El Tribunal de Cuentas suspende la audiencia por la F1 por un posible error formal de la Generalitat

VALÈNCIA. La magistrada del Tribunal de Cuentas que instruye la demanda presentada por la Generalitat -tras una denuncia de Mónica Oltra cuando era diputada-contra las exconselleras de Turismo, Cultura y Deporte Trini Miró y Lola Johnson y contra cuatro exdirectivos de la empresa pública Circuito del Motor y Promoción Deportiva (CMPD) -José Miguel Escrig, Julio García Gimeno, Blanca Tomás Carbó y Luis Lobón-, en la que se les reclama el reintegro de hasta 24 millones de euros por presuntas responsabilidades contables derivadas de la compra de la empresa privada Valmor Sports, suspendió este jueves la audiencia previa de las partes ante la posibilidad de que "los denunciantes no hayan acreditado como corresponde su legitimidad para presentar la demanda".

Según ha podido saber Valencia Plaza, la magistrada ha paralizado el procedimiento para estudiar la petición formulada por los abogados de los demandados que aducen que para poder demandar es obligatorio estar legitimado para ello, y que la Abogacía de la Generalitat no lo está, por lo que se podría considerar un defecto de forma.

En referencia a la petición, explican las fuentes consultadas por este periódico, que para poder demandar hay que estar legitimado y que existen dos tipos de legitimación. La primera es la causa, la legitimación general de defensa de los intereses que se cumple por parte de la Abogacía de la Generalitat, y por otro lado y aunque la primera se cumpla existe otro tipo de legitimación referente al proceso que se debe cumplir, porque cuando se demanda hay que acreditar que existe la citada legitimación y, en este tipo de asuntos la Ley de Asistencia Jurídica de la Generalitat en su artículo 9 dice que "los abogados de la Generalitat no podrán iniciar acción alguna en nombre de la Generalitat sin estar previamente autorizados a ello por la autoridad competente". Dentro del procedimiento no se ha presentado ningún papel o autorización de la "autoridad competente", aseguran estas fuentes.

La demanda

El procedimiento abierto por el Tribunal de Cuentas es paralelo e independiente del que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 2 de Valencia, conocido como caso Valmor, en el que están imputados el expresidente del Consell Francisco Camps, la exconsellera Lola Johnson y el expiloto y empresario Jorge Martínez Aspar.

El procedimiento abierto por el Tribunal de Cuentas no busca juzgar los hechos desde el punto de vista penal, ya que eso corresponde a los tribunales de justicia. Se trata de un procedimiento de reintegro por alcance en el que se exige a los responsables de una negligencia que reparen el daño causado.

A Lola Johnson y a los cuatro exdirectivos les reclama solidariamente 23,99 millones como responsables de la compra de Valmor Sports por parte de CMPD, operación que causó un agujero de esa magnitud en las arcas de la Generalitat. En esta primera reclamación la Abogacía no incluye a Trini Miró porque no participó en la compra.

Subsidiariamente, si el Tribunal de Cuentas desestima la primera petición, la Generalitat y CMPD reclaman 14,66 millones de euros a los cinco citados anteriormente más a la exconsellera Miró, también de manera solidaria, es decir, que la ejecución podría dirigirse contra cualquiera de ellos o contra todos.

Esta segunda petición se basa en el perjuicio causado a la sociedad CMPD antes de la compra de Valmor al no haber reclamado a esta empresa la deuda que había ido acumulando a medida que se celebraban las ediciones del Gran Premio de Fórmula 1 en València.

CMPD encargó a Valmor Sports la organización de los grandes premios de F1 acordados por Francisco Camps y Bernie Ecclestone en plena campaña electoral de mayo de 2007. La carrera anual empezó a disputarse en 2008 y fue una sangría para la Generalitat, que se hizo cargo de la mayoría de los gastos a pesar de que Camps había dicho que no costaría ni un euro a los valencianos. 

Lola Johnson

Johnson aseguraba el pasado junio a este periódico, y así lo defenderá ante el Tribunal de Cuentas en el caso de que la magistrada finalmente decida proseguir con el caso, que la compra, que causó un agujero de 24 millones en las arcas de la Generalitat, la impusieron Presidencia y Vicepresidencia del Consell, que en aquella época -finales de 2011- ocupaban Alberto Fabra, Paula Sánchez de León y José Císcar. 

Es la posición que mantuvo en una de sus declaraciones ante el juzgado de Instrucción número 2 de València, que investiga el llamado caso Valmor, en el que están imputados la propia Johnson, Camps y Aspar y, en una pieza separada abierta hace dos meses, Belén Reyero, la que fue responsable del departamento de Eventos de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana (SPTCV) y mano derecha de Camps en grandes eventos, y a Nicolás Figueras, exdirector general de SPTCV.

El representante legal de Johnson, David González Wonhan, aseveró también en juicio que hay errores graves en la demanda. El primer error que han advertido en la demanda es que la Abogacía responsabiliza a Johnson por unos pagos que "se habían realizado con anterioridad a que Lola Johnson fuera nombrada consellera". Se refiere a la segunda de las reclamaciones de la Generalitat, de 14 millones de euros, relativa a trabajos pagados por Circuito del Motor que correspondían a Valmor y que la empresa pública nunca le reclamó.

De hecho afirman fuentes de la defensa de Johnson que "si se lee el sumario judicial que hay abierto en un Juzgado de Instrucción, se puede ver que desde que ella entró como consellera, Circuito del Motor no pagó ni un euro de los 14 millones que piden, ya que los pagos se habían realizado de forma previa". En su opinión, "es algo que deberían saber, teniendo en cuenta que la Generalitat está personada en dicha causa y tiene acceso a toda la documentación y declaraciones practicadas hasta ahora".

Además, alegarán que la compra se formalizó cuando ella llevaba "pocos meses" en el cargo y, por tanto, "los responsables, de haberlos, deberían ser aquellos que formaban parte del Gobierno e idearon dicha compra. Algo que se dijo en las declaraciones y que se ha obviado".

Sobre las declaraciones respecto de la compra, afirma el letrado que "no tiene sentido que vayan contra Johnson cuando las decisiones, tal y como consta en el sumario, las tomaron desde Vicepresidencia, es decir, José Ciscar, y Presidencia". Durante la declaración de Johnson, ella aseguró que respecto al resto de posibles delitos cometidos en la organización de la F-1 y la compra de Valmor, "la competencia real siempre fue de los vicepresidentes, es decir, Vicente Rambla, Paula Sánchez de León y José Císcar -era conseller y fue nombrado vicepresidente a finales de 2011 en sustitución de Sánchez de León-, quienes eran plenamente conocedores de la situación real de Valmor desde 2008, cuando los responsables de la empresa explicaron su preocupación ante las pérdidas económicas que suponía el evento deportivo. Es más, en sus respectivas declaraciones judiciales, todos afirmaron que eran conocedores del estado real de Valmor".