VALÈNCIA. La Generalitat Valenciana se ha vuelto a topar contra el Gobierno central. Y esta vez a cuenta del plan de la vicepresidenta y consellera de Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, por trasladar los servicios sociales -especialmente, la dependencia- a los municipios.
El Ejecutivo de Mariano Rajoy "pone en tela de juicio", en palabras de la diputada popular María José Catalá, el artículo 34 de la ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2017 a través de la cual Oltra delegó a los ayuntamientos la valoración de la dependencia. Un choque que, de momento, el Gobierno central no quiere que acabe en el Tribunal Constitucional.
Por eso, reclama la creación de una Comisión Bilateral entre ambos ejecutivos para evitar un recurso de inconstitucionalidad por parte del Estado. Se trata de la cuarta comisión que se crea entre las dos instituciones en la presente legislatura.
Este miércoles, de hecho, el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publicaba la constitución de esta comisión bilateral de cooperación para que Estado-Generalitat inicien las negociaciones oportunas para "resolver las discrepancias" respecto a ese artículo y que se designen a las personas que vayan a constituirla.
Para llevar a cabo su proyecto, la conselleria de Oltra introdujo una serie de modificaciones a la ley 5/1997 que regula el sistema de servicios sociales en el ámbito de la Comunitat Valenciana. Así, en el nuevo apartado del artículo seis de dicha norma, se especifica que las administraciones locales también tienen competencia para gestionar, "de acuerdo con la planificación, coordinación y financiación autonómica, los recursos necesarios para la atención de las personas en situación de dependencia, en especial las relativas a los Servicios de Promoción de la Autonomía Personal, Servicio de Ayuda a Domicilio y la actividad de aplicación técnica del instrumento de valoración".
Una afirmación que ha encendido la alarma en el Gobierno central. El Ejecutivo de Rajoy cree que podría estar realizándose una atribución simultánea de competencias a diferentes Administraciones Públicas. Es decir, que el apartado 1 del artículo 6 de la ley, donde se atribuyen las competencias a "las entidades locales municipales, comarcas y entidades supramunicipales", podría suponer un resquicio legal que podía derivar en duplicidades administrativas. Para el Gobierno central, dicha modificación de la ley abriría la puerta a que, por ejemplo, el ayuntamiento y la mancomunidad prestaran el mismo servicio.
En este sentido, la ley reguladora de Bases de Régimen Local indica que cuando se realizan este tipo de trasvase de competencias, la modificación de la normativa debe ir acompañada de una memoria económica -algo que no se hizo- que justifique que esta duplicidad no se va a dar. Esto es que, además, "quede reflejado el impacto sobre los recursos financieros de las Administraciones Públicas afectadas y el cumplimiento de los principios de estabilidad, sostenibilidad financiera y eficiencia del servicio o la actividad". Así como que se prevea la "dotación de los recursos que garanticen la suficiencia financiera de las entidades locales".
Cabe recordar que el Tribunal Constitucional estableció que el "Estado puede apoyarse en el artículo 149.1.18 de la Constitución Española para establecer las condiciones básicas conforme a las que la legislación sectorial estatal y las Comunidades Autónomas han de atribuir específicamente las competencias locales en un momento sucesivo". Un caso que, sin embargo, se quiere evitar con la creación de una Comisión Bilateral entre ambos ejecutivos.
Desde la Conselleria de Igualdad señalan a Alicante Plaza que en "ningún momento la norma acabará en inconstitucionalidad porque se hace referencia a una cuestión formal y no de fondo" y, por lo tanto, estarán dispuestos a matizar la redacción del artículo.
La diputada de Compromís Mónica Àlvaro apuntaba momentos después de conocerse la noticia que el Gobierno valenciano "está muy capacitado para llegar a acuerdos que beneficien a los valencianos y valencianas" como "demostró en el Consejo Territorial del Sistema de Autonomía y Dependencia". No obstante, lamentaba que el "PP antivalenciano" se alegrase "cuando hay conflicto entre el Gobierno valenciano y el central".
El antecedente de la comisión bilateral creada por la ley de la nueva RTVV puede dar esperanzas a la conselleria de Oltra. Con las cláusulas de priorización de los extrabajadores en tela de juicio, se acordó que en las contrataciones las valoraciones de los méritos "no fueran desproporcionadas" y se hicieran de acuerdo a los principios de igualdad, mérito y capacidad. Respecto de la contratación de empresas en paraísos fiscales, que la ley prohibía y que el Estado cuestionó, al final se acordó realizar una redacción más amplia.
Con la ley antideshaucios de María José Salvador como norma más amenazada, otro proyecto de ley tropieza con el riesgo de paralizarse con un recurso en el Tribunal Constitucional. Un excepcionalidad que se ha convertido en norma durante la presente legislatura.