VALÈNCIA, (EP). La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, pide la comparecencia en Les Corts Valencianes del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) de mantener la suspensión cautelar del decreto de plurilingüismo, han informado fuentes 'populares'.
Bonig solicita esta comparecencia para que el jefe del Consell explique qué medidas va a adoptar tras rechazar el TSJCV el recurso de paralización presentado por la Generalitat y que mantiene la suspensión del decreto de plurilingüismo.
"Ante la gravedad de los hechos --ha manifestado-- queremos que, vista la incapacidad manifiesta del señor Vicent Marzà para dirigir la educación valenciana, sea el presidente de la Generalitat quien explique qué alternativa plantea y qué instrucciones van a dar a la comunidad educativa ante el caos que han generado y el desconcierto que hay en estos momentos en la enseñanza valenciana, centros, familias y docentes, que no saben a qué atenerse".
Isabel Bonig ha justificado que "esta urgencia viene motivada por la falta de seriedad y nulo rigor de un gobierno chapucero que se ha empeñado en una cuestión que se está demostrando que es un chantaje a las familias".
"La suspensión cautelar provoca serios perjuicios a las familias en pleno proceso de admisión que ahora se ha visto suspendido. Todo el curso educativo está condicionado por una normativa paralizada y queremos que Puig venga personalmente a aclarar qué va a pasar y qué medidas piensan adoptar".
El alto tribunal valenciano ha decidido mantener la suspensión cautelar del decreto de plurilingüismo del Consell en enseñanza no universitaria al rechazar el recurso presentado por la Generalitat.
El pasado mes de mayo este órgano judicial suspendió cautelarmente el Decreto sobre plurilingüismo y aceptó, de esta forma, la petición que había realizado la Diputación de Alicante en el recurso que interpuso contra esta norma al considerar que "discrimina" a parte del alumnado.
Los magistrados explicaban que accedían a la medida cautelar del decreto --cuya aplicación práctica está prevista a partir del próximo curso escolar 2017-18-- al resultar "evidente que, de no suspenderse hasta que recaiga sentencia, un gran número de alumnos podrían ver sus derechos disminuidos en relación a la acreditación de idiomas".
En este sentido, que es la base argumental de la medida cautelar solicitada, apreciaban que, pese a lo que alega el letrado de la Generalitat, "existe una diferencia entre las acreditaciones de los idiomas en los niveles básico, intermedio y avanzado".
