El fiscal pide dos años de cárcel para inscritos de Podemos por el pucherazo en las primarias de ValC

VALÈNCIA. Dos años de cárcel y 3.000 euros de multa para cada uno de los acusados. Esta es la pena que pide el fiscal para los cinco presuntos autores del intento de pucherazo de València en Comú –plataforma ciudadana que cuenta con tres concejales en el Ayuntamiento de València– en el que se debía elegir a una nueva Ejecutiva en septiembre de 2016. Un proceso de votación telemático en el que se suplantaron 83 identidades, se utilizaron números de teléfono falsos procedentes del mercado negro ruso, se falsificaron facturas y se crearon correos falsos; y todo para, según el escrito del fiscal, "favorecer el resultado de la votación a favor de Vicente Germán Polo y Judith Lilian Saldivia".

La historia bien podría ser el guión de una serie de Netflix, pero de momento queda en el perímetro de la realidad y de las efemérides de la doliente plataforma en la que se integran representantes de Podemos, Izquierda Unida y organizaciones sociales. El intento de manipulación del censo de València en Comú para aquel proceso de primarias fue llevado a los tribunales y, ahora, casi dos años después, el fiscal señala a cinco personas como los ejecutores del delito penal: Daniel Martínez Causera, María Laura Pagani, Marcelo Arcolía Barrios, Christian Arcolía Pagani y Miguel Jiménez Cordón.

Al menos dos de estos acusados fueron inscritos de Podemos hasta que sucedieron los hechos. No en vano, la dirección del partido morado en la ciudad de València convocó una junta extraordinaria para analizar lo ocurrido al haber, presuntamente, inscritos de la formación implicados en la causa. Jiménez, por ejemplo, fue candidato al Consejo Ciudadano Municipal –ejecutiva de Podemos en la capital del Túria– dentro de la candidatura Sí Que Podem que encabezó el actual concejal Berto Jaramillo en las primarias de 2014, tal y como detalla el acta de aquella reunión extraordinaria. Jaramillo también se presenta actualmente a las primarias a secretario general de Podem València que se celebrarán entre el 11 y 18 de junio. 

Arcolía, por su parte, según figura en el acta de ValC el día en el que Neus Fábregas -exasesora de Jaramillo y actualmente concejal en el Ayuntamiento de València- describe cómo el edil quiere destituirla, ejerce de intermediario para que Fábregas y el también diputado provincial se comuniquen. "Los días se hacen muy duros. Nuestros despachos están juntos y son translúcidos así que puedo ver si está o no está. Pero no me saluda, no me dice nada, incluso manda a Marcelo Arcolía que esos días está en su despacho para que me pregunte unas cosas", describía el 27 de julio de 2016 la asesora. 

¿Qué sucedió?

En 2016, ValC debía elegir a la Coordinadora de la plataforma –ejecutiva en la jerga de esta confluencia de partidos y movimientos de la sociedad civil–. También tenía que renovar otro de sus órganos: la Comisión de Derechos y Garantías, pero esta se votaría de forma presencial.

Los interesados en participar en el proceso de la Coordinadora contaban con un plazo de 40 días para inscribirse a través del programa Demokratian para poder ejercer su derecho a sufragio de manera telemática. Para hacerlo, debían introducir su nombre, una dirección de correo electrónico y adjuntar un documento que acreditara que la persona vivía, estudiaba o trabajaba en València. Una vez realizado el registro, se le facilitaba al futuro votante un código al correo electrónico que había suministrado para que lo empleara como justificante de afiliación y así poder votar el día 8 de septiembre.

A pesar de contar con todo este margen de tiempo, el penúltimo día para darse de alta, el informático de València en Comú comenzó a recibir un aluvión de inscripciones con una cadencia temporal de un minuto; hasta 83 se llegaron a contabilizar. Todas ellas, además, tenían un denominador común: aportaban para formalizar el alta facturas de Vodafone o Gas Natural, pero ninguna aportaba un DNI. 

Una coincidencia que activó las alarmas. El informático comenzó a abrir las facturas con Photoshop y corroboró que las zonas donde figuraban los datos personales habían sido alteradas, pues había dos tipos de blanco en el documento y el contraste de la superposición de ambas tonalidades no era en absoluto discreto.

Para confirmar que se estaba realizando un fraude electoral y se estaban suplantando identidades, comenzó a llamar a los teléfonos que figuraban en las facturas. En ninguno de ellos obtuvo respuesta: eran paquetes de números virtuales "procedentes del mercado negro, en mayor medida de Rusia", detalló el entonces informático a Valencia Plaza. 

'Modus operandi'

Los acusados habrían utilizado nombres reales, pero correos electrónicos falsos y facturas falsificadas para poder validar las inscripciones. Según consta en el escrito del fiscal, los acusados obtuvieron los nombres de las personas suplantadas de un listado de aspirantes "a una bolsa de trabajo del Servicio Andaluz de Salud todas ellas residentes en Andalucía".

"Previamente, dieron de alta cuentas de correo electrónico el acusado Daniel Martínez desde su ordenador de la empresa Realdis de la Serranía", en la que trabajaba con una IP, "y los acusados María Laura Pagani, Marcelo Arcolía y Christian Arcolía desde el ordenador de su domicilio". "Una vez obtenidas las cuentas de correo electrónico procedieron a manipular las facturas haciendo constar en ellas las identidades del listado de residentes en la comunidad autónoma andaluza", añade el escrito.

"El 7 de septiembre de 2016 el acusado Miguel Jiménez, informático de profesión, desde el ordenador de la asociación cívica El Ventanal procedió a registrar 83 votantes ficticios con las facturas manipuladas y las cuentas de correo electrónico creadas ad hoc", concluye el texto del fiscal, que les acusa de un "delito continuado de falsedad en el documento mercantil" del artículo 392 del Código Penal.

Este artículo estable que quien altere un documento en alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial "será castigado con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses".

La votación presencial que se realizó ese mismo día, según consta en el acta de la reunión extraordinaria de Podemos en la que se analiza la situación de València en Comú, no alcanzó "el porcentaje mínimo exigido" según los reglamentos de la plataforma y, añade, "en base a eso se repiten las votaciones". En estas, "también se detectaron irregularidades, 226 personas presentes y 273 votos en urna". La causa que investiga el juzgado número 17 de València se encuentra a la espera de la apertura de juicio oral.