VALÈNCIA. La ponencia económica del PPCV de cara al próximo congreso que tendrá lugar entre el 31 de marzo y el 2 de abril integra un amplio apartado sobre política fiscal. Así, tal y como anunció el lunes la presidenta regional, Isabel Bonig, la formación popular tiene entre sus objetivos "reformar el impuesto sobre la renta y restablecer la bonificación del impuesto sobre sucesiones y donaciones hasta el 99%", para, según dijo, asegurar que si en 2019 el PPCV vuelve a la Generalitat "la gente no pagará por este impuesto".
En este sentido, en el documento se califica este gravamen de "ideológico e injusto" porque "grava cosas que se han tributado varias veces anteriormente, desincentiva el ahorro y la principal fuente de transmisión de riqueza en la clase media, el piso de padres a hijos".
No es la única propuesta en el ámbito fiscal que resulta relevante. En el punto 49 de la ponencia los populares se comprometen a "estudiar" dentro de la reforma tributaria "una escala de tipos en función de la base imponible en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) fomentando el principio constitucional de capacidad económica y progresividad fiscal". Un término éste -usado por los partidos del Pacto del Botánico a menudo-, que hasta ahora la formación que lidera Bonig no se había animado a introducir y que ahora aparece reflejado dentro de las propias líneas generales de la ponencia: "Desde el PPCV abordaremos una reforma tributaria inspirada en los principios de justicia y progresividad".
El ITP, que se paga sobre todo en la transmisión de inmuebles, es ahora del 10% del precio de la compraventa, sea cual sea este. Con la progresividad, el tipo impositivo sería más alto cuanto mayor fuera el precio, igual que ocurre con el Impuesto sobre la Renta.
En esta línea, también se califica de "injusto" y, en este caso, "confiscatorio" ya que a su juicio supone "una doble imposición" el Impuesto sobre el Patrimonio. Así, los populares proponen "estudiar la progresiva revisión" de este gravamen para "equilibrar el impacto que tenga en las arcas públicas con el que sufren los sujetos pasivos, todo ello para no penalizar ni el ahorro ni la inversión".
También destaca en el documento de los populares, todavía sujeto a enmiendas, el punto que promete el impulso a una reforma de la ley de tasas para que los valencianos "con menos recursos y los colectivos vulnerables puedan quedar exentos del pago de las tasas que se determinen", una propuesta de carácter social próxima al tripartito del Pacto del Botánico. Además, aprovechan para añadir su posición contraria a "cualquier establecimiento de una tasa que grave el turismo".
En cuanto a otras medidas de carácter económico, uno lo de los puntos interesantes de la ponencia es el que se centra en los autónomos. Así, los populares proponen implementar por parte del Consell algunas medidas, como la de la Tarifa Plana de los autónomos de 50 euros que está en trámites parlamentarios para pasar de seis meses a un año. Sobre esto, desde el PPCV proponen "ampliar a 18 meses" la citada tarifa en la cotización de los nuevos autónomos a la Seguridad Social a través de un complemento autonómico.
Además, también solicitan "poner en marcha la cuota cero durante 12 meses para jóvenes menores de 30 años que se den de alta en el RETA, de forma que la actual cotización que deben sufragar durante los primeros 12 meses de actividad quede plenamente subvencionada por el Consell". En esta línea, también instan a "poner en marcha un Plan de Relevo Generacional para fomentar la sucesión de la micro-pyme, el pequeño comercio y el trabajador autónomo para aquellas empresas que se ven obligadas a cerrar su persiana y no lo hacen por no ser viables y solventes, sino por falta de continuidad y de relevo generacional en las mismas".
El texto de la ponencia es amplio y detallado en muchos aspectos, si bien algunos puntos son discutibles en su esencia ante la mochila que los populares dejaron tras sus dos décadas de gobierno. Así, el punto 76 refleja: "Hay que tener muy presente que endeudarse es equivalente a cargar en los jóvenes (futuros contribuyentes) los gastos del presente. Es necesario establecer límites tanto al volumen del déficit público como de endeudamiento, marcando como objetivo un presupuesto estructural equilibrado". Una afirmación sin duda valiosa pero que no impide recordar que tras los mandatos del PP la Generalitat se mueve en una deuda de unos 44.700 millones de euros.
Tampoco parece muy afortunado si se relaciona con la gestión de los populares valencianos su punto 78, en el que se explica: "El sistema de concesiones y las implicaciones a medio y largo plazo a menudo no son suficientemente transparentes respecto al impacto financiero a medio y largo plazo. Clarificar y dar a conocer los mismos se considera de gran utilidad pública".
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