El edil de Limpieza, el 'popular' Manuel Villar, en un pleno, en imagen de archivo. Foto: PEPE OLIVARESALICANTE. La limpieza viaria y el problema del ruido han protagonizado parte del debate político en el pleno del Ayuntamiento de Alicante a instancias de dos preguntas formuladas por el grupo municipal socialista en el ejercicio de su labor de fiscalización del equipo de Gobierno. No obstante, lo cierto es que, como mínimo, por lo que respecta a la prestación del servicio de limpieza, el bipartito ha replicado con la falta de actuación desplegada durante el pasado mandato, iniciado con un equipo de Gobierno presidido por el PSPV-PSOE.
En concreto, el edil de Limpieza, el popular Manuel Villar, ha incidido en la labor de control ejercida sobre la contrata de limpieza y retirada de residuos, en manos de una UTE compuesta por FCC, Ferrovial, Inusa y Grupo Cívica, durante la etapa de Gobierno de PP y Cs. Así, en respuesta a la pregunta formulada por el edil socialista Raúl Ruiz, Villar ha respondido que en los cinco meses transcurridos desde el pasado mes de junio "se han aplicado hasta cuatro sanciones o propuestas de minoración" en las certificaciones de pago mensual por la prestación del servicio por un importe que asciende a 154.000 euros.
Esa actuación, según Villar, contrasta con la nula actividad de control que, a su juicio, se habría desplegado a lo largo del mandato precedente, bajo la gestión del tripartito que conformaban PSOE, Guanyar y Compromís, inicialmente, al que luego sucedió un gobierno en solitario formado por el PSOE y, después, otro compuesto por el PP. Así, el edil de Limpieza ha sostenido que a lo largo de toda esa etapa no se adoptó ninguna medida similar. Además, ha incidido en que la calidad de la prestación sigue mejorando, frente a las críticas de Ruiz sobre la situación de suciedad que, en su opinión sigue ofreciendo la escena urbana de la ciudad, y ha reprochado al edil socialista que volviese a plantear una pregunta en el pleno a la que ya se le había respondido por escrito.
Con todo, Villar no se ha referido al aviso formulado por Ruiz respecto al posible retraso en la elaboración del Plan Local de Residuos como paso previo a la licitación de la nueva contrata de limpieza, tras la interposición de un recurso contra el pliego para la contratación de un estudio previo a la redacción de dicho Plan Local de Residuos.
A modo de réplica posterior, el grupo socialista ha expresado su sorpresa "por la actitud desafiante del concejal de Limpieza, Manuel Villar, ante la crítica formulada por el concejal socialista Raúl Ruiz, quien ha acusado al PP de ser esclavos de un pliego precario del que son responsables desde 2013". En esta línea, fuentes del grupo municipal han apuntado, a través de un comunicado, que "aparentar que se está endureciendo la fiscalización del contrato, es una tomadura de pelo a los alicantinos".
"Lo que hoy el señor Villar ha definido como sanciones en sesión plenaria, no es otra cosa que minoraciones en las certificaciones mensuales del contrato por trabajos que no ha realizado la UTE pese a estar contemplados en el pliego", han añadido. "Es decir, hemos dejado de pagar 150.000 euros este año por trabajos que la UTE ha decidido no hacer unilateralmente, sin que la Concejalía de Limpieza haya tomado más medidas que no pagar por aquello que no recibe. Ese es el trabajo de vigilancia y sanción del PP con el servicio público de Limpieza", han concluido.
Por su parte, el portavoz del grupo municipal socialista, Paco Sanguino, ha introducido en el debate plenario el problema del ruido asociado a la actividad de la hostelería y el ocio, tras hacer alusión a la sentencia del Juzgado de lo Contencioso número 4 que condena al Ayuntamiento a acordar la declaración de Zona Acústica Saturada (ZAS) en las calles del Centro Tradicional del entorno de Castaños. En concreto, Sanguino ha cuestionado al equipo de Gobierno (PP y Ciudadanos), sobre cuándo se pretendía convocar la mesa del ruido "paralizada desde hace meses", tras advertir sobre las consecuencias (incluso económicas) del problema de la contaminación acústica y reclamar una solución que favorezca la conciliación de la actividad hostelera con el descanso vecinal.
El edil de Urbanismo, Adrián Santos Pérez (Cs), ha replicado que el bipartito está trabajando para solucionar el problema de convivencia en el centro mediante la aplicación de las primeras medidas que "ya están en marcha" como la suspensión de licencias para nuevos locales, aprobada en la modificación del Plan Especial del Centro Tradicional en agosto de 2018. Además, según Santos Pérez, la ordenanza del ruido "se está trabajando junto a la ordenanza de veladores puesto que tienen que ir juntas".
Así, en respuesta a la pregunta concreta, Santos Pérez ha precisado que la mesa del ruido se convocará cuando se complete la revisión de la ordenanza del ruido, "a la mayor brevedad posible para abordar las cuestiones que resulten pertinentes".
La edil de Unides Podem EU, Vanessa Romero, ha cuestionado al bipartito sobre los trámites para la modificación del Plan General, con el propósito de introducir distancias entre los salones de juego y los colegios. De nuevo el edil de Urbanismo, Santos Pérez, ha señalado que los técnicos estaban esperando a que se aprobase la legislación autonómica al respecto para no incurrir en contradicciones sobre esas distancias.
El edil de Compromís, Rafa Mas, por su parte, ha emplazado a la Concejalía de Acción Social a adoptar medidas para evitar la interrupción de los contratos de varios técnicos de la concejalía, sufragados mediante una subvención de la Generalitat. La edil del área, Julia Llopis (PP), ha replicado que se trata de una situación que se viene reproduciendo desde hace tres años y que se trataba de buscar una solución.
