La consellera de Medio Ambiente, Elena Cebrián, junto al conseller de Economía e Industria, Rafa Climent. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. En febrero de 2004, el entonces conseller de Territorio y Vivienda de la Generalitat valenciana, Rafael Blasco, impulsó un decreto por el cual se establecían las normas para el control del sonido producido por vehículos a motor. Una norma que incluía la obligatoriedad de que los vehículos de la Comunitat Valenciana superaran una prueba de ruido al pasar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV). La sonometría, que suponía un recargo en las tarifas de la ITV, no se realizaba en ninguna otra autonomía ni se realiza a día de hoy. No en vano, la propia Unión Europea la considera voluntaria, pero en ningún caso exigible.
La introducción de la prueba de ruido en la ITV valenciana supuso un aumento de las tarifas considerable -ocho euros de inicio, que fue incrementándose cada año hasta alcanzar 9,3 en 2012-, lo que situó la inspección en la Comunitat Valenciana como la más cara de España, por encima de los 63 euros para un turismo. En 2014, el Gobierno de Alberto Fabra aprobó una rebaja media del 17% en las tarifas.
La prueba de ruido fue duramente criticada en su día por Compromís. De hecho, en 2013 el diputado de la coalición, Fran Ferri, tildó la prueba de "inútil" por impedir la liberalización del sector y afirmó que era un "invento de Blasco" para crear un "gran negocio" relacionado con nombres de "amigos personales o empresas como Sedesa, vinculada a la familia Cotino".
La prueba de ruido fue aprobada mediante decreto por Blasco, entonces conseller de Territorio y Vivienda -que incluía el área de Medio Ambiente- y no por el conseller de Industria, área donde recaen las competencias de regulación de la ITV. Ambas áreas, Medio Ambiente e Industria, están ahora dirigidas por Compromís, que a pesar de sus críticas a la prueba la ha mantenidos estos cuatro años de legislatura.
El pasado mes de noviembre, la consellera de Medio Ambiente, Elena Cebrián, defendió defendió su utilidad y, por tanto, su vigencia. Fue en respuesta a una pregunta del diputado no adscrito David de Miguel que quiso conocer si el Ejecutivo valenciano tenía previsto derogar este decreto.
La pregunta iba dirigida al Consell y no la respondió Rafa Climent, conseller competente en materia de ITV, sino el departamento que dirige Elena Cebrián. En la constestación argumentaba que la valoración de la aplicación de la mencionada normativa era "positiva" por parte del Gobierno valenciano y, por tanto, rechazaba que contemplaran suprimirla. Añadía, además, que en caso de plantearse cualquier modificación, esta tendría que quedar sujeta a la actualización de la legislación estatal que obligaba ya a los ciclomotores y motocicletas a someterse a esta prueba y que podría extenderse a otro tipo de vehículos como los coches.
Precisamente la semana pasada el síndic de Compromís, Fran Ferri, denunció y llevó a la Fiscalía documentación sobre un presunto "pelotazo" de casi 48 millones de euros en la privatización del servicio de ITV, el posterior "tarifazo" que supuso la inclusión de la sonometría en este examen y la reventa de la concesionaria con la que se habría beneficiado la empresa participada por la hijastra Blasco, María Consuelo Salom Císcar.
La operación habría comenzado en 1998, según Ferri, cuando el Consell de Eduardo Zaplana decidió privatizar el servicio de Inspección Técnica de Vehículos y dividirlo en cinco lotes. Una resolución adoptada, según afirmaba la Sindicatura de Comptes en su informe de 2017, sin los informes pertinentes para ello. Zaplana está investigado y ha pasado más de ocho meses en prisión provisional por supuesto blanqueo de dinero procedente de comisiones por una de estas adjudicaciones.
Según Compromís, el primero de estos lotes fue adjudicado a Sedesa (grupo vinculado a la familia Cotino); el segundo a Lubasa y Bancaja; el tercero a Aguas de Valencia; el cuarto a Atecsa, y el quinto a Pavasal y Mayve. En aquel momento, Salom Císcar contaba con participaciones en la firma Grupo Tempero 9000, que en 1999 se hizo con el 99,96% del capital social de Atecsa al comprar las acciones de Textiles Prieto, Jucoba y Tras Internacional.
Ferri destacó el "baile de accionistas" en el lote número 4, adjudicado a la UTE Atecsa, en la que en 1999 el Grupo Tempero 9000 se hizo con el 99,96% del capital social. Maria Consuelo Salom Ciscar formaba parte de ese grupo empresarial junto con otros accionistas como Juan Ramón Ferris Tortajada, vinculado con Blasco; Gregorio Martínez Tolosa (de Sepiva), y Luís Juárez Argente (de Ruralcaja). Se da la circunstancia de que Ferris y Tolosa también consiguieron la adjudicación de un programa de plazas en residencias geriátricas lanzado en 2001 por el entonces conseller de Bienestar Social Rafael Blasco, según Compromís.
Junto al resto de adjudicatarias, la sociedad participada por la hijastra del exdirigente popular se habría beneficiado de la decisión adoptada por el propio Blasco en 2004. La prueba de sonometría derivó en un incremento de las tarifas que no estaba contemplada en el pliego de condiciones.
Una maniobra con la que, a juicio de la coalición valencianista, se creaba un "mercado cautivo para las concesionarias", ya que si un conductor valenciano pasaba la ITV en otra comunidad autónoma podía ser sancionado por no haber superado la prueba de ruido, como de hecho ocurrió.
Finalmente, en 2005 se produjo la reventa de la empresa en la que participaba Salom Císcar, con Atecsa comprada por el fondo Dinamia i Nmás1, que se cuantificó ante la CNMV en 14,25 millones, aunque según el documento contractual al que tuvo acceso Compromís y que se entregó a la Fiscalía, el precio establecido fue de 47,9 millones, lo que supone un incremento de valor del 487% respecto a 1998.
