Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. El Tribunal de Cuentas ha admitido a trámite una denuncia de Compromís por un pago de 26 millones de euros a Ribera Salud en 2002, en época del PP, por lucro cesante, y que considera que es una cantidad "injustificada" y que no cuenta con "respaldo legal".
Así lo ha revelado la diputada de Compromís Isaura Navarro, quien ha mostrado en un comunicado la "satisfacción" de su grupo por la admisión a trámite de la denuncia, que presentó el pasado 11 de diciembre.
Según ha explicado Navarro, "desde Compromís continuamos con nuestra tarea de intentar recuperar el dinero dilapidado por los gobiernos del Partido Popular y, en ese sentido, denunciamos al Tribunal de Cuentas el hecho de que la Generalitat abonara a la empresa Ribera Salud 26 millones de euros en concepto de lucro cesante sin base ni en el contrato de concesión, ni en ningún otro documento, ni constar en el expediente ninguna petición al respecto por parte de la empresa".
La razón obedece a que el contrato administrativo entre Sanidad y Ribera Salud se formalizó el 19 de julio de 1997 pero en diciembre de 2002, el entonces conseller resolvió el contrato por mutuo acuerdo, sin constar ningún acta o documento relativo a las conversaciones previas con la empresa, según consta en la denuncia consultada por Europa Press.
El motivo fue para licitar otro contrato con el fin de ampliar el objeto del anterior a la atención primaria en el área de salud e incrementar "sustancialmente" el pago per capita a la nueva concesionaria, de nuevo Ribera Salud, que fue la única aspirante a la adjudicación.
Como se explica desde Compromís, el informe que hizo la Sindicatura de Cuentas en 2015 sobre las privatizaciones de áreas de salud en la época del PP detalla que "nunca, en ningún lugar, se había recogido esa obligación de la Generalitat hacia Ribera Salud y, por lo tanto, ese pago no tiene ningún sustento legal".
Isaura Navarro asegura que el objetivo final de esta denuncia es que el Tribunal de Cuentas "inicie una investigación para depurar responsabilidades contables y finalmente condene a los responsables de que 26 millones de euros salieran de las arcas públicas sin ninguna justificación a que reintegran esa cantidad a la Generalitat".
En la denuncia, la diputada alude a que la Sindicatura de Comptes señala que la ley de contratos de las administraciones públicas establece que en el caso de resolución de contrato por mutuo acuerdo "los derechos de las partes se acomodarán a lo válidamente estipulado entre administración y contratistas" y que, en este caso, ni el contrato de 19 de junio de 1997 de gestión de servicios con Ribera Salud ni el pliego de cláusulas de explotación "contemplaban el supuesto de indemnización por lucro cesante en el supuesto de resolución del contrato por mutuo acuerdo".
Y añade que según el informe de Sindicatura de Comptes este órgano considera "contrario a derecho que se otorgara y reconociera el abono de una sustanciosa suma a la empresa Ribera Salud UTE en base a un concepto que ni estaba en las cláusulas contractuales ni consta su petición por la empresa, de amanera graciosa y altruista, en concepto de lucro cesante".
Por ello, entiende "de elevado interés" que se analice e investigue la decisión de reconocer "por iniciativa propia" el abono de 26,3 millones de euros en concepto de lucro cesante a la empresa concesionaria del departamento de salud de Alzira ahora revertido a la sanidad pública.
