VALÈNCIA. La investigación de las presuntas mordidas en el trazado de la Fórmula 1 que investiga el Juzgado de Instrucción número 17 de València, y que mantiene como investigados al expresidente de la Generalitat, Francisco Camps; al exvicepresidente, Vicente Rambla y al exconseller de Infraestructuras, Mario Flores entre otros, no deja de arrojar nefastas sorpresas para los valencianos.
En el sumario consta un informe encargado por la Generalitat a la Conselleria de Infraestructuras presentado en diciembre de 2006, que según las fuentes consultadas por este periódico es atribuible al entonces secretario autonómico, Victoriano Sánchez-Barcaiztegui. En el citado informe se especifica que el coste previsto de la construcción del trazado era de 53.407.489 euros. Sin embargo, el coste real del mismo fue de 98,1 millones, lo que supone un 83,67 por ciento más de lo previsto.
Las fuentes de la investigación consultadas por Valencia Plaza explicaron que informes como este serían los que demostrarían el 'chanchullo' que supuso todo lo relacionado con la F1. Hay que recordar que cuando se tomó la decisión de llevar adelante la F1, el entonces número dos del PPCV, el exsecretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, y miembros del Consell preguntados anunciaron a bombo y platillo que la Fórmula 1 no costaría un euro del bolsillo de los valencianos, ya que el coste del trazado lo pagarían promotores inmobiliarios del Grao, cosa que no ha ocurrido.
Las mismas fuentes también indicaron que una de las líneas a investigar es cómo se negociaron los contratos para terminar asumiendo unos sobrecostes que casi suponían un 84 por ciento más de lo previsto por la propia Conselleria.
De este tema, de los planos del circuito, es de una de las materias de las que se espera que declare en profundidad uno de los cabecillas de la trama Gürtel, Álvaro Pérez, El Bigotes, que deberá prestar declaración como testigo el próximo día 15 de noviembre a las cinco de la tarde. Pérez siempre ha dicho que le pusieron los planos del circuito en las manos mucho antes de que los contratos salieran a concurso, pero siempre se ha negado a decir quién o quiénes fueron las personas que le pasaron esa información privilegiada.
El informe realizado por la conselleria dividió los costes de construcción del trazado en nueve partes diferentes: Movimientos de tierras (1,3 millones), Firmes (1,4 millones), drenaje (1,4 millones), señalización, balizamiento y defensas (2,9 millones), estructuras (28, 2 millones), afecciones y reposición (1,58 millones), alumbrado (234.822 euros), varios (100.000 euros) y seguridad y salud (557.711 euros), lo que suponía un total con IVA de 53,4 millones de euros, una cifra muy alejada de los 98,1 que finalmente costó al erario. Dentro de estos ítems, el más caro era el de las estructuras porque incluía la construcción del puente móvil que estaba previsto en 26 millones de euros.
Llama la atención es que, finalmente, el puente que se utilizó no se tuvo que construir sino que se trasladó el diseñado por el ingeniero Julio Martínez Calzón, y que se había inaugurado en el año 2002 como primer hito del balcón al mar, pero que había quedado en desuso con motivo de la celebración de la Copa América. Este puente costó de construir 11 millones.
Sin embargo, ese dinero no se computó dentro del coste del trazado porque ya había sido abonado y, por tanto, el coste total de traslado y reubicación fue de 6,2 millones por la reconversión en fijo más otros 11 por el cambio de ubicación, lo que arrojó un coste final de 17,2 millones, es decir, nueve millones menos de lo previsto por el informe de la Conselleria. La pregunta que se hacen los investigadores es que si se ahorraron nueve millones de euros de la parte más cara del trazado cómo es posible que la obra terminara costando 45 millones de euros más de lo previsto.
De hecho, estos sobrecostes recuerdan, y mucho, a otro tema relacionado con el PPCV y bajo investigación judicial, los sobrecostes en las obras de los colegios construidos por la empresa pública Ciegsa. Sobre este tema, tal y como avanzó Valencia Plaza, el primer informe incluido dentro del sumario del caso Taula explica que el IES el Cabanyal terminó costando un 38 por ciento más de lo que se firmó por contrato.