La portavoz adjunta del PPCV, Eva Ortiz. Foto: EVA MAÑEZVALÈNCIA. El envite del PP contra la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, se le volvió en contra este martes. Una de las empresas señaladas en la denuncia contra Oltra por un presunto "fraccionamiento ilegal" de contratos menores y por la que la Fiscalía ha abierto diligencias de investigación penal fue fundada y pertenece al edil popular del Ayuntamiento de Elche Luis Ángel Mateo Miralles.
Un fleco que el partido que preside Isabel Bonig desconocía, según aseguró la denunciante y portavoz adjunta del grupo popular en Les Corts, Eva Ortiz, y que en el escrito de denuncia describen como "sociedad a la que reiteradamente se recurre para estos encargos". Servicios Integrales de Limpieza Net, SLU "resulta reiteradamente adjudicataria", recoge en otra ocasión el texto.
El propio concejal del PP de la ciudad alicantina, no obstante, salió este lunes en defensa de estas contrataciones y afirmó que no había "ningún tipo de irregularidad". "En teoría está contratando Compromís a un concejal del PP. Más transparente que eso no hay nada", zanjó el edil en declaraciones a Valencia Plaza.
Sin embargo, estas afirmaciones fueron contestadas por Ortiz, que sostuvo en la rueda de prensa posterior a la Junta de Síndics que en cualquier caso tendrá que ser la Fiscalía la que determine si se ha producido "una irregularidad o no". En concreto, será Vicente Torres el fiscal anticorrupción que estudie toda la documentación y expedientes presentados para determinar si hay consistencia para pedir al juez -en este caso sería al Tribunal Superior de Justicia al estar aforados los denunciados- la apertura de una instrucción.
Ortiz, quien confesó a este diario que se había enterado por Valencia Plaza de la participación del concejal del PP en la compañía, defendió la denuncia de su partido alegando que no entrarían a cuestionar qué empresas se podían "haber beneficiado o no con estos contratos menores", sino que lo que cuestionan con esta denuncia es el procedimiento seguido "porque parece un modus operandi, y el enriquecimiento injusto o contratos menores no son ilegales, pero deben utilizarse en casos excepcionales y no como norma".
Incluso, la también secretaria general del PPCV avanzó que no descartaba ampliar la denuncia con la documentación relativa a 2017, ya que la que ahora estudia Vicente Torres pertenece al ejercicio anterior. "Quien me conoce sabe que no doy un paso atrás nunca", afirmó Ortiz en referencia a las declaraciones que minutos antes había realizado la portavoz del Gobierno valenciano. Mónica Oltra aseveró que la última persona que le había denunciado había "terminado en la cárcel por ladrón".
"No será la última denuncia, no me van a intimidar y vamos a poner cualquier cosa que no veamos clara a disposición de la justicia porque es nuestra obligación y la de cualquier ciudadano", le respondió Ortiz.
