Mariano Rajoy y Ximo Puig, en una visita del Presidente de la Generalitat a La MoncloaVALÈNCIA. Oscuro horizonte para la 'ley antidesahucios' del Consell. El Gobierno de España, tal y como avanzó este viernes Valencia Plaza, aprobó Consejo de Ministros presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el grueso de la Ley por la Función Social de la Vivienda, al considerar que invade las competencias estatales. Pero la cosa no quedó ahí.
El Ejecutivo también aprobó instar al Tribunal Constitucional a que suspenda de forma cautelar los artículos recurridos, una petición que el TC atiende por norma general cuando admite a trámite un recurso si existe la petición expresa por parte del Gobierno Central. Y tal es el caso.
"La impugnación se produce con expresa invocación del artículo 161.2 de la Constitución a fin de que se produzca la suspensión de los mencionados preceptos", subrayó este viernes el ejecutivo de Mariano Rajoy al aprobar la medida.
De este modo, salvo notoria sorpresa, la previsible estimación del del recurso del Gobierno por parte del Constitucional vendrá de la mano de la suspensión cautelar de los artículos 5.3 (letra b), 6.1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 23 (apartados 1, 3 y 5), 30, 31, 33 (apartado 2 y apartado 3, letras b y g), Anexo I y Anexo II, que constituyen la esencia de la Ley valenciana del 3 de febrero de 2017 por la Función Social de la Vivienda.
Precisamente el TC estimó el pasado mes de octubre el recurso contra la Ley catalana de Medidas de Protección del Derecho a la Vivienda, de contenido muy similar a la valenciana. Lo mismo ocurrió en 2013 con el Decreto-Ley andaluz de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda, que finalmente fue tumbado por el tribunal en 2015 con el argumento de que la norma autonómica constituía "un obstáculo significativo para la eficacia de la medida de política económica que el Estado disciplina en la Ley 1/2013”.
La Ley por la Función Social de la Vivienda de la Comunitat, aprobada a finales del mes de enero de este año, fue la primera de las nuevas leyes del Ejecutivo de Ximo Puig en ser aprobada por Les Corts. Salió adelante con los votos de todos los grupos políticos menos el PP e ignorando las advertencias de inconstitucionalidad realizadas previamente por el Consel Jurídic Consultiu (CJC).
La norma permite a determinados afectados por un lanzamiento hipotecario pedir a la Generalitat que interceda por ellos para evitar que los saquen de la vivienda, y además contempla la creación de un Registro de Viviendas Deshabitadas -propiedad de grandes tenedores- para ponerlas a disposición de quienes carecen de residencia. Ambas cuestiones, que ya estaban dando resultados al Consell, se encuentran en el articulado recurrido por el Gobierno.
La consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, tildó este viernes el recurso de "ataque directo del Gobierno de Rajoy al derecho de los valencianos a una vivienda digna", un derecho fundamental "reconocido en el Estatuto de Autonomía y en la Constitución Española, además de estar también en la Declaración Universal de Derechos Humanos".
Según la titular de Vivienda, "el Ejecutivo alega que esta materia es una competencia exclusiva del Estado", cuando "ni ha aprobado una verdadera ley de segunda oportunidad ni legisla de manera eficaz para garantizar los derechos sociales, como el derecho al acceso a la vivienda para los colectivos más necesitados".
Por contra, fuentes gubernamentales replican que el Ejecutivo sí está actuando en la materia. "87.000 familias se han beneficiado de las medidas que está adoptando el Gobierno para frenar los desahucios y proteger a los más vulnerables, tales como la moratoria hipotecaria, que ha propiciado la suspensión de 27.400 desahucios; las 42.572 restructuraciones de deuda facilitadas y las más de 7.300 donaciones en pago; así como la realización de más de 9.000 contratos de alquiler por parte del Fondo Social de Vivienda", destacan.
