El Senado denuncia a una compareciente que se negó a declarar en la Comisión de la Financiación de los Partidos

VALÈNCIA. La Mesa del Senado ha acordado hoy denunciar ante la Fiscalía General del Estado a Lucía Pascual, compareciente convocada por el PP a la Comisión de Investigación de la Financiación de los Partidos de la Cámara Alta ante la que se negó a responder a las preguntas del portavoz del grupo popular.

Con esta decisión, que responde a una petición cursada la semana pasada desde la propia comisión, el Senado pretende averiguar si la compareciente cometió "algún tipo de delito" al no contestar a las preguntas del senador del grupo popular Luis Aznar, según ha explicado el vicepresidente de la Cámara Alta, Pedro Sanz.

Lucía Pascual es una extrabajadora de la empresa valenciana Crespo Gomar, una firma situada en el centro de la supuesta trama de financiación irregular del PSPV-PSOE entre 2007 y 2011 que investigan varios juzgados y que ha centrado la atención del PP.

Son varios ya los testimonios recabados sobre esta trama por el grupo popular, que indaga las finanzas de los demás partidos desde la comisión de investigación creada hace año y medio en el Senado, y en la que no participan los demás grupos de la Cámara.

La denuncia se cursará mediante un escrito del presidente de la Cámara alta, Pío García-Escudero, a la titular de la Fiscalía General del Estado, María José Segarra, para que el Ministerio Público estudie el caso, bien en la propia Fiscalía General o dando traslado del asunto a la Fiscalía que corresponda.

La decisión de denunciar lo ocurrido el pasado 25 de octubre en la comisión se ha adoptado sin informe previo de los servicios jurídicos del Senado, como pidió en su momento el grupo socialista, pero según el grupo popular servirá para clarificar las obligaciones de los comparecientes citados por comisiones de investigación.

Porque aunque sí está claro que la ley les obliga a acudir si son convocados, hay más dudas al interpretar la manera en que deben declarar salvo que estén incursos en un procedimiento judicial, cuando tienen reconocido expresamente el derecho a no contestar para no verse perjudicados.

No es el caso de Lucía Pascual, que no está implicada en procedimiento judicial alguno, por lo que el PP entiende que la ley no ampara su silencio y ha optado por trasladar los hechos al fiscal.

El escrito enviado a la Fiscalía recoge el acuerdo aprobado el jueves pasado por la comisión, donde se recuerda que el deber de comparecencia regulado en la Ley Orgánica de 1984 sobre comparecencias ante comisiones parlamentarias de investigación está considerado como un "deber constitucional".

También alude al precepto del Código Penal según el cual quienes no comparezcan podrán ser castigados por el delito de desobediencia, y al Reglamento del Senado, donde se recoge el estatuto de los comparecientes.

Se considera que la comparecencia de Lucía Pascual estaba "justificada" por unos correos electrónicos intercambiados entre ella y la exsecretaria de Organización del PSOE en Benidorm Anabel Hallado, a quien la comisión ya recabó testimonio.

La comisión subraya que Lucía Pascual "decidió no colaborar" con este órgano y ante las diversas preguntas del portavoz del PP, Luis Aznar, incluidas algunas sobre "asuntos tan inocuos como la ciudad en la que reside", ella se limitó a decir: "No voy a contestarle".

En suma, la comisión entendió que la "comparecencia para informar" a la que alude la Ley Orgánica y la "presencia para declarar" que recoge el Reglamento del Senado "no han sido sustanciadas", y por ello pidió a la Mesa comunicar lo ocurrido al Fiscal para la adopción "de las acciones oportunas".