Los ediles socialistas, Paco Sanguino, Trini Amorós y Miguel Millana, en un pleno. Foto: PEPE OLIVARESALICANTE. El pleno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado la quinta actualización de la ordenanza de licencias urbanísticas en la que se incluye la introducción del procedimiento de tramitación exprés para las inversiones que merezcan la consideración de prioritarias. Se trata de aquellas propuestas empresariales que conlleven una inversión superior a los 600.000 euros, que generen al menos diez puestos de trabajo fijos y que impulsen proyectos enmarcados en la innovación, la recuperación del patrimonio o la sostenibilidad, en la línea que ya prevé la Ley de Aceleración de Proyectos Prioritarios aprobada por la Generalitat.
La ordenanza también introduce la necesidad de que cualquier promoción urbanística certifique el recurso de un gestor autorizado para la retirada de escombros, con el fin de evitar su vertido incontrolado. Y, por último, también recoge la obligación de que las nuevas promociones de viviendas incorporen puntos de recarga para vehículos eléctricos.
La propuesta no ha contado con la unanimidad que podría esperarse. Ha prosperado con los votos del equipo de Gobierno (PP y Cs) y del PSOE: un total de 25 concejales. Por su parte, Compromís y Vox se han abstenido, mientras que Unides Podem ha votado en contra.
El edil de Urbanismo, Adrián Santos Pérez (Cs), ha explicado que la propuesta incorpora las últimas novedades normativas, así como el procedimiento de tramitación anticipada para esas inversiones prioritarias, como establece la ley valenciana. Además, ha subrayado la importancia de evitar la generación de escombreras ilegales a través de ese requisito de que las promotoras cuenten con gestores autorizados para eliminar esos residuos.
En el turno de debate, el portavoz de Vox, Mario Ortolá, ha reprochado que la modificación no se haya utilizado para simplificar los trámites administrativos. Su homólogo de Compromís, Natxo Bellido, ha lamentado que se pueda utilizar esta modificación para "colar" propuestas que puedan generar contestación social, como la impulsada por el grupo Baraka sobre el edificio del antiguo Cine Ideal, que ya ha recabado el informe favorable de la Agencia Local de Desarrollo para ser considerada como proyecto de inversión prioritaria (aunque su petición de licencia todavía continúa en estudio).
El portavoz de Unides Podem, Xavier López, también ha lamentado que no se tuviese en cuenta las aportaciones presentadas por su grupo, entre las que incluyó la posibilidad de que se estableciese un plazo de al menos cinco días de exposición al público de los proyectos que puedan considerarse prioritarios. Además, también se ha referido a la propuesta sobre el edificio del Cine Ideal y ha cuestionado directamente al PSOE sobre el acuerdo alcanzado con el edil de Urbanismo sobre el impulso al catálogo de protecciones para conocer si los nueve ediles socialistas van a secundar ese catálogo sin reclamar la protección del inmueble de la avenida de la Constitución.
EL DEBATE SOBRE LA ORDENANZA DE LICENCIAS SE REDIRIGE EN CRUCE DE REPROCHES SOBRE LA PROTECCIÓN DEL CINE IDEAL Y EL ACUERDO SOBRE EL CATÁLOGO ENTRE PSOE Y CS
La edil socialista Trini Amorós ha señalado que la ordenanza es positiva y ha insistido en que el acuerdo sobre el catálogo alcanzado con el edil de Urbanismo no impide que el PSOE haya presentado alegaciones para reclamar la protección de su fachada, su volumetría y la conservación de su interior.
En la réplica, Santos Pérez ha incidido que el debate se plantea sobre la ordenanza de concesión de licencias, que es una trasposición de lo que prevé la legislación valenciana aprobada por el Consell del Botànic. Además, a colación sobre las intervenciones relacionadas con la protección del cine Ideal, ha señalado que fue el anterior tripartito el que no pudo aprobar el catálogo de protecciones en 2017 por su imposibilidad de alcanzar consensos y ha señalado que tampoco fue capaz de introducir una mayor protección sobre el edificio.
El pleno también ha aprobado la ordenanza reguladora de las condiciones de circulación de los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) o patinetes eléctricos, después de cerca de un año de trámites de redacción, presentación de aportaciones y exposición pública, interrumpida por la suspensión de plazos acordada con la declaración del estado de alarma. La norma establece que los patinetes tendrán limitada su velocidad a 25 kilómetros hora, que podrán circular por las vías de un solo carril y sentido, carriles bici, pistas bici, sendas ciclable, calzadas zona 30, ciclo-calles y calles cuyo límite de velocidad sea 30 km/h. Además, se establece el uso obligatorio de casco y se recomienda la suscripción de un seguro de responsabilidad civil.
La propuesta ha contado con el respaldo de PP, Cs, PSOE y Vox, la abstención de Compromís y el voto en contra de Unides Podem. El portavoz de esta última formación, Xavier López, ha insistido en que se trata de una norma insuficiente que no consigue promover el uso del patinete eléctrico como alternativa de movilidad al no compatibilizarse con una ampliación de los carriles bici o de las vías habilitadas para su circulación.El concejal de Movilidad, José Ramón González, ha explicado que se trata de una ordenanza dinámica, abierta a futuras aportaciones, y que el objetivo es fomentar la movilidad sostenible en condiciones de seguridad. En esta línea, ha recordado que tras su aprobación definitiva, se aplicará una moratoria de 60 días para que la ciudadanía se adapte a sus determinaciones sin que la Policía Local aplique sanciones. La ordenanza concreta infracciones de carácter leve, con multas de hasta 100 euros; graves, que podrán sancionarse con multas de 101 a 200 euros, y las muy graves con multas de 201 a 500 euros.
El pleno también ha aprobado el reglamento de funcionamiento del Consejo de Participación Ciudadana de los servicios de valorización y eliminación de residuos. La propuesta ha contado con el respaldo del equipo de Gobierno (PP y Cs) y Vox, mientras que los 13 concejales de PSOE, Unides Podem y Compromís, se han abstenido. A la propuesta no se ha incorporado ninguna de las enmiendas presentadas por los grupos de la oposición, que han quedado desestimadas por PP, Cs y Vox. Los tres grupos del eje progresista han reprochado que el reglamento no incorpore a más colectivos vinculados con la protección del medio ambiente y la gestión de residuos, así como a determinadas asociaciones de vecinos que representan a los residentes de los entornos próximos al vertedero de Fontcalent.
El consejo tendrá como objeto establecer un canal de comunicación entre la sociedad alicantina y el Ayuntamiento para favorecer la participación de los diferentes agentes interesados en la planificación y gestión de los residuos urbanos, y más concretamente en lo relativo a la valoración y eliminación de los residuos domésticos, según han precisado fuentes municipales a través de un comunicado.
El concejal de Medio Ambiente, Manuel Villar (PP), ha defendido el punto señalando que el consejo "tendrá una función consultiva y asesora con participación de entidades y asociaciones de la ciudad de Alicante, con representación de la Junta de Distrito 5 en el que se encuentra la planta de tratamiento y el vertedero".
El grupo de trabajo integrará, como vocales, a representantes de las Juntas de Distrito, de la Cámara de Comercio, de la Universidad, de las asociaciones empresariales, de las organizaciones sin ánimo de lucro y de los colegios profesionales, entre otros entes.
Igualmente, el pleno ha aprobado por unanimidad solicitar a la Unión Europea, a través de los Fondos Feder, financiación para el 50% del coste de los proyectos de reurbanización de la Avenida de Xixona y la calle Sevilla. Estos dos proyectos, impulsados por el área de Urbanismo y apoyados por la concejalía de Coordinación de Proyectos, tienen un coste de 2.317.810 euros, en el caso de la Avenida de Xixona, y de 958.394 euros, en lo que hace referencia a la calle Sevilla, con el fin de sufragar la inversión por mitades iguales entre Europa y el Ayuntamiento.
Del mismo modo, el pleno también ha aprobado por unanimidad solicitar la inclusión en el Plan Planifica (Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios Municipales) de la Diputación Provincial de Alicante 2020-2023 de sendos proyectos de reurbanización de Canalejas y Ramón y Cajal y la reurbanización de la Avenida de Loring, Óscar Esplá y Eusebio Sempere, con una inversión de conjunto de 3.075.000 euros. De aprobarse esas peticiones, Alicante recibiría dentro de estas ayudas provinciales un total de 1.384.887 euros, el 45% de la inversión destinada a financiar estos proyectos, mientras que el 55% restante será aportación municipal.
En el turno de mociones, se ha rechazado la presentada por el PSOE para crear una comisión encargada de elaborar un plan de rescate de la juventud. La propuesta ha sumado solo el apoyo del grupo socialista y de Unides Podem. Compromís, por su parte, se ha abstenido. Sí se ha aprobado la moción presentada por Unides Podem para crear una comisión de seguimiento del primer plan de igualdad en el Ayuntamiento. La propuesta ha contado con el voto en contra de Vox.
