Jorge Fabra, subdirector general de Programación del Plan de Recuperación. Foto: FVEA VALÈNCIA. El Gobierno central abonará 54.000 millones millones de euros del fondo europeo de recuperación en el periodo 2021-23. La cifra equivale al 78% de los 70.000 millones en fondos no reembolsables que le corresponden a España para financiar los proyectos incluidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia aprobado por la Comisión Europea.
Así lo ha anunciado este martes el subdirector general de Programación del plan español, Jorge Fabra, durante su intervención en una jornada sobre las condiciones de ejecución de los fondos europeos organizada por la Fundación Valenciana de Estudios Avanzada (FVEA). En la misma, el representante del Ministerio de Hacienda ha subrayado que el objetivo del Gobierno es ejecutar el grueso de los fondos y completar las reformas asociadas al mismo en los tres primeros años de despliegue del plan para que ejerzan un efecto contracíclico en la crisis derivada por la pandemia de la covid-19.
Según el calendario de pagos previsto en el plan, este mismo año se desembolsarán ya 9.036 millones a modo de prefinanciación a los que se suman otros 10.000 millones del primero de los ocho reembolsos que contempla el plan hasta 2026.
En 2022 se pagarán 18.000 millones en dos abonos de 12.000 y 6.000 millones y al año siguiente se librarán 17.000 millones en dos plazos de 10.000 y 7.000 millones.
El resto de pagos hasta los 69.500 millones que recibirá España en fondos no reembolsables se reparte en 8.000, 3.475 y 4.000 millones de euros entre 2024 y 2026.
Durante su presentación, Fabra ha detallado los criterios que primarán a la hora de seleccionar los proyectos a financiar con cargo a este plan, como la reducción de impacto ambiental; la innovación asociada a los mismos; la generación de empleos ligada al proyecto; la creación de sinergías con otros sectores, sobre todo del ámbito industrial; o la no generación de gastos recurrentes, entre otros requisitos.
También ha expuesto las reformas sobre el sistema energético, educativo, económico y sociales previstas en el plan, que se estructura en 30 componentes para un control efectivo de la utilización de los fondos y asegurar que las medidas se llevan a cabo en tiempo y hora.
"Este no es un plan destinado solo a las grandes empresas. Pymes de tamaño muy pequeño pueden encontrar oportunidades por ejemplo, en proyectos de rehabilitación de vivienda, el sector turístico o de digitalización de la pyme. Es un error pensar que es un plan reservado para las grandes empresas porque van a existir muchas oportunidades para las pymes en muy distintos sectores", ha reflexionado.
Tras la intervención de Jorge Fabra, se ha desarrollado un coloquio moderado por Jesús Fuentetaja (UNED) en el que han participado Javier Guillen, catedrático de Derecho Administrativo; David Pistoni, CEO de Zeleros; Juan Ángel Poyatos, director general de Coordinación de la Acción del Gobierno de la Generalitat; y Belén Sanz, unidad administradora del Fondo Social Europeo de España.
Javier Guillen ha detallado los mecanismos de colaboración público privada que prevé el plan como los PERTE y ha subrayado la importancia de figurar inscritos en un registro creado al efecto para poder acceder a subvenciones.
Otras figuras de colaboración público privada previstas son los consorcios y las Sociedades de Economía Mixta, previstas para la gestión indirecta de determinados servicios para que los operadores privados puedan participar en los contratos de concesión de obra o servicio. Si son de mayoría pública, podrán gestionar directamente servicios, pero si son de mayoría privada deberán participar en procesos de licitación.
Sobre los mecanismos para concurrir a procesos de contratación o a subvenciones, el experto en Derecho Administrativo ha considerado que será necesario esperar a conocer las convocatorias, pero ha subrayado la exigencia general de respeto a la libre competencia empresarial y ha advertido de las graves consecuencias que tendrá incumplirlo en forma de veto al acceso a procesos de contratación y subvenciones.
Por su parte, David Pistoni ha expuesto la experiencia de su empresa en la presentación de su propuesta a las tres manifestaciones de interés en las que participa Zeleros con su proyecto del Hyperloop, como el plazo ajustado para prepararlas o la incertidumbre sobre el grado de financiación que van a recibir esos proyectos. "Hemos presentado algo que ya estaba en nuestro plan de negocio y hemos sido conservadores por no conocer qué grado de financiación va a haber", ha concretado.
Juan Ángel Poyatos ha destacado la necesidad de contar con un régimen jurídico excepcional para regular las ayudas de estado en línea con la situación excepcional que se ha generado por la pandemia. El papel de la Generalitat en el plan, según ha asegurado, es articular un proceso en el que las empresas, según vayan saliendo las convocatorias, puedan inscribirse en un registro autonómico para facilitar su conexión con universidades y centros de investigación para detectar intereses comunes.
Belén Sanz, por su parte, ha destacado la importancia de una de las dos patas financieras del plan de recuperación, la se conoce como ReactEU, que ya está en ejecución. Frente al plan de recuperación, que está en una fase más estratégica, Sanz ha destacado que la Generalitat Valenciana ya tiene convocatorias abiertas financiadas con cargo al React, que se articula como una reprogramación del programa operativo 2014-20 y, por ello, se moviliza con mayor agilidad.
Además, sobre los riesgos que se plantean por un posible incumplimiento del marco jurídico en la ejecución del plan, la representante del FSE ha detallado que estos van, de mayor a menor gravedad, desde la pérdida de los fondos, a la suspensión o las correcciones financieras.
