Cristóbal Montoro, el pasado martes. Foto: EFE/Juan Carlos HidalgoVALÈNCIA (VP/EP). Cuatro horas de reunión y los expertos salieron como habían entrado, con la sensación de que el Gobierno de Mariano Rajoy no tiene ninguna prisa por reformar el modelo de financiación autonómica. Así transcurrió este jueves en Madrid la segunda reunión del Comité Técnico Permanente de Evaluación del Sistema de Financiación Autonómica.
Una reunión -a la que asistieron los representantes valencianos, José Antonio Pérez y Rafael Beneyto- que en teoría iba a servir para que el Ministerio de Hacienda presentara una propuesta, tras conocer la de las 15 CCAA de régimen común -todas excepto País Vasco y Navarra-, pero en la que la representante del Ejecutivo central y presidenta del Comité Técnico, Belén Navarro -secretaria general de Financiación Autonómica y Local- no solo no presentó propuesta alguna sino que tampoco entró a valorar las de las CCAA.
En lugar de eso, el Ministerio de Hacienda, que es el que fija el orden del día, cambió el esquema de trabajo acordado en la reunión constitutiva del Comité Técnico, de forma que se empezó por tratar aspectos muy técnicos sobre modificación de impuestos. La idea, según fuentes de la Generalitat era tratar primero la suficiencia de las Comunidades para atender los servicios básicos y ver cuántos fondos adicionales se necesitan, para después entrar a estudiar la reforma impositiva que permita recaudar esos fondos.
El conseller de Hacienda Pública y Modelo Económico, Vicent Soler, constató y lamentó en declaraciones difundidas por su departamento "el incumplimiento por parte del Gobierno central de la promesa que hizo Rajoy a los presidentes autonómicos, en el sentido de que antes de finalizar 2017 habría nuevo modelo de financiación". Asimismo, criticó que, "a fecha de hoy, y a diferencia de lo que han hecho las comunidades, el Gobierno no ha dado su opinión sobre el informe de los expertos ni ha planteado su propuesta alternativa sobre el modelo de financiación.
Poco antes de la reunión del Comité Técnico, el president de la Generalitat, Ximo Puig, advertía sin demasiado éxito que el Consell "no va a admitir bajo ningún concepto las dilaciones" que se están planteado en la reforma del sistema de financiación autonómica ni que en las negociaciones no se aborde la deuda histórica.
Puig, tras presidir la reunión de la Mesa de Diálogo Social de la Comunitat Valenciana, recalcó, ante la reunión del comité técnico del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que no tolerarán "más dilaciones" ya que la reforma "debe culminar el próximo año".
Asimismo, destacó que el diálogo social permitió una convocatoria "masiva" y "unitaria" de la Comunitat Valenciana para exigir una financiación justa con la celebración de una manifestación el pasado 18 de noviembre y esa unidad "nos ayuda en estos momentos de negociación".
Puig admitió que la negociación es "complicada" pero insistió en que "no se admitirá bajo ningún concepto ni las dilaciones ni que no se hable de todo lo que hay que hablar como es la deuda histórica, de la compensación en diferido o como se quiera llamar".
Por su parte, la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) encargará un informe a expertos para que determinen con exactitud a fecha de hoy qué parte de la deuda de la Comunitat Valenciana es consecuencia de una mala financiación. El presidente de la CEV, Salvador Navarro, tras asistir a la reunión de la Mesa de Diálogo Social de la Comunitat Valenciana, explicó que la propuesta pretende que un grupo de expertos fije "con exactitud cuál es el monto total de la deuda histórica que no deberíamos de tener".
De este modo, se quiere poner a disposición de todos los partidos "todas las herramientas" para que el problema de la infrafinanciación "se solvente cuanto antes" ya sea con manifestaciones, como la marcha del pasado 18 de noviembre en València para exigir una financiación justa, o con informes.
Salvador señaló que en estos momentos existentes diferentes informes que arrojan cantidades diferentes ya que algunos hablan de 12.000 millones, otros de 15.000 o de 16.000. Por eso, se quiere encargar un nuevo informe que cierre esta cantidad a fecha de hoy con el cruce de datos del ministerio y de la conselleria.
Del mismo modo, el secretario general de UGT, Ismael Sáez, afirmó que conseguir una financiación autonómica justa es "determinante" para conseguir el "bienestar y el progreso" social. Por ello, manifestó que "el compromiso" de los sindicatos para conseguirlo es "evidente".
En ese sentido, añadió que hay que plantearse que si no se resuelve con prontitud desde la Mesa de Diálogo Social hay que plantearse "qué más pasos damos como sociedad para conseguir una financiación justa".
Por su parte, el secretario general de CCOO, Arturo León, destacó que hay una "necesidad objetiva" de "mejorar" la financiación porque la Comunitat Valenciana "no recibe" lo que le corresponde de acuerdo con su peso población ni por las aportaciones que realiza al Estado.
León manifestó que esta infrafinanciación supone que los derechos de la ciudadanía "no son los mismos". Por ello, concluyó, también reclaman al Gobierno una reforma fiscal que dé más recursos a las Comunidades Autónomas.
Militantes de Madrid, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura reclaman un sistema justo y multilateral
