Los ediles del PSOE, Miguel Millana y Llanos Cano, a su llegada al salón de plenos, en imagen de archivo. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Alicante ha pedido este miércoles la dimisión del concejal de Infraestructuras, José Ramón González (PP), "al ser incapaz de sacar adelante el contrato de limpieza de centros escolares casi un año y medio después de su expiración, y no asegurar que no hay ninguna pega para el abono de los servicios prestados por el contrato de emergencia realizado hasta la fecha", según apuntan portavoces oficiales del partido, a través de un comunicado. En esta línea, se añade que "hemos de recordar que el servicio covid se presta por la misma adjudicataria que incumplió el anterior contrato, según las conclusiones de la comisión de investigación" sobre el funcionamiento de la contrata.
Según el PSOE, "a todo ello, se une que desde septiembre no se está abonando el servicio porque no hay claridad en el procedimiento; otra chapuza improvisada para parchear las ineficacias del gobierno municipal del alcalde, Luis Barcala". El comunicado incide en que, en el pleno de marzo, el concejal José Ramón González aseguró que se iba a pagar a la contrata en tiempo y forma. "No es verdad y no se ha procedido al pago; incumple sus compromisos de forma reiterada, por lo que le exigimos que deje un área que es incapaz de gestionar adecuadamente", indica la concejala Llanos Cano.
La edil socialista afirma que "a nuestro temor a que el retraso en la licitacion del nuevo contrato sea intencionado, debemos sumar nuestra preocupación por que los trabajadores y trabajadoras cobren por el trabajo realizado, ya que se siguen sin autorizar los pagos ante las deficiencias realizadas por el concejal responsable".
Fuentes consultadas por este diario precisaron que, por el momento, los empleados a cargo del servicio continúan percibiendo sus nóminas sin ningún retraso, aunque la empresa concesionaria (la UTE compuesta por Clece y Fissa) no ha percibido ingresos por el desarrollo de la prestación desde el pasado octubre. Como informó Alicante Plaza, el abono de las certificaciones mensuales sigue pendiente de que el departamento de Intervención emita su autorización, después de supervisar la documentación solicitada sobre la ejecución del servicio. Respecto a la nueva licitación, como también informó este diario, la previsión del equipo de gobierno es poder aprobarla antes del verano.
