Francisco Camps, en una de las pruebas celebradas en València. Foto: EFEVALÈNCIA. La Generalitat valenciana recurrirá ante la Audiencia Provincial de Valencia el auto de archivo de la pieza del caso Valmor relativa a la organización de la Fórmula 1 en València, en la que figuraba como investigado el expresidente del Consell Francisco Camps. Así lo ha decidido el Ejecutivo de Ximo Puig siguiendo las indicaciones de la Abogacía de la Generalitat, según han confirmado a Alicante Plaza fuentes del Consell.
El caso fue archivado a finales del pasado mes de diciembre por la magistrada del Juzgado de Instrucción número 2 de València, Beatriz Sobremonte, tras cuatro años de instrucción que concluyeron por parte del fiscal Anticorrupción Vicente Torres, el pasado mes de junio, con un durísimo escrito en el que pedía el procesamiento de Camps por un delito continuado de prevaricación y malversación de caudales públicos.
El fiscal pedía en el mismo escrito el sobreseimiento con respecto a la exconsellera Lola Johnson; al expiloto de motos y empresario Jorge Martínez Aspar -socio de Valmor Sports-; la mano derecha de Camps en lo relativo a la F1, Belén Reyero, y el exresponsable de la empresa pública Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana Nicolás Figueras. A todo ello accedió la magistrada, excepto al procesamiento de Camps.
La última semana de 2018, la instructora dictaba el auto de archivo en el que despachaba todas las acusaciones de Torres con una prueba aportada por el abogado de Camps, Pablo Delgado. Se trataba de un correo electrónico, que ponía en duda una de las acusaciones. El fiscal decidió no recurrir el archivo, pero la Abogacía de la Generalitat recomendó hacerlo y el Consell presentó un recurso de reforma ante la misma magistrada.
La semana pasada, la jueza Sobremonte desestimó el recurso de la Generalitat que le pedía que reabriera el caso. Lo hizo mediante un auto contra el que cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, que es el que ahora va a presentar el Gobierno de Puig.
En su primer escrito de oposición al archivo, a finales de año, la Generalitat decía que no procedía decretar el sobreseimiento y archivo respecto a Camps, pues la investigación de más de tres años "exige mantener su condición de investigado, junto con las personas que cooperaron y fueron instrumento esencial en las actuaciones investigadas". En particular, señalaba a Belén Reyero, quien a su juicio "se erigió en el instrumento esencial de Camps en los hechos objeto de investigación, desde una posición de absoluta relevancia en la estructura de la administración".
