El Senado llevará al Fiscal a una exempleada de Crespo Gomar por su negativa a contestar

MADRID (EFE). El Senado trasladará al Ministerio Fiscal la negativa de una exempleada de la empresa valenciana Crespo Gomar a contestar a preguntas del PP en la Comisión de Investigación de la Financiación de los Partidos Políticos de la Cámara Alta, por si su falta de colaboración pudiera tener consecuencias de carácter penal.

La comisión, reunida hoy a puerta cerrada, ha acordado solicitar a la Mesa del Senado que ponga los hechos ocurridos el pasado 25 de octubre en conocimiento de la Fiscalía, sin esperar a un informe de los servicios jurídicos de la Cámara solicitado por el PSOE sobre las obligaciones de los citados a comisiones de investigación.

El portavoz del PP en este órgano, Luis Aznar, ha explicado que el envío del acta al Ministerio Fiscal puede ser muy "clarificador" respecto al funcionamiento de las comisiones parlamentarias de investigación.

Y es que, según sus cálculos, esta sería la primera vez que se implica a la Fiscalía por la negativa a declarar de un compareciente no incurso en un procedimiento judicial, como es el caso de Lucía Pascual, exempleada de la empresa valenciana Crespo Gomar que se negó a contestar a ninguna pregunta el pasado día 25.

Su testimonio fue recabado por el PP, que maneja en solitario la comisión ante la renuncia de los demás grupos a participar en sus trabajos, dentro de las pesquisas relativas a la trama de presunta financiación irregular del PSPV-PSOE entre 2007 y 2011, por la que hay sumarios abiertos en varios juzgados.

Por el momento, la presidenta de la comisión, Rosa Vindel, ha decidido no solicitar a los servicios jurídicos el informe que reclamó el PSOE sobre el alcance de las obligaciones que la ley impone a los comparecientes y esperar a lo que diga la Fiscalía.

Este régimen está regulado en el Reglamento del Senado y en la Ley Orgánica de comparecencia ante Comisiones de Investigación de 1984, donde queda claro que todos los citados están obligados a comparecer, aunque no lo están a declarar si están incursos en procedimientos judiciales.

El caso de Lucía Pascual es diferente porque ella no está investigada ni procesada en relación con los hechos que interesan al Senado, y es ahí donde el PP argumenta que la ley no amparaba su silencio y por ello debía haber aceptado ser interrogada.

Luis Aznar ha asegurado que en esta comisión el PP actúa "dentro de los márgenes de la ley" y "con respeto absoluto" a las personas convocadas y sus "circunstancias personales".

Y ha puesto de relieve la trascendencia que tendrá para el futuro de todas las comisiones de investigación la decisión que adopte la Fiscalía, porque no hay precedentes similares.

Remitirán el escrito ek próximo martes

La Mesa del Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, tratará el envío del escrito a la Fiscalía el martes próximo.

Por otra parte, la comisión constató este miércoles que el exconsejero de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías ha acreditado mediante un certificado de la Audiencia Provincial de Sevilla que hoy no podía acudir al Senado porque debía estar presente en una de las sesiones del juicio de los ERE de Andalucía.

Su testimonio queda así aplazado a la búsqueda de una fecha, pero el resto del calendario no se modifica, y el próximo 8 de noviembre está citada ante la comisión la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz.

Le seguirán sus antecesores en la Junta Manuel Chaves, el día 15 de noviembre, y José Antonio Griñán, el 22, ya en plena campaña de las elecciones autonómicas andaluzas.

El PP considera que sus testimonios son relevantes para averiguar los mecanismos de financiación del PSOE de Andalucía en el marco de la trama de los ERE.