VALÈNCIA. El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales ha desbloqueado, finalmente, todos los lotes del concurso de resonancias que puso en marcha la Conselleria de Sanidad en marzo de 2018. El último ha sido el de la Marina Baixa, que fue adjudicado a Eresa, y que fue recurrido por Vivo Diagnóstico al entender que la compañía no tenía la solvencia técnica y profesional exigida en los pliegos, al margen de entender que no ofrecían unidades móviles para prestar el servicio.
Sin embargo, el órgano dependiente de Hacienda ha desestimado el recurso, tal y como hizo hace una semana con el lote 5, correspondiente a Alicante. En este caso el recurso había sido presentado por Clínica Vistahermosa mientras que el adjudicatario era IMED. Estas dos resoluciones ponen fin a un concurso que se ha desarrollado a trompicones, que empezó con sendos recursos de IMED y Eresa a la totalidad de lotes del concurso, y que finalmente se han adjudicado los dos más grandes: Alicante y Valencia respectivamente.
A partir de ahora, las compañías tienen tres meses para preparar la puesta en marcha del servicio, por lo que hasta marzo no podrán prestar el servicio a través del concurso. A pesar de que esto suponía una parte vital de la internalización, el concurso pasó a un segundo plano cuando el informe de la Abogacía sobre el decreto de subrogación de personal de las resonancias magnéticas puso sobre la mesa que Sanidad no podía asumir al personal de la UTE Erescanner Salud.
Eresa e Inscanner, a través de Erescanner Salud, seguirán prestando el servicio con pagos a través de enriquecimiento injusto hasta que finalmente se encuentre la solución definitiva, que inicialmente pasa por ir sacando plazas en bloque. Sin embargo, el concurso permitirá que, una vez se ponga en marcha, la conselleria pueda prescindir de los servicios de la UTE fuera de las instalaciones de los hospitales, ya que actualmente se prestaban en centros como el de Eresa en Campanar.
En este caso, las pruebas se seguirán realizando en los centros de las compañías adjudicatarias -Eresa, IMED y Alliance Medical- pero el precio será el que marcan las ofertas presentadas y no el que actualmente cobraban, lo que abaratará el coste a la administración. Erescanner Salud lleva prestando el servicio fuera de concurso desde el 31 de octubre y, según las estimaciones de la Conselleria de Sanidad, todavía se mantendrá al menos seis meses más prestando servicio en los centros públicos.
Esta misma semana, el subsecretario de Sanidad, Juan Ángel Poyatos, se reunía tanto con el comité de empresa de Eresa como de Inscanner para definirles posibles plazos, aunque todo dependerá de la línea jurídica por la que opten finalmente. Sanidad ya logró consensuar con el departamento de Vicent Soler la creación de 219 plazas públicas, de las que unas 150 iban a ser cubiertas con la subrogación de personal de las dos empresas socias de la UTE que prestan el servicio, Eresa e Inscanner.
Ahora, la Abogacía señala que la administración no puede decidir si realmente existe sucesión de empresas, lo que daría lugar a la subrogación, sino que debe ser un juez el que dicte sentencia sobre el asunto. Este escenario supone introducir un nuevo elemento en la ecuación, que es la necesidad de que trabajadores de la administración y de la UTE convivan en las instalaciones públicas durante un periodo de aprendizaje para los primeros. Las creación de las 219 plazas públicas iba a financiarse con el ahorro que suponía dejar atrás la gestión privada, pero de los últimos planteamientos realizados está el sacar las plazas en varios bloques.
El plan que actualmente maneja Sanidad supondría crear una parte de las plazas en una primera instancia, asignar en ellas a personas que estén en la bolsa, que estos profesionales tengan un periodo de formación en convivencia de personal de la UTE y que, cuando finalmente estén preparados para rodar en solitario, finalice esa parte del servicio con la empresa privada.
