Foto: EFEVALÈNCIA (EP). El Gobierno aprobará previsiblemente este martes 7 de septiembre al Consejo de Ministros el anteproyecto de Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional y la remitirá al Congreso para su tramitación parlamentaria. El texto fue presentado en primera lectura en Consejo de Ministros el pasado 15 de junio, cuando aún era ministra de Educación y FP Isabel Celaá.
Ahora será la nueva titular de esta cartera, Pilar Alegría, la encargada de defender el texto del Ejecutivo. Dos días después de su toma de posesión, tuvo lugar el Pleno del Consejo General de la Formación Profesional, presidido por ella misma y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. El día 15 de julio, Alegría presentó el anteproyecto a la comunidad educativa en el Pleno del Consejo Escolar del Estado y el día 20 presidió la Conferencia Sectorial del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional para el Empleo.
Además, durante estos dos últimos meses, Alegría ha mantenido reuniones con patronal y sindicatos, según han confirmado a Europa Press en fuentes ministeriales. De igual modo, la ministra ha mantenido encuentros con los portavoces de Educación y FP de todos los grupos parlamentarios para abordar este tema, entre otros asuntos.
Salvo algunas modificaciones más de forma que de fondo respecto al texto presentado en junio, el anteproyecto mantiene el grueso del contenido, según señalan las misma fuentes.
Así, según el documento de junio, la futura norma, establece una oferta modular y flexible de Formación Profesional dirigida a estudiantes y trabajadores, (tanto empleados como desempleados) y ordenada en itinerarios formativos que permiten la progresión a través de cinco grados ascendentes: Grado A (Acreditación parcial de competencias); Grado B (Certificado de Competencia Profesional); Grado C (Certificado Profesional); Grado D (Ciclos Formativos: Grado Básico, Grado Medio y Grado Superior); y Grado E (Cursos de especialización: título de especialista y Máster Profesional).
Esta nueva estructura facilita, según el Ministerio, el acceso a un abanico de formaciones de distinta duración y volumen de aprendizajes que incluye, por primera vez, unidades formativas o "microformaciones" (Grado A), hasta alcanzar los títulos y cursos de especialización (Grados D y E).
Toda la oferta en ciclos de los Grados C, D y E tendrá carácter dual y se dividirá en dos tipos: FP en Régimen dual general y FP en Régimen dual avanzado o en alternancia.
Se considerará FP de régimen dual general aquella formación cuya duración de la estancia en empresa sea de entre el 25% y el 35% de la duración total de la formación ofertada y cuando la empresa asuma hasta un 20% de los resultados de aprendizaje del currículo. Esta modalidad de FP dual tiene naturaleza de formación práctica tutorizada no generadora de vinculación contractual con el centro de trabajo, ni percepción de remuneración alguna.
Mientras, se considerará FP en régimen dual avanzado o en alternancia cuando la duración de la estancia en la empresa sea de entre el 35% y el 50% de la duración total de la formación y cuando la empresa asuma hasta un 40% de los resultados de aprendizaje o módulos profesionales del currículo. A diferencia de la FP dual general, esta modalidad de FP dual constituirá una relación contractual retribuida del estudiante con la empresa.
También se regula la participación en proyectos y organismos internacionales, la convocatoria de proyectos de formación entre centros españoles y extranjeros, así como la movilidad de alumnado y profesorado entre centros de distintos países.
En cuanto al profesorado de FP, la futura Ley prevé la creación de un nuevo cuerpo de profesores especialistas en sectores singulares de Formación Profesional, al que podrán acceder técnicos superiores de FP en determinadas especialidades.
Además, incluye como docentes de FP del Sistema Educativo a los profesores y formadores que prestan servicios en centros o entidades no pertenecientes al Sistema Educativo. El borrador del anteproyecto también facilita que los docentes actualicen su formación con estancia en empresas.
Del mismo modo, la norma prevé agilizar el sistema de acreditación de competencias profesionales adquiridas mediante la experiencia laboral y vías no formales de formación. Hasta la fecha, el proceso de acreditación de competencias era, según el Ministerio, "lento y poco eficiente", pues en una década sólo 300.000 personas pudieron lograr la acreditación de sus competencias. Ahora, con el nuevo sistema, Educación prevé acreditar las competencias profesionales de más de tres millones de trabajadores en cuatro años, de las cuales 450.000 se inician este año.
Asimismo, regula la relación entre las enseñanzas de Formación Profesional y las universitarias, con el reconocimiento mutuo para facilitar el establecimiento de itinerarios formativos que reconozcan la formación previamente adquirida en ambas enseñanzas, e impulsa nuevos modelos de colaboración, desarrollo de proyectos compartidos y préstamo de espacios para generar transferencia de conocimiento y experiencia, crear innovación y optimizar recursos.
Según comentó Celaá el 15 de junio, desde hace años existe un "desequilibrio" entre el nivel de formación y las necesidades del mercado laboral. En 2021, en España sólo el 25% de la población activa dispone de cualificación intermedia y el 35% tiene cualificación baja.
Sin embargo, en 2025, el 50% de los trabajos requerirán un nivel de cualificación media (técnicos y técnicos superiores de Formación Profesional) y solo el 16% un nivel bajo, según datos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional.
En el ámbito de la formación de la población activa, España dedica 17 horas anuales por trabajador, ocupando así el puesto 61 entre 100 países, según el Foro Económico Mundial. En Alemania, que ocupa el puesto 10, se invierten 50 horas.
Además, según los últimos datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA), el 46% de la población activa carece de acreditación profesionalizante, lo que resta valor añadido a las empresas y sitúa a los trabajadores en una situación más vulnerable.
Por otra parte, sólo el 12% de los jóvenes españoles están matriculados en Formación Profesional, frente al 25% en la OCDE y el 29% en la Unión Europea.
