Vicent Soler, conseller de Hacienda. Foto: ESTRELLA JOVERVALÈNCIA. Segundo varapalo judicial al Consell para que las empresas públicas cumplan con la obligación de desvelar los detalles sobre sus plantillas. La sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) ha dado diez días a la Generalitat para ejecutar la sentencia mediante la cual se obligaba a cinco empresas públicas a aprobar sus respectivas relaciones de puestos de trabajo (RPT), ya que el plazo de ejecución venció hace más de tres meses.
En un auto al que ha tenido acceso Valencia Plaza, notificado este viernes a las partes, los magistrados requieren a la administración que acredite "las actuaciones que está siguiendo para la ejecución de la sentencia". El procedimiento se originó a raíz de una demanda de la Federación de Servicios Públicos de UGT-PV (FeSP-UGT) para que Culturarts, IVAM, Ivace, EIGE y Vaersa, que ya por entonces acumulaban más de un año de retraso en la obligación de hacer públicos los detalles sobre su plantilla, aprobasen sus respectivas RPT.
El sindicato, el mayoritario en el sector público instrumental de la Generalitat, planteó a principios de este mes una queja al TSJ para que se ejecutase la sentencia.
En su último auto, los magistrados relatan que, una vez cumplido el plazo e instado el Consell a ejecutar la sentencia, la Abogacía General de la Generalitat se opuso al auto alegando que ya se habían publicado las relaciones de puestos de trabajo, a excepción de la de Culturarts porque en ese momento se estaba negociando con los sindicatos una modificación sustancial de las condiciones de trabajo como paso "previo y preceptivo" para la posterior publicación de la RPT.
Sin embargo, los magistrados justifican su decisión en que la normativa no establece la necesidad de una tramitación y un pacto con los representantes de los trabajadores previo a la publicación de la RPT, "sino que la obligación de publicar las relaciones de puestos de trabajo es pura y corresponde a las entidades demandadas". "La negociación de una modificación sustancial de las condiciones de trabajo –ni cualquier otra negociación- puede justificar más demora en la publicación de la RPT en Culturarts", argumentan.
La publicación de las RPT pendientes ha sido motivo de fricción entre la administración y el sindicato demandante, cuyo secretario general, Luis Lozano, manifestaba en una reciente entrevista con este periódico que una de las razones del bloqueo en la publicación de los detalles sobre las plantillas era la falta de colaboración de las empresas afectadas.
Además, la FeSP-UGT ha propuesto a la Conselleria de Hacienda, con la que se negocia la reforma del sector público en una comisión de diálogo en la que también están presentes otros sindicatos, un cambio en la metodología de trabajo de este órgano, ya que se han dado casos de RPT aprobadas por la Dirección General de Sector Público que posteriormente han sido tumbadas por la Dirección General de Presupuestos.
Fuentes de este sindicato manifestaron este viernes su satisfacción por el auto del TSJ que les vuelve a dar la razón y señalaron que, transcurridos diez días desde que se cumpla el nuevo plazo otorgado por el tribunal, si no se ha cumplido la obligación legal de publicar las RPT, se volverá a instar la ejecución con exigencia de responsabilidades.
Por otro lado CCOO se pronunció por primera vez este viernes sobre el borrador de la nueva Ley del Sector Público que la Conselleria de Hacienda entregó el pasado viernes a los sindicatos para que realizasen alegaciones. La formación considera "de dudosa legalidad" el intento de implementar por ley un sistema de clasificación profesional, de grupos profesionales y sistema retributivo similares a los existentes en la función publica valenciana, debido a la existencia de distintos convenios colectivos que regulan las condiciones de trabajo en el personal de las entidades del sector.
La ley aumenta el control sobre las empresas públicas por parte de la Conselleria de Hacienda y de sus conselleries de adscripción y homologa las condiciones de su personal a sus homólogos en la administración autonómica, además de introducir para lo sucesivo pruebas de acceso mediante oposición o concurso oposición.
El sindicato pone en duda las competencias de la Generalitat para legislar en materia laboral, "pretendiendo imponer esos sistemas que, en cada uno de los convenios existentes está regulado de manera distinta". En esta situación se encuentran FGV, Palau de les Arts, CACSA, Ivace, EIGE o IVAS, entre otras.
CCOO, por otro lado, considera "inasumible" que se pretenda aprovechar esta nueva ley para llevar a cabo una "depuración ideológica" del personal empleado en el sector, pretendiendo obligarles a pasar un proceso selectivo para poder mantener el empleo.
En este sentido, la ley sí establece la obligación de superar una prueba objetiva para los futuros empleados de esta sociedades, pero no fija lo mismo para los empleados actuales, entre los cuales hay casi 3.500 trabajadores fijos que no superaron ninguna prueba de acceso. Tal y como está regulado este asunto en el borrador, estos empleados podrían mantenerse en su puesto de trabajo hasta que su plaza saliera a concurso.
"La FSC de CCOO PV no considera adecuado poner en cuestión el sistema de acceso del personal de las mercantiles o fundaciones, entre otras entidades, mediante mecanismos que, en aquel momento, eran totalmente legales, mas allá de que hoy se puedan cuestionar dichos mecanismos", concluye el sindicato.
