Vicent Soler, conseller de Hacienda, y Mónica Oltra, vicepresidenta. Foto: MARGA FERRERVALÈNCIA. Primera advertencia formal del Gobierno central a la Comunitat por el déficit. El Ministerio de Hacienda ha alertado al Consell de que este año ya no solo volverá a incumplir el objetivo de déficit, sino que a la vista del ritmo desbocado de gasto del primer trimestre la desviación al final del ejercicio puede ser histórica. Por ello, el departamento que dirige en funciones María Jesús Espinosa exige medidas que permitan una "contención de gasto significativa" hasta cerrar el año.
Así lo pone de manifiesto en el informe de seguimiento del Plan Económico Financiero (PEF) 2018-19 de la Comunitat del primer trimestre, en el que alerta de desviaciones relevantes respecto a las previsiones remitidas por la Comunitat, que se comprometió a aplicar medidas para aumentar los ingresos en 250 millones y contener los gastos en 192 millones. Cumplir el tope de déficit de este año, fijado en el -0,1% del PIB, requeriría un recorte de 1.450 millones respecto a la desviación con la que acabó 2018, un objetivo del todo inalcanzable.
Los gastos no financieros, según advierte el Ministerio de Hacienda, aumentan nada menos que un 7,89% al cierre de marzo, "tasa muy superior a la prevista para el cierre del ejercicio del 1,67%". Por ello, el Gobierno central considera que la situación "exige intensificar los esfuerzos" en los tres trimestres restantes del ejercicio ante el "elevado riesgo de incumplimiento del objetivo de estabilidad". En el informe de seguimiento, además, el Ministerio de Hacienda reprocha al Consell que haya presupuestado unos gastos para 2019 basados en una previsión irreal de 1.575 millones del sistema de financiación que no están garantizados.
La advertencia ya ha surtido efecto en Hacienda. Según explican fuentes de la conselleria de Vicent Soler, todos los departamentos de la Generalitat han comenzado a analizar la ejecución en lo que va de ejercicio para determinar en qué partidas se puede cortar el gasto. La situación se ve agravada, además, por la incertidumbre que genera un Gobierno central en funciones con las los Presupuestos Generales del Estado (PGE) prorrogados.
A parte de no haberse podido beneficiar de las mejoras previstas en el frustrado proyecto de presupuestos del Gobierno de Pedro Sánchez, que incluía medidas como los 281 millones del IVA de 2017 que se les debe a las autonomías o una capacidad de endeudamiento adicional de 237 millones por la relajación del déficit, tampoco se han actualizado las entregas a cuenta del sistema de financiación para este año, 450 millones en el caso de la Comunitat.
La evolución del gasto entre enero y marzo está condicionada sobre todo por el incremento en 128,71 millones de los gastos de personal (capítulo 1), un 10,43% más. La Comunitat justifica ante el Ministerio de Hacienda que en la comparación respecto al año anterior se produce una distorsión porque, mientras en 2018 el incremento general retributivo del 1,75% no tuvo efecto hasta el mes de julio, este año la subida ha sido del 2,25% y se aplica desde enero.
Además, en la comparación también hay que tener en cuenta que este año se han pagado 32 millones de euros por los salarios del personal del Departamento de Salud de la Ribera que en el primer trimestre del año anterior no aparecían, ya que el contrato de la concesión del Hospital de Alzira acabó el 31 de marzo.
Destaca también un "incremento importante" del gasto en transferencias corrientes (capítulo IV), que suben un 11,3% (88,24 millones de euros), muy por encima de los 19,25 millones de euros que la Conselleria de Hacienda incluyó en sus previsiones iniciales.
De nuevo en este caso, el Consell lo justifica por el incremento general retributivo, en este caso de las plantillas de las empresas públicas, que tiene como efecto un incremento en las transferencias de la Generalitat a las entidades.
Militantes de Madrid, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura reclaman un sistema justo y multilateral
