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el ex concejal de urbanismo y su hermano también será juzgados

El fiscal pide una multa de 1,6 millones para el ex alcalde de Orxeta por recalificar suelo en su beneficio

7/04/2019 - 

ORXETA (EFE). Un jurado popular juzgará a partir del próximo martes en la Audiencia Provincial de Alicante al exalcalde socialista de Orxeta (Marina Baixa), el socialista Vicente Llinares, por la recalificación de unos terrenos municipales.

Del mismo modo, se juzgará también al exconcejal de Urbanismo José Olcina Llorca y a su hermano, Vicente Olcina Llorca, como supuestos responsables de los delitos de negociación prohibida a funcionarios públicos y tráfico de influencias.

La Fiscalía les acusa de haberse concertado para promover acuerdos desde el ayuntamiento con los que se recalificarían terrenos municipales de carácter rústico que ellos habían vendido a dos empresas promotoras con carácter previo, con la expectativa de que iban a cambiar su regulación urbanística para permitir que se construyesen viviendas.

En su escrito de calificación inicial, el ministerio público pide para el exprimer edil, ahora apartado de la política, una pena de 10 meses de prisión y una multa de 1.697.859,19 euros como presunto responsable de un delito de tráfico de influencias, además de una segunda multa de 5.400 euros por el supuesto delito de negociaciones prohibidas.
Para el exconcejal de Urbanismo y para su hermano, José y Vicente Olcina, solicita igualmente 10 meses de prisión y multa de 600.000 euros para cada uno por tráfico de influencias. En el caso del expolítico, José, también pide otra sanción de 5.400 euros más por el delito de negociaciones prohibidas.

Según el relato del fiscal, los hechos se produjeron entre 2003 y 2007, los años en los que los tres procesados formalizaron las operaciones de compra-venta de fincas y en los que adoptaron diversos acuerdos municipales tendentes a cambiar la calificación de esos suelos.

Así, el acusador público subraya que, en 2003, Vicente Olcina, el hermano del concejal de Urbanismo, compró junto a otras personas una finca rústica a dos particulares por 564.950 euros "a sabiendas de que iba a ser recalificada en breve plazo multiplicando su valor". Ocho meses después, ya en 2004, esos terrenos se vendieron a una constructora por 2.614.453 euros a través de un contrato en el que el precio final quedaba supeditado a que "efectivamente los terrenos fuesen recalificados".

 A partir de ahí, "se iniciaron por el Ayuntamiento, con el impulso y los votos del alcalde y el concejal de Urbanismo, una serie de actuaciones que tendían a dicho fin".

En paralelo, el exalcalde también concertó un contrato de opción de compra con otra constructora sobre una finca rústica propiedad de su madre. El precio final estipulado era de 1.697.859,19 euros, del que se llegó a abonar una décima parte en el momento de la firma.

Después, entre 2004 y 2007, el ayuntamiento de Orxeta promovió varios acuerdos urbanísticos con dichas constructoras para el desarrollo de un Programa de Actuación Integrada (PAI) denominado SUR-5, con una superficie de 1,5 millones de metros cuadrados que iban a adquirir la condición de edificables. En ese plan urbanístico se incluían las dos fincas vendidas previamente por los tres procesados.

En 2007, "con los votos favorables, entre otros, del alcalde Vicente Llinares y José Olcina se aprobó provisionalmente el Plan General de Ordenación Urbana de Orxeta, en el que se recogían las previsiones de recalificación del Plan de Actuación Integrada denominado SUR-5", relata el fiscal. El desarrollo del juicio está señalado en tres sesiones, entre el próximo martes y el jueves 11 de abril.  

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