.
Año tras año, la Intervención de la Generalitat alerta en sus informes de cumplimiento de deficiencias en materia de contratación y relacionadas con la plantilla de Vaersa, con "incumplimientos legales continuos" que urge resolver. Las últimas auditorías recomiendan a la empresa que establezca procedimientos de contratación de personal laboral temporal "contando con la autorización previa de las encomiendas de gestión", así como que analice "la figura jurídica más recomendable para poder ejecutar legalmente sus actividades ordinarias".
Por todo ello, Vaersa es una de las sociedades del sector público instrumental de la Generalitat que están sí o sí abocadas a ser reclasificadas en el futuro mapa de empresas públicas en el que trabaja la Conselleria de Hacienda para acabar con esos problemas. No obstante, la urgencia de la empresa por resolver la precariedad laboral que sufren muchos de sus trabajadores choca con los ritmos de Hacienda a la hora de fijar las figuras jurídicas en las que deberán encajar las empresas públicas en el futuro.
Esto ha hecho aflorar de nuevo las tensiones latentes entre las dos sensibilidades que conviven en el seno de la Conselleria. Por un lado, la que encarna la consellera Elena Cebrián, que llegó al Consell como independiente y que fue aupada por Compromís a lo más alto de Medio Ambiente. Y, por otro, la corriente de Verds-Equo encabezada por su número dos, Julià Álvaro, con quienes la consellera mantiene diferencias de enfoque en determinados asuntos cuando no visiones totalmente contrarias.
El asunto colea desde hace meses. En su reunión del 29 de septiembre del año pasado, el consejo de Vaersa aprobó por unanimidad proponer su transformación en una entidad de derecho público empresarial (EDP) porque sería "una muy buena solución para toda la problemática que Vaersa entraña dada su naturaleza jurídica de sociedad mercantil pública". Ello, además, sin perjuicio de que pudiera tener en su plantilla funcionarios adscritos. La medida se acordó a raíz de un "documento de trabajo" que argumentaba esa transformación.
Según consta en el acta a la que ha tenido acceso este periódico, el consejo decidió trasladar este cuestión a la Conselleria de Medio Ambiente para que, desde allí, "se traslade a instancias superiores". Se da la circunstancia de que Elena Cebrián es a su vez presidenta del consejo de administración de Vaersa, pero no acudió a este reunión.
El acuerdo contó con el respaldo de todos los vocales presentes, incluido el secretario autonómico de Agricultura, Francisco Rodríguez Mulero. Según el acta, se barajó incluso la posibilidad de que el articulado para la extinción de la actual Vaersa y su transformación en entidad de derecho público empresarial se incluyera en la Ley de Acompañamiento a los presupuesto de la Generalitat de 2017.
"Tras conversaciones con personal perteneciente a la Conselleria de Hacienda, finalmente se ha considerado más conveniente que se incluya, en su caso, en la futura norma reguladora del Sector Público que está en fase de elaboración avanzada", reza el acta.
Consultadas al respecto, fuentes del entorno de la consellera Cebrián confirman que la propuesta se trasladó a la Conselleria de Hacienda, pero quedó aparcada a la espera de que culmine la reforma del sector público, donde se planteará la clasificación definitiva del sector instrumental. Por ello, se considera prematuro avanzar cuál ha de ser la fórmula jurídica de Vaersa.
Las mismas fuentes mantienen que el análisis interno sobre la situación de Vaersa y la conveniencia de su transformación en EDP servirá de base cuando Sector Público defina las figuras en las que se estructurarán las sociedades. No obstante, el sector crítico con la consellera recela de que exista una verdadera determinación de impulsar la transformación de Vaersa en EDP.
Al margen de que la transformación en el sentido que aspira Vaersa traería estabilidad a sus empleados, la reclasificación jurídica de la empresa no es baladí porque también tendría efectos en materia de contratación, ya que reduciría su margen para encargar trabajos a otras sociedades.
En este punto, cabe recordar que la Fiscalía Provincial de Valencia investiga a la consellera de Agricultura y Medio Ambiente por los presuntos delitos de prevaricación, malversación y delito fiscal por encomiendas de gestión suscritas de forma directa por la Conselleria con la empresa Tragsa –dependiente del Ministerio de Medio Ambiente–, en detrimento de Vaersa. La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada por el sindicato USOCV.
En una entrevista con Valencia Plaza, la consellera argumentó al respecto que tanto Tragsa –de la que la Generalitat posee una acción– como Vaersa son medio propio de la Generalitat, de modo que la relación es instrumental, no contractual como cuando se trata de licitaciones. Por ello, defendió que existen razones que permiten que la administración "encomiende o continúe encomendando a Tragsa sin perjuicio de que esas labores las pudiera también hacer Vaersa".
Tal y como informó este diario, la relación entre la consellera Cebrían y Verds-Equo ha mutado en los últimos meses hasta una situación de permanente desconfianza. Aparte de las diferencias de criterios en algunos asuntos esenciales como Vaersa u otras cuestiones del programa de los ecologistas, la crisis se empezó a visibilizar con los cambios en el equipo que hizo la titular de Agricultura meses atrás en los que prescindió de dos colaboradores propuestos por Verds-Equo. Una operación que contó con el visto bueno de la propia Mónica Oltra y que causó estupor en la citada formación, que cabe recordar, es una de las tres patas de Compromís.
En esta línea, recientemente algunos miembros de la Ejecutiva desacreditaron internamente a la consellera al deslizar en una entrevista a Valencia Plaza que se sentía "respaldada" por Verds-Equo y que había abordado distintos asuntos con el partido. Una afirmación que causó malestar en la citada formación, tal y como expresaron dentro del grupo de la dirección, donde algunos miembros aseguraron que no habían tenido ningún contacto con Cebrián desde enero.