La millonaria fianza a Císcar precipita la marcha del abogado de la Generalitat en el 'caso IVAM'

VALÈNCIA. El abogado que ejercía la acusación de la Generalitat en el caso IVAM, en el que entre otros están imputados Consuelo Císcar y su hijo por supuestas irregularidades durante su etapa como directora del museo, se va a a la Agencia Antifraude. La marcha del letrado se hizo efectiva poco después de haber solicitado una fianza de más de 4,17 millones para Císcar y otros investigados para resarcir a la Generalitat por el perjuicio económico que su actuación causó en las arcas públicas.

Según explican fuentes del caso a Valencia Plaza, el funcionario tenía previsto su ingreso en el organismo que preside Joan Llinares en el mes de septiembre, pero adelantó su excedencia tras ser reprendido por sus superiores por no haberles informado previamente de la elevada fianza que iba a reclamar a Císcar, esposa del exconseller Rafael Blasco y hermana del diputado socialista en el Congreso Ciprià Císcar.

La marcha del abogado de la Generalitat coincide, además, con el punto clave de la negociación entre la Fiscalía Anticorrupción y Rafael Blasco para evitar el juicio de las piezas 2 y 3 del caso Cooperación. Entre otras condiciones, el exconseller exige al fiscal anticorrupción Vicente Torres –el mismo que el del caso IVAM– que garantice un trato favorable para su mujer y su hijo, un joven artista conocido como Rablaci que también imputado.

Varias de las decisiones de la magistrada de refuerzo en el juzgado donde se instruye el caso IVAM se han adoptado por petición de la Abogacía de la Generalitat. Además de la mencionada fianza de 4,17 millones que se le reclama a Císcar, al exdirector financiero del museo, Juan Carlos Lledó, y a José Luis Rueda, también fue suya la iniciativa de imputar al hijo y heredero de Gerardo Rueda como presunto beneficiario de los sobrecostes en compras a obras de su padre, o la de embargar doce obras de arte propiedad de la exdirectora del IVAM como garantía de decomiso efectivo en el caso de que Císcar sea condenada.

Tras la marcha a la Agencia Antifraude de este letrado, que mantenía una estrategia beligerante, la Abogacía de la Generalitat ha virado a una actitud más pasiva, según explican fuentes del caso.

En plena negociación con Blasco

En paralelo, el fiscal Torres ha pactado con Rafael Blasco, César Augusto Tauroni y los otros 22 acusados en las piezas 2 y 3 del caso Cooperación las condiciones para una sentencia de conformidad de evite el juicio.

Tal y como viene informando Valencia Plaza, a cambio de su confesión, la Fiscalía ha acordado una fuerte rebaja de la petición de cárcel para Blasco –de 16 años a 2 y medio– y facilidades para acceder a permisos penitenciarios en la condena de seis años y medio que cumple en la prisión de Picassent.

Antes de firmar, Blasco también habría reclamado compromisos concretos a la Fiscalía para rebajar la acusación contra Consuelo Císcar y su hijo en el caso IVAM. El abogado de Consuelo Císcar en el caso IVAM, Juan Molpeceres, admitió la pasada semana haber estado presente en todas las reuniones con Anticorrupción para perfilar los términos del pacto de conformidad con el exconseller. Molpeceres es también el abogado de Blasco para los asuntos penitenciarios.

Como desveló este periódico, el pasado jueves se produjo una de estas reuniones en la misma prisión de Picassent. Participaron el fiscal Vicente Torres; el también fiscal Pablo Ponce; el penalista Javier Boix, abogado de Blasco; y el mencionado Molpeceres. Un portavoz de la Fiscalía General del Estado confirmó a posteri que el objeto este encuentro, anormal por la presencia de los dos fiscales en prisión, fue "buscar conformidades".

Junto a los beneficios en el caso IVAM, el exconseller quiere garantizarse el acceso a permisos a pesar de que no ha devuelto ni un euro de los 2 millones de responsabilidad civil que se le pidieron en la pieza por la que ya está condenado.

Hasta ahora, todas las instancias que intervienen en los permisos se han opuesto. Desde la Junta de tratamiento de Picassent, que aprecia riesgo medio-alto de reincidencia, hasta la sección de Vigilancia Penitenciaria de la propia Fiscalía o el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria han informado negativamente. La Audiencia Provincial de Valencia incluso le revocó un permiso que inicialmente le había sido concedido.

Císcar pide prórroga y depositará avales

Si Císcar y el resto de investigados por los sobrecostes en la compra de obras de arte a los que se les reclaman los 4,1 millones de la fianza no la hacen efectiva en los próximos días, se exponen al embargo de sus bienes. Según ha podido saber Valencia Plaza, la exdirectora del IVAM ha pedido una prórroga al juzgado para la fianza, que prevé depositar en forma de avales.

Según fuentes conocedoras del caso, la hermana del diputado socialista Ciprià Císcar dispondría de patrimonio inmobiliario suficiente para hacer frente a la caución, en buena parte procedente de herencias. No obstante, conviene recordar que los bienes del matrimonio Císcar–Blasco también están comprometidos por la responsabilidad civil a la que el exconseller aún ha de hacer frente en el caso del fraude en las subvenciones de las ONG.

En la causa del IVAM, abierta por los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa y falsedad documental, se investigan sobrecostes en la adquisición de obras de arte –copias que se pagaron como originales– y en la contratación de publicaciones, así como si Císcar utilizó recursos del museo para promocionar la carrera de su hijo, tal y como concluyó la Policía en un informe. Entre la decena de investigados, además de Císcar y su hijo, figuran subdirectores y técnicos de diferentes áreas del IVAM.

La investigación de los presuntos sobrecostes en la compra de obras de Gerardo Rueda se desgajó recientemente en una pieza separada cuya instrucción se espera que avance rápido porque los hechos están muy acotados.

Las primeras declaraciones se produjeron el pasado 15 de junio. José Luis Rueda defendió que en la venta de obras de su padre al museo no hubo ninguna irregularidad. El fiscal se ausentó en varias declaraciones y tras la sesión se deslizó que esta parte de la investigación podría acabar siendo archivada.