MADRID (EP). El Gobierno remitirá esta semana a Bruselas el Programa de Estabilidad 2020-2023, junto al Plan Nacional de Reformas, e incluirá la actualización del cuadro macroeconómico con una importante revisión de las previsiones por el impacto de la crisis sanitaria del Covid-19, así como las medidas proyectadas por el Ejecutivo para paliar los efectos de la crisis. El nuevo Programa de Estabilidad, que se debe remitir a Bruselas antes del 30 de abril, incluirá la actualización de las previsiones macroeconómicas y el escenario fiscal a medio plazo recogiendo por primera vez el impacto de la crisis del Covid-19, junto a la agenda de reformas y las medidas presupuestarias aprobadas y previstas a corto plazo por el Ejecutivo.
La vicepresidenta tercera de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nada Calvo, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, señalaron esta semana que conforme se acercase la fecha de su remisión se estaría en disposición de hacer una primera previsión "tentativa" del posible impacto de la crisis sanitaria y del confinamiento derivado del estado de alarma en las cifras macroeconómicas de la economía española, ya que las actuales previsiones han quedado "totalmente desfasadas".
En concreto, tras crecer España un 2% en 2019, por encima de la media de la zona euro, el Gobierno rebajó en febrero su previsión de crecimiento para este año al 1,6% y elevó su estimación de tasa de paro al l3,6% en el cuadro macro que acompañaba el ya descartado proyecto presupuestario de este año. Para el resto de ejercicios auguraba un avance del PIE del 1,5% en 2021, el 1,6% en 2022 y el 1,7% en 2023, con unas tasas de paro del 13%, el 12,6% y el 12,3%, respectivamente.
Además, calculaba que el déficit cerraría este año en el 1,8%, para bajar al 1,5% en 2021, al 1,2% en 2022 y al 0,9% en 2023, en paralelo a una reducción de la ratio de deuda pública sobre PIE, que disminuiría al 96,6% del PIE este año y seguiría cayendo hasta el 93,4%, el 91,7% y el 89,8% los tres siguientes ejercicios.
Sin embargo, Calvo y Montero han admitido que estas previsiones han quedado "totalmente desfasadas" debido al impacto de la pandemia y las medidas de confinamiento y restricción de la actividad laboral, por lo que las nuevas previsiones recogerán una caída del PIE este año y un notable aumento del déficit y la deuda como consecuencia de la caída de la recaudación y el aumento de los gastos derivado de las medidas para paliar los efectos de la crisis.
Desde el Gobierno han señalado no obstante que las previsiones serán prudentes dada la elevada incertidumbre sobre la duración de la crisis sanitaria y por consiguiente del estado de alarma, prorrogado hasta el 9 de mayo, y las medidas de restricción. En cualquier caso, todos los organismos y centros de estudios nacionales e internacionales han pronosticado caídas históricas de la economía española como consecuencia del Covid-19, mayores incluso que las registradas durante la crisis de 2008.
El Banco de España cuantifica la caída del PIB este año entre el 6,6% y el 13,6%, en tanto que el FMI y el BBVA la cifran en un 8% y Funcas en un 7%, aunque para el próximo año prevén crecimientos: Banco de España entre el 5,5% y el 8,5%, FMI un 4,3%, BBVA un 5,7% y Funcas un avance del 5,4%. En cuanto al paro, el consenso de los organismos apunta a una destrucción de alrededor de 900.000 puestos de trabajo, sin contar los ERTE, con una tasa de paro de entre al 18,8% y el 20,8%.
Dado que las previsiones macroeconómicas y de estabilidad presupuestaria han quedado sustancialmente modificadas por la crisis del Covid-19, Montero ya avanzó esta semana que el Gobierno renuncia finalmente al proyecto de Presupuestos de 2020 por lo que, una vez se disponga de perspectivas macroeconómica, se presentará una nueva senda presupuestaria para presentar "en tiempo y en forma" directamente los Presupuestos de 2021.
Las nuevas cuentas públicas se configurarán conforme a los puntos de acuerdo que se alcancen en el pacto de reconstrucción lanzado por el Gobierno para alcanzar un consenso con partidos políticos, agentes sociales, comunidades autónomas y entes locales de cara al relanzamiento del tejido productivo y las medidas a implementar para salir de la crisis derivada del coronavirus.
Así, el Gobierno informará a Bruselas de las medidas presupuestarias que prevé acometer para paliar la crisis y de las ya implementadas, con un primer paquete en marzo con aplazamiento de tributos y ayudas a turismo, entre otras, que movilizó 18.225 millones o un segundo que prevé hasta 200.000 millones movilizados mediante avales públicos, la moratoria hipotecaria y otras iniciativas como la prohibición de cortar suministros. También deberá dar cuentas sobre el decreto con 54 medidas complementarias que incluyó la suspensión de desahucios seis meses, la prórroga de contratos de alquiler y ayudas, el aplazamiento de cuotas para autónomos y pymes o un subsidio de 431 euros para temporales parados u otro para empleadas del hogar.
Asimismo, esta semana ha aprobado otro paquete con más de 30 medidas para ampliar la preferencia del teletrabajo, las sanciones por ERTE fraudulentos, los mecanismos para el acuerdo de moratorias en los alquileres de locales o nuevas medidas de flexibilidad fiscal, junto al IVA cero a la compra de productos sanitarios para centros hospitalarios o la bajada del 21% al 4% del IVA de libros y prensa digital.
Junto a estas medidas, en mayo verá la luz el ingreso mínimo vital para un millón de familias y podrían darse más pasos para el colectivo de pymes y autónomos, además de que Montero ya ha adelantado que se avanzará en materia de "progresividad" fiscal, mientras llega la tramitación parlamentaria de las tasas 'Tobin' y 'Google'. Ante la caída de ingresos públicos y el aumento del gasto público derivado del Covid-19 previsiblemente el déficit y la deuda volverán a dispararse a niveles de años anteriores, si bien Bruselas ya ha confirmado que dará flexibilidad respecto a las exigencias de estabilidad presupuestaria.
Cada año, todos los Estados miembros de la Unión Europea tienen que presentar antes del 30 de abril ante la Comisión Europea sus Programas Nacionales de Reformas (PNR) y sus Programas de Estabilidad con el objetivo de coordinar las políticas económicas nacionales y lograr los objetivos establecidos para la Unión Europea en su conjunto.