Foto: KIKE TABERNERCASTELLÓ (EFE/Jordi Ferrer). El mastodonte de la Administración de Justicia caminará más ágil tras la pandemia. No correrá, porque quizá le es imposible por naturaleza, ni siquiera trotará, pero la crisis del coronavirus abre, a la fuerza, una senda de modernización en este sector cuyos cambios se empiezan a notar.
En esto coinciden algunos de los principales actores de la Administración, aquellos que dedican muchos años de sus vidas a surcar la eterna burocracia jurídica.
“La Comunitat Valenciana es la que más juicios telemáticos ha celebrado de toda España en los últimos ocho meses” (de junio de 2020 a febrero de 2021), explica a EFE la consellera de Justicia, Gabriela Bravo.
Se han celebrado de manera no presencial un total de 8.525 vistas, que suponen un total de 750 horas grabadas y almacenadas en la nube, y también se han realizado más de 15.000 trámites judiciales de forma telemática.
Se estima que en estos ocho meses se han evitado más de 66.000 desplazamientos de personas u operadores jurídicos a los juzgados (una media de 160 diarios), muchos de ellos para declaraciones, testificales y reconocimientos, y para hacerlo posible se han escaneado más de 24.000 documentos.
“Cada mes, los juzgados valencianos consumen 5,5 millones de folios, que, puestos uno encima del otro, conformarían una torre del tamaño del Montgó (753 metros), con lo que, hasta ahora, esa torre ha disminuido en 188 metros”, detalla la consellera.
“Ese cambio era necesario. Tener que acudir al juzgado de forma presencial para retirar la documentación era un atraso. Eso ha venido para quedarse, igual que las audiencias previas telemáticas en el orden Civil, la ratificación de divorcios de mutuo acuerdo o las conciliaciones en el Laboral”, explica la vicedecana del Colegio de Abogados, Ángela Coquillat.
Y metidos en comparaciones visuales, otra de calado. La nube del sistema judicial valenciano tiene una capacidad de 310 terabytes de memoria, lo cual le permitirá almacenar hasta 1,7 millones de vídeos o, lo que es lo mismo, casi el doble que lo que contiene el catálogo entero de Netflix España (unas 74.000 horas).
El incremento de los actos procesales telemáticos se ha de lograr, como destaca el juez decano, César Calvé, respetando las garantías procesales, lo que exige, “además de los medios tecnológicos necesarios, conexiones compatibles con juzgados de otras comunidades, centros penitenciarios y dependencias policiales”.
“Es preciso, también, contar con personal que pueda dar una respuesta rápida ante las incidencias técnicas que puedan surgir”, pues las demoras o los problemas de conexión pueden provocar que los profesionales desistan de esta vía telemática.
Y es que la pandemia ha servido para evidenciar “la falta crónica de medios técnicos y materiales en la Administración de Justicia”, lamenta Luis García, portavoz del sindicato STAJ.
Pese a los citados esfuerzos inversores, “el expediente digital sigue sin ser una realidad, y depende más de la voluntad del funcionario que de los medios. Los avances han sido mínimos”, añade.
A lo largo de este año está prevista una inversión de 5,5 millones de euros para avanzar en el expediente digital y en la instalación del conocido como sistema AUREA, “que permite grabar todos los juicios, los almacena en la nube y cuenta con un motor de búsqueda de vistas, pruebas y diligencias. También permite la transcripción a texto de los audios en los dos idiomas oficiales de la Comunitat y la celebración de televistas”, explica la consellera Bravo.
AUREA, que estará plenamente operativo en las 490 salas de vistas de la Comunitat a finales de abril, puede almacenar más de medio millón de horas de vídeo y audio, “el equivalente a 333.333 copias de 'El verdugo' de Berlanga en alta definición”, añade.
Otro de los sistemas cuyo uso se ha intensificado es el conocido como Cisco-Webex, que era ya de uso habitual en el reconocimiento de incapaces por parte de los médicos forenses.
El principal cambio, detalla Luis García, es que “ahora existe la posibilidad de conexión entre un Juzgado y cualquier otro dispositivo, con lo que se evitan muchos desplazamientos”.
Quizá la asignatura pendiente en esta materia sea la imposibilidad de los abogados de tener contacto telemático con sus clientes en las comisarías y los juzgados de guardia: como explica Coquillat, “que el abogado no esté al lado de su cliente merma mucho las garantías del detenido, hablar con él, observarle, ver incluso si está bebido o si ha podido ser coaccionado; eso es básico para un abogado”.
La principal sede judicial de la Comunitat, la ciudad de la Justicia de València, se ha dotado de cientos de mamparas, se han establecido itinerarios y se ha intensificado el uso de las citas previas, medidas todas ellas que previsiblemente trascenderán a la pandemia.
Además, se han adecuado varias dependencias para la declaración y legalización de detenidos -ante el juez- por videoconferencia, se ha ampliado la capacidad de las salas multiusos mediante su unión (cuya reversión futura dependerá de las necesidades de los Juzgados) y se han mejorado las condiciones de la sala de ruedas de reconocimiento, según se recuerda desde el Decanato de los jueces.
Durante la pandemia se han aplicado otras medidas de menor trascendencia, como la exención del uso de las togas en los juicios, que será reversible, según señalan la mayoría de fuentes consultadas, porque “es algo que gusta” a los letrados.
“Quizá agrada porque nos equipara visualmente con el juez y el fiscal, que tienen su propia toga -los abogados suelen usar las comunes, que proporciona el colegio-. Quizá lo que acabe, a la larga, será lo de usar togas comunes, es decir, el servicio que presta el colegio, que no parece lo más adecuado”, reflexiona Ángela Coquillat.
Como en otros ámbitos, el presupuesto y la implicación del personal marcarán previsiblemente el devenir de todos estos cambios en la Administración de Justicia, pero nadie duda de que la rueda ha empezado a girar.
