MADRID (EP). El PP ha condicionado la supresión del requisito del voto rogado que se exige a los españoles residentes en el extranjero a que la alternativa que se apruebe ofrezca garantías equivalente a las que se aplican en España para el voto por correo o la delegación de trámites
Desde 2011, el voto rogado obliga a los españoles residentes en el exterior a solicitar previamente el voto en cada convocatoria de generales, autonómicas y europeas, si bien este sistema viene haciendo caer en picado la participación de los inscritos en el Censo de Residentes Ausentes (CERA).
Es por ello que todos los grupos parlamentarios coinciden en que es necesario dar una solución a este sistema con idea de que uno nuevo pueda estar listo antes de las elecciones autonómicas y europeas previstas para la próxima primavera.
El Gobierno ya trasladó a finales de octubre al Congreso el informe comprometido por el ministro del ramo, Josep Borrell, con algunas sugerencias para acabar con el voto rogado. En concreto lo hizo a la subcomisión parlamentaria encargada de estudiar una posible reforma de la Ley Electoral.
Aunque dicho informe tuvo una buena acogida entre los grupos, según comentó el portavoz del PSOE en la Comisión Constitucional, Gregorio Cámara, desde el PP cuestionan algunas de las medidas incluidas en ese documento por considerar que no ofrece suficientes garantías.
El informe redactado por los Ministerios de Exteriores, Interior y Migraciones, en colaboración con la Oficina del Censo Electoral y el propio Cámara, apuesta por eliminar directamente la exigencia del ruego del voto y, además, establece que los electores emigrados reciban toda la documentación electoral "con tiempo suficiente" para poder votar --se ganarían "17 días"--, y que se les adelante una papeleta en blanco donde podrán escribir su opción política.
Según esta propuesta, los electores tendrán que esperar a conocer todas las candidaturas, que se les facilitará a través la página web del Ministerio de Exteriores, vía telefónica o a través de la oficina consular correspondiente, antes de poder emitir su voto.
Y para votar, seguirán teniendo dos opciones: bien acudir presencialmente al Consulado o legación, para lo cual tendrán cuatro días en lugar de dos como actualmente, o hacerlo por correo ordinario, sin la exigencia de que sea certificado, garantizando así la gratuidad absoluta del voto.
Pero el PP no ve suficientes garantías de que, sin el voto rogado, la documentación electoral sea recibida efectivamente por el emigrante y no por otra persona, ni de que el votante del exterior sea realmente quien deposita la papeleta en una sede no oficial de España.
Los 'populares' rechazan también la propuesta de la papeleta en blanco por falta de seguridad, pero sí apoyan la idea de ampliar los días para recibir la documentación electoral y para poder recibir la documentación. Es más, plantean que las papeletas con las candidaturas se envíen incluso antes de que se acaben de resolver los últimos recursos que puedan recibir y que se amplíe la red de 'colegios' para votar en el extranjero aprovechando oficinas del Instituto Cervantes u otros centros oficiales.
Otra de las propuestas del PP, según explicaron a Europa Press fuentes de partido, pasa por que los envíos al exterior no se realicen desde la Oficina del Censo Electoral, como actualmente, sino que se envíe por valija diplomática para asegurar así que esa documentación llegue a su destino en 48 horas.
Los 'populares' abogan, además, por que los españoles en el extranjero se inscriban en una delegación diplomática y comuniquen su intención de votar en los próximos cuatro o cinco años, lo que permitiría que la red exterior les tenga fichados y tenga un domicilio claro donde enviarles la documentación.
El partido de Pablo Casado defenderá estas propuestas durante la reunión que la subcomisión electoral ha convocado para este lunes en el Congreso con idea de seguir buscando consensos en torno a una alternativa al voto rogado.
La idea inicial de la subcomisión es que cualquier modificación en este sentido pueda estar lista para las elecciones europeas y autonómicas de la próxima primavera --como así sugirió el presidente Pedro Sánchez--, para lo cual la reforma electoral en este sentido debería estar concluida, como muy tarde, en enero.
