El Tribunal de Cuentas reclama a la Diputación de Alicante que aclare si está fiscalizando gastos sin su permiso  

ALICANTE. La sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas (TCu) ha advertido a la Diputación de Alicante de que el expediente de responsabilidad contable con el que se pretende justificar el ingreso en cuentas del Partido Popular de 446.000 euros públicos -cuyo gasto aún no ha sido acreditado-. Cuentas recuerda que es competencia del tribunal, y no de la institución provincial gobernada por Carlos Mazón. Y por ello, el tribunal, en un documento fechado el pasado 30 de junio, reclama a los servicios jurídicos de la Diputación que le envíen este expediente, según ha desvelado Compromís en un comunicado público. Y le ha recordado que en caso de haber iniciado la fiscalización, se lo debería haber comunicado previamente.

El expediente en cuestión ha servido para que la Diputación de Alicante contrate una auditoría independiente por valor de 14.000 euros con la que poder justificar, entre otras cantidades, el casi medio millón de euros de dinero público ingresados en cuentas del grupo del Partido Popular "saltándose así la propia normativa institucional", como viene denunciando el portavoz de Compromís, Gerard Fullana.

De esta forma, según Fullana, el escrito del TCu apunta a lo que ya señaló el informe realizado por la entonces jefa de los servicios jurídicos de Presidencia, y que informaba negativamente sobre la figura administrativa con la que se quiere eludir la acreditación del gasto de la subvención administrativa que reciben los diputados del PP para su trabajo diario.

Compromís cuestiona la transparencia

Compromís viene denunciando desde hace años que el PP es el único partido con representación en la institución al que se le permite no acreditar conforme a normativa el gasto de la subvención que reciben los grupos políticos, circunstancia que además sería impensable para cualquier asociación ciudadana que opte a una subvención. De hecho, la coalición ya presentó un recurso -desestimado por la Diputación- contra la voluntad del PP de Alicante de dar a dedo un servicio de auditoria para, precisamente, evitar mostrar las facturas de la subvención a diputados alicantinos, cantidad que acabó en una buena proporción en una entidad bancaria de Murcia.

Fullana ha señalado que esta actitud no es de extrañar en "quien es hijo político del expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana": “Al final el zaplanismo sigue el guion de toda la vida: nula gestión en la Diputación de Alicante como en las ayudas de la Dana, que ha tardado dos años en concederlas; y luego, utilizar la institución para beneficiarse personal y políticamente. En este caso, es un escándalo que el señor Mazón desoiga la normativa del Tribunal de Cuentas para intentar justificar cuatro años después unos ingresos que son totalmente fraudulentos de la Diputación al Partido Popular”. 

Compromís sostiene que la "falta de transparencia tanto de la Intervención de la Diputación como la de los cargos de los distintos partidos" es lo que les ha llevado, según el diputado Gerard Fullana, a  presentar una denuncia por malversación y prevaricación ante Fiscalía y que afectaría a distintos cargos del PP en la Diputación y a la propia Intervención institucional, en caso de que la denuncia prospere. De momento, siguen las pesquisas en la Fiscalía.