VALÈNCIA. El plan de la Generalitat anunciado hace ya año y medio para rejuvenecer el sector público no ha sido un éxito. Al menos, en su primera convocatoria. Sólo 92 personas se beneficiarán del llamado 'Programa 500' puesto en marcha por la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública que dirige Gabriela Bravo cuyo objetivo era ayudar económicamente a aquellos jóvenes que estuvieran preparándose unas oposiciones para acceder a la administración. Apenas un 20% de las becas que se pensaba conceder.
Un programa que el Consell del Botànic I se comprometió en el seminario de Gobierno de Castalla-Biar en 2018 a poner en marcha para incorporar "talento joven" a una administración valenciana en la que solo un 0,4% de los trabajadores tienen entre 18 y 29 años, y en la que se esperan en torno a 5.000 jubilaciones en los próximos años.
No en vano, el informe de los expertos del Consell para reformar la Ley de Función Pública de 2016 ya arrojaba algunas cifras alarmantes sobre el envejecimiento del sector público: cerca del 40% del personal de la Generalitat, un 39,6%, supera los 54 años mientras que en el otro 45,1% tienen una edad comprendida entre 42 y 53 años. Solo el 15,3% de éste personal, citaba el informe, cuenta con menos de 42 años y únicamente el 0,4% tiene una edad igual o inferior a 29 años.
Con estos mimbres, la anunciada como medida estrella del departamento de Bravo se basaría en la concesión de un máximo de 500 becas de 500 euros mensuales para menores de 30 años para sufragar los gastos ocasionados por la preparación de las pruebas selectivas para el acceso a la administración durante todo un año. Unas ayudas pensadas para servir de aliciente a las personas jóvenes que en muchas ocasiones ven esta posibilidad como una opción profesional remota o, en el peor de los casos, no pueden siquiera planteársela por su situación económica particular, ya que muchos necesitan compaginar estudios con un empleo a tiempo parcial para costear sus gastos.
Un buen planteamiento -pues el programa seguía las directrices de los expertos- que sin embargo se ha quedado a medio camino, ya que no se ha llegará a conceder ni un centenar de las becas previstas: 408 se quedarán en la caja de la Generalitat. Una situación que resulta anómala, ya que no suele ser habitual que las becas de estudios se queden sin otorgar, dado que es frecuente que exista mayor demanda que oferta.
Desde la conselleria explican que el principal problema ha sido que muchas personas no han aportado la "declaración responsable que especifíque que se están preparando para estas oposiciones y no otras" que deben presentar los aspirantes para obtener la beca. Éste documento debía ser firmado por el opositor y por aquellas personas que les estuvieran preparando para la convocatoria pública de empleo.
Conviene apuntar que la resolución todavía es provisional y quedan 10 días para que los aspirantes presenten alegaciones. Sin embargo, resulta llamativo que apenas se haya presentado medio millar de candidatos, que es el total de becas creadas por la administración para este programa. Esto es: 286 personas han quedado excluidas por no presentar la documentación requerida y 81 por incumplir los requisitos de la convocatoria. Dos cifras que si se suman a las 92 que sí han logrado ser beneficiarios de esta asignación de 500 euros, apenas suma 459 estudiantes.
Desde la Conselleria, no obstante, insisten en que no ha sido un problema de falta de publicidad al plan que fue presentado en las distintas universidades valencianas. "Ha sido intensa y suficiente", manifiestan fuentes oficiales. Además, el departamento de Bravo amplió en 12 días el plazo previsto para presentar solicitudes el pasado mes de agosto con el objetivo de que se presentaran más estudiantes o contaran con más jornadas para subsanar documentación errónea.
Otro de los factores que, explican fuentes oficiales, podría haber condicionado los resultados es la nota media que se requería -un 7 sobre 10- o el requisito de haber estado empadronado en la Comunitat Valenciana en los últimos cinco años. "Algunos estudiantes han estado viviendo en el extranjero y no han podido justificar que residieran aquí desde, al menos, 2014", aclaran.
