El acceso a la función pública en comunidades con lengua propia: ¿cómo es en cada una?

MADRID (EFE).- La reciente y polémica aprobación del decreto que regula el conocimiento del catalán para trabajar en la sanidad pública balear ha reabierto un debate recurrente, el de computar como requisito o como mérito el dominio de una lengua cooficial a la hora de acceder a un puesto público.

La única neuropediatra del hospital Can Misses de Ibiza renunció a su trabajo tras expresar públicamente su rechazo al decreto balear, que no impide obtener una plaza en oposiciones sin saber la lengua cooficial, obligatoria en cambio para optar a traslados y cobrar los pluses de carrera profesional.

El Govern balear alega que con esta medida se pretende defender y conjugar el derecho de los usuarios a ser atendidos en cualquiera de las dos lenguas oficiales de Baleares -catalán y castellano- con la garantía de ofrecer una asistencia sanitaria de máxima calidad.

Debate al que no son ajenos en las otras comunidades con lengua propia. Pero, ¿cómo está regulado el conocimiento de las lenguas cooficiales para acceder a la función pública en ellas?

No hay unanimidad en Cataluña, País Vasco, Galicia, Baleares, Comunitat Valenciana y una parte de Navarra sobre los requisitos lingüísticos que se exigen para un mismo puesto de trabajo.

El nivel de conocimiento de la lengua cooficial suele depender del puesto al que se opte, aunque en País Vasco y Navarra se tiene en cuenta también la realidad sociolingüística del lugar, de manera que no se exige el mismo manejo del euskera a un funcionario en Vitoria que a otro en Ondarroa, donde casi todos sus habitantes se comunican en esa lengua.

Y es que en el País Vasco conocer el euskera es mérito o requisito en función de las plazas, ya que cada una tiene un "perfil lingüístico", diseñado según una serie de criterios, por ejemplo las exigencias comunicativas inherentes al puesto de trabajo.

Al igual que en Baleares, en el País Vasco ha habido quejas ante el hecho de que puntúe más en sanidad el conocimiento del euskera que haber hecho la residencia del MIR.

Navarra es un caso aparte, porque se divide en tres zonas lingüísticas: la zona "vascófona", la mixta y la no "vascófona". Sólo en la primera el euskera tiene carácter cooficial junto con el castellano.

Hace poco más de cuatro meses, el Gobierno navarro aprobó un decreto que regula el conocimiento del euskera para acceder a la función pública, de modo que en la zona vascófona queden garantizados todos los derechos derivados de la cooficialidad y, en la mixta, se asegure a la ciudadanía el derecho a la elección de lengua reconocido por la Ley Foral del Vascuence.

Baleares recuperó el conocimiento del catalán como requisito para trabajar en la administración pública en 2016, con el Govern socialista de Francina Armengol, que derogó la calificación de mérito que había introducido en la anterior legislatura el Ejecutivo autonómico del PP.

Recoge la ley balear algunas exenciones ante la "carencia o insuficiencia de profesionales" o cuando haya que contratar a "investigadores o científicos de ámbito nacional o internacional".

En Cataluña, la Ley de la Función Pública de 1984 ya exigía el conocimiento del catalán a los funcionarios de la administración estatal en la comunidad, aunque la normativa ha sufrido varias modificaciones desde entonces y ahora se aplica a la administración autonómica y sus empresas y consorcios, los entes locales y las universidades.

Tanto en Cataluña como en Baleares los títulos requeridos, en función del puesto, varían desde el conocimiento más básico del catalán hasta el más avanzado, aunque hay trabajos para los que se contempla un nivel superior por sus características especiales.

Para ser funcionario en Galicia también se exige el conocimiento del gallego y el grado de dominio depende, igualmente, del puesto.

Un nivel de conocimiento que se puede acreditar con un certificado oficial (por ejemplo los que se entregan al final de los distintos ciclos educativos) o con un examen específico durante las oposiciones.

La Comunitat Valenciana ha preparado una nueva ley de función pública en la que pretende introducir la capacitación en valenciano de los trabajadores de la Generalitat.

ERC llevará este debate al Congreso en el próximo periodo de sesiones con una proposición para, según argumenta, "poner en solfa" una asignatura pendiente que tiene el Estado para "reconocerse a sí mismo" como plurilingüe y asumir esa condición "como una potencialidad y no como un problema".

A fin de proteger a los idiomas cooficiales plantea una serie de medidas, como, por ejemplo, que el 50 por ciento de los contenidos educativos sean en la lengua propia o que su conocimiento sea un "requisito" para los funcionarios de la administración.

Frente a esa opinión, entidades como Sesión de Control advierten en un reciente informe de que los requisitos lingüísticos en la función pública generan una administración "endogámica", ya que aspirantes de otros territorios no pueden acceder en esas comunidades por el desconocimiento de la otra lengua cooficial.

Otra conclusión a la que han llegado es que podría haber "huidas masivas de especialistas" si se puntúa más el dominio del idioma cooficial que el de la materia.