Foto: EFE/Paco CamposVALÈNCIA. El Gobierno de Mariano Rajoy se ve incapaz de elaborar la propuesta de modelo de financiación autonómica que Cristóbal Montoro prometió presentar antes de fin de 2017. Después de comprometerse a hacerlo repetidas veces y de ir retrasando la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que debe abordar la negociación, Rajoy anunció este miércoles que será en mayo, pero el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, puntualizó en el Congreso que lo que el Ejecutivo presentará en esa reunión con las CCAA será una recopilación de las propuestas de todas ellas, pero no la suya.
Fernández de Moya recordó que cada CCAA ha expuesto ya sus medidas y que el Gobierno analizará este documento global para ver todas las reflexiones y aportaciones: "Estamos trabajando en un documento que nos permita poner encima de la mesa las conclusiones definitivas". Sin embargo, el Ejecutivo central se había comprometido en el Comité Técnico Permanente que ha tratado el asunto en los últimos meses a realizar una propuesta después de Semana Santa.
Pero el Ejecutivo de Rajoy no tiene propuesta, lo que no impidió a Fernández de Moya reclamar una vez más al PSOE "que ponga de acuerdo a sus barones" y haga llegar una propuesta común al Gobierno. El secretario de Estado justificó su petición en que hay elementos como la cesta de impuestos cedidos "que no comparten en un territorio respecto a otros" del mismo partido, y aunque admitió que también le ocurría al suyo, se abstuvo de pedir a los populares una propuesta de modelo de financiación autonómica.
La apelación al partido de Pedro Sánchez no es nueva. Desde el verano pasado, tanto Rajoy como Montoro vienen exigiendo al PSOE una propuesta de modelo para negociarla con el PP, partido que tampoco ha presentado la suya. Esta dejación de funciones le ha servido al ministro de Hacienda para ir retrasando la reforma y echar la culpa de ello a los socialistas.
El Gobierno insiste en que la reforma la tienen que pactar PP y PSOE, aunque el procedimiento es que se apruebe en el CPFF, donde están representados el Gobierno (50% de los votos), las 15 CCAA de régimen común (todas menos País Vasco y Navarra), Ceuta y Melilla. Una vez aprobado en el CPFF, tendrá que ser ratificado mediante ley orgánica en el Congreso, lo que significa que necesita 176 votos, de ahí que Rajoy insista en un acuerdo previo con el PSOE.
La ley de 2009 preveía que el modelo fuera evaluado a los cinco años y, en su caso, reformado. No hizo falta esperar a los cinco años para comprobar los desequilibrios del sistema, en el que la Comunitat Valenciana es siempre la peor financiada con más de 1.000 millones de euros menos al año de los fondos que recibiría si estuviera en la media de las CCAA. El Consell de Camps y el de Fabra así lo denunciaron, pero no se habían cumplido los cinco años.
Pero llegó 2014, y luego 2015, 2016, 2017 y 2018, y la reforma no se ha hecho. El Consell de Ximo Puig recurrió este hecho al Tribunal Constitucional y solo obtuvo otra excusa para Rajoy: La reforma está prevista en la ley a los cinco años, pero no es obligatoria, es una decisión política. Así lo recordaba este miércoles Fernández de Moya en el Congreso.
En enero de 2017, en la Conferencia de Presidentes, Mariano Rajoy se comprometió a aprobar el nuevo modelo antes de final de año, pero la crisis catalana retrasó el proceso. Después de que una Comisión de Expertos elaborara un informe sobre cómo debía ser el nuevo modelo -que no gustó a los representantes del Ministerio de Hacienda- en noviembre se convocó al Comité Técnico Permanente de Evaluación (CTPE), formado por expertos de 14 de las 15 CCAA de régimen común -todas menos Cataluña-, a los que pidió una propuesta para, a continuación, presentar la del Gobierno.
Pero en cada reunión quincenal el Ministerio toreó al CTPE para acabar las sesiones y su trabajo a finales de marzo sin presentar la propuesta del Gobierno pero, eso sí, comprometiéndose a hacerlo en el CPFF que convocaría a continuación. Un mes después, la convocatoria se retrasa a mayo y ya se anuncia que no habrá propuesta gubernamental.
Como le suele ocurrir a la Comunitat con las inversiones y la financiación, los reveses del Gobierno llegan de costumbre por partida doble. El mismo día que el secretario de Estado de Hacienda arruinaba las previsiones de contar con una propuesta sobre la que comenzar a trabajar, el presidente del Gobierno prometía a a los presidentes de Andalucía y de Aragón, Susana Díaz y Javier Lambán, estudiar un aumento de las inversiones en sus respectivas comunidades.
La Comunitat, la tercera peor tratada en los PGE de 2018 en inversión por habitante, se ha cansado de reclamar que estos recursos se equiparen al peso relativo de su población en el conjunto de España, pero el Gobierno central aún no le ha dado respuesta.
Lo más parecido que ha obtenido de momento por parte del Ejecutivo central ha sido una cita con el Ministerio de Hacienda para analizar la situación del transporte metropolitano en València. El encuentro, eso sí, se celebrará a tres horas de que concluya el plazo para presentar enmiendas al contenido de los PGE, sin tiempo por tanto para lograr las subvenciones a las que aspira la Autoridad de Transporte Metropolitano de Valencia (ATMV).
Militantes de Madrid, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura reclaman un sistema justo y multilateral
