Francisco Camps. Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. El PP valenciano mira con algo más que preocupación este 2018 que tan solo acaba de empezar. Isabel Bonig, la líder de los populares, tiene grabado el sufrimiento que supuso la utilización constante de la corrupción por parte de la izquierda, hasta el punto de hacerle perder las elecciones autonómicas y buena parte de las municipales. Para su desgracia, en el año preelectoral y hasta los comicios de mayo de 2019, en materia judicial el PPCV tiene un año muy complicado, con media docena de juicios con exdirigentes populares en el banquillo que supondrán una oportunidad de oro para el tripartito de recordarle a la lideresa que ese pasado reciente tan corrupto va a estar muy presente.
La sucesión de procesos judiciales que han estado instruyéndose en los últimos años afectan a los ocho años de Gobierno de Francisco Camps, quien solo está investigado en en caso Valmor, aún en fase de instrucción. Él no se sentará, pues, en los banquillos, pero sí buena parte de las cúpulas que el presidía, tanto del partido como del Consell. La del partido se sentará en unos días en el banquillo de la Audiencia Nacional por el caso Gürtel.
Ximo Puig y Mónica Oltra tienen así parte del trabajo hecho, solo tienen que esperar a que dé sus frutos un trabajo que en algunos casos empezó con denuncias de sus partidos.
Pero no solo eso, más allá de las causas judiciales ya abiertas, los principales problemas para la líder popular, estriban, por un lado, en la posibilidad de que le imputen a más diputados, y por otro, en conseguir deshacerse de los concejales y asesores del Ayuntamiento de València investigados con un tiempo de reacción político razonable. Su esperanza es poder hacerlo antes del verano.
Hay media docena de juicios que se esperan para este año que, sin ningún género de dudas, acapararán la atención mediática. El primero de ellos es la pieza más importante del caso Gürtel, que comienza este 15 de enero y sienta en el banquillo a 19 personas por la presunta financiación irregular del PP valenciano cuando Francisco Camps era presidente de la Generalitat. Entre los acusados destacan el ex vicepresidente del Consell Vicente Rambla, el ex secretario general del PPCV Ricardo Costa -absuelto junto a Camps en el juicio de los trajes-, la mano derecha de éste en el PPCV, David Serra, y la exgerente del partido Cristina Ibáñez. Este juicio cuenta con el aliciente de que las empresas ya han pactado con la Fiscalía Anticorrupción penas inferiores a dos años de prisión a cambio de reconocer que ayudaron al PP a ‘doparse’ para las elecciones.
El juicio por la supuesta trama de corrupción política y empresarial relativa al contrato para la recogida y tratamiento de basuras en Orihuela, origen del llamado caso Brugal, se iniciará en febrero de 2019, pues la agenda de señalamientos de la sección séptima de la Audiencia Provincial de Alicante "está completa" para 2018, según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). El calendario incluye numerosas sesiones de vistas a partir del 23 de abril que se prolongarán hasta final de año, incluidos los días 2, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29 y 30 de mayo y 4, 5, 6 de junio. Las elecciones son el 9 de junio.
Hay 34 acusados, de los cuales 15 han tenido o tienen en la actualidad la condición de autoridad o funcionarios públicos, como los exalcaldes oriolanos José Manuel Medina y Mónica Lorente, ambos del PP, y siete exediles de la corporación. El principal implicado es el empresario Ángel Fenoll, para el que la Fiscalía Anticorrupción reclama penas que suman 37 años y 8 meses en el escrito de acusación provisional que presentó en mayo del pasado año. Para José Manuel Medina pide 12 años de prisión y ocho para Mónica Lorente, también del PP durante su mandato.
El ministerio público les considera autores, cooperadores o cómplices de delitos de prevaricación, fraude, cohecho, negociaciones prohibidas a funcionarios, tráfico de influencias, revelación de secretos y de información privilegiada, delito electoral, asociación ilícita, extorsión e intento de coacciones.
El juzgado de lo Penal número 6 de Alicante ha fijado el próximo 7 de mayo como día para el inicio del juicio oral contra el exalcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, y otras tres personas por delitos de fraude a la Hacienda Pública y cohecho impropio.
Alperi está acusado de tres delitos de fraude a la Hacienda pública por presuntamente no haber pagado el IRPF en los años 2007, 2008 y 2010 en una cuantía que excede en cada ejercicio los 120.000 euros, así como por un delito de cohecho.
Junto a Luis Díaz Alperi están citados como acusados Antonio Solana Yáñez, Antonio Moreno Rodríguez, Taller de Contabilidad SA, Andrarx Business SL, Birmingan Iversiones SL y Javier Palacio López.
El juez ya ha señalado el camino del banquillo de los acusados para los dos últimos alcaldes del PP en la ciudad de Alicante, Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, y les aboca a tener que sentarse junto a su empresario de referencia, Enrique Ortiz. Los tres, junto a otros siete investigados, quedan expuestos a juicio por los delitos de tráfico de influencias, revelación de información privilegiada y cohecho como presuntos protagonistas de una trama que moduló la planificación urbanística de la ciudad en beneficio del controvertido constructor.
Los recursos de Castedo, Ortiz y Alperi a este auto ya han sido rechazados por la Audiencia Provincial de Alicante. Es decir, sólo falta saber la fecha de la vista.
Durante este 2018 también tiene una cita con la Justicia el exconseller Rafael Blasco. Piden para él 16 años de cárcel por los delitos de malversación, prevaricación, falsedad y asociación ilícita dentro de dos de las piezas separadas de las que se compone el caso Cooperación por presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones a ONG's y en la construcción de un hospital en Haití. Blasco está actualmente en prisión por la primera de las piezas del Caso Cooperación.
El ex vicealcalde de Valencia Alfonso Grau, en lo que para él será su annus horribilis después de haber sido absuelto en el caso Nóos, tendrá que responder a una petición de 6 años de cárcel por cohecho y blanqueo de capitales. La Fiscalía sostiene que recibió varios relojes de alta gama como regalo de un empresario, relojes que después cambiaba por otros más caros en una conocida joyería valenciana pagando la diferencia para así blanquear dinero B.
Se espera también que el caso Palau, en el que se ha investigado un presunto fraude en el Palau de les Arts Reina Sofía de València llegue a juicio, ya que el juez instructor ha dictado ya la apertura de de juicio oral.
Los acusados son la exintendente del coliseo valenciano Helga Schmidt, que se enfrenta a una pena de siete años y medio de cárcel; el ex director financiero del coliseo Ernesto Moreno, al que piden ocho años de prisión; el expresidente del consejo de administración de Patrocini —empresa vinculada al Palau y dedicada a captar patrocinadores— José Antonio Noguera Puchol, para el que piden siete años de cárcel, y los empresarios Joaquín Maldonado y Pablo Broseta , para los que se solicitan siete años de cárcel para cada uno.
Si hay en ciernes un tema judicial que lleva de cabeza a Bonig es el caso Taula. La pieza más mediática, la conocida como pieza del pitufeo -presunta financiación ilegal del partido en pequeñas cantidades- está encarando su recta final. En ella se investiga por un lado el posible blanqueo de 50.000 euros en el seno del grupo municipal para la campaña del 2015 y, por otro, el ‘dopaje’ electoral sistemático del PP de Rita Barberá al menos desde el año 2007. En esta pieza están imputadas 50 personas, incluyendo a todos los actuales concejales y asesores populares excepto uno, la tesorera del PP nacional Carmen Navarro, el exvicealcalde Alfonso Grau, la exconcejal María José Alcón y la exsecretaria del PP Mari Carmen García-Fuster.
Bonig espera como agua de mayo el auto de apertura de juicio oral, pues los concejales imputados aseguran que cuando lo tengan se irán. La líder valenciana descuenta los días, pues el boicot de los pitufos a la gestora dirigida por Luis Santamaría es más que evidente. Pero además a la pasividad de Génova y los constantes palos entre las ruedas hay que sumar que cada día hay menos tiempo para recomponer el PP de la ciudad de València. En julio termina la prórroga firmada por el juez para investigar pero la instrucción está yendo rápida y podría acabar antes.
Además de enfrentarse a juicios e instrucciones judiciales del pasado, Bonig mira con preocupación el resultado de los juicios ya celebrados y que bien están a falta de sentencia, como es el caso de Emarsa, que juzgó el saqueo de la depuradora de Pinedo, o bien ya tienen sentencia pero falta el fallo del Supremo sobre los recursos, como son el juicio de Fitur o el caso Nóos.
Respecto a posibles nuevas imputaciones, tanto en el caso Púnica como en Taula hay varios nombres que podrían pasar a engrosar la lista de la ignominia hasta ahora solo compuesta por nombres de la era Camps, y que de hacerse realidad supondrá una munición extra para el tripartito que, por ahora, espera sentado a que al barco capitaneado por Bonig se le sigan abriendo más vías de agua.
Dentro de la operación Púnica es posible la imputación del diputado popular Víctor Soler, por su relación y los contratos firmados en Gandia con la trama corrupta. El PSPV ha solicitado que le citen como investigado, pero la causa tiene tal volumen que el juez todavía no se ha inhibido en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV).
Otros dirigentes que podrían verse salpicados son el exvicepresidente de la Generalitat y actual diputado autonómico y presidente del PP de Alicante, José Císcar, que presuntamente contrató a un zombie -persona que no trabaja en el sitio donde le han contratado-, y la actual diputada y portavoz de Educación del PP, Beatriz Gascó, quien según un informe policial fue una zombie en la empresa pública Ciegsa.
Junto a ellos, el caso Lezo desde Madrid también sobrevuela el pasado del PP valenciano. Un informe aportado por la Unidad Central Operativa (UCO) en Púnica, y publicado por El Confidencial, explica que el expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana podría haber cometido tráfico de influencias al mediar con la exalcaldesa de Madrid Ana Botella para que contratara con las empresas investigadas.
