VALÈNCIA. Una de cal y otra de arena para el sector del taxi. Tras avalar el Tribunal Supremo hace un par de meses la limitación de una licencia de vehículo de alquiler con conductor (VTC) por cada treinta taxis, ahora el alto tribunal obliga a la Generalitat a autorizar 200 de ellas en el ámbito de la Comunitat Valenciana a la empresa Ares Capital SA.
Así lo dictamina la sala del contencioso-administrativo sección tercera en una sentencia derivada de un recurso de casación interpuesto por la administración valenciana y la Federación Sindical del Taxi. Recurrían a la resolución del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que instaba a la Conselleria de Obras Públicas y Vertebración del Territorio a otorgar estas autorizaciones para vehículos con chófer, que son las que utilizan empresas como Cabify o Uber.
El conflicto por estas licencias se inició cuando la Dirección General de Transporte y Logística desestimaba a la empresa la solicitud realizada en febrero de 2013. La petición había llegado en medio de una liberación de los VTC. La entrada en vigor de la ley 25/2009 de 22 de noviembre, conocida como Ley Ómnibus, eliminó la posibilidad de establecer limitaciones y restricciones a las autorizaciones en materia de transporte terrestre aplicando la directiva Bolkestein.
Esto dio vía libre para que las empresas y los particulares solicitaran licencias de VTC y no fue hasta el 4 de julio de 2013 cuando el Gobierno entendió que debía hacer algo para frenar a la competencia del taxi y se volvió a modificar la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres para establecer la limitación de un VTC por cada 30 taxis.
En febrero de 2013 la compañía realizó la solicitud de las 200 licencias en el ámbito de la Comunitat Valenciana, que no fue resuelta hasta el mes de octubre, cuando la Generalitat Valenciana aludió a la ley 9/2013 del 4 de julio para justificar su denegación, que no estaba en vigor en el momento de la petición. Sin embargo, para el alto tribunal la normativa aplicable es la vigente en el momento de la solicitud. "De lo contrario implicaría que la determinación del régimen jurídico dependería de la voluntad del responsable", señala la sentencia.
El otro punto cuestionado por la Federación Sindical del Taxi era la petición masiva de solicitudes por parte de una sola mercantil, "lo que excede aparentemente los límites normales del ejercicio de derecho a obtener un título habilitante". Desde el sector del taxi razonan que las autorizaciones del transporte se conceden de forma individual y con la finalidad de que sea el solicitante quien desarrolla la actividad.
De hecho, desde la Federación incluso apuntan a que la finalidad de la empresa es la transmisión a otras compañías de estas licencias. Y es que Ares Capital es un gigante de las licencias de coches con chófer que tiene varios pleitos similares en otras autonomías y que, evidentemente, también se dedica a la venta de licencias.
Sin embargo, el Supremo señala que a pesar de entender que puede existir un problema en este área, la ley vigente no contemplaba ningún tipo de restricción, con lo cual es totalmente válido y legal. De hecho, esta no es la primera sentencia que el Supremo marca en este sentido y más de una veintena de casos de toda España se encuentran en el Supremo, por lo que el aluvión de nuevas licencias en la misma situación está por llegar.
Ante esta sentencia, la Generalitat ya no tiene posibilidad de recurso y tendrá que asumir que 200 licencias más saldrán a la calle frente al enfado del sector del taxi. De hecho, aunque la ley entró en vigor en julio de 2013, el Gobierno no aprobó el real decreto que desarrollaba el 1 VTC/3O taxis hasta 2015. Por este motivo el Supremo también ha obligado a conceder licencias que se solicitaron entre 2013 y 2015.
