VALÈNCIA (EP). El PSOE y Unidas Podemos han acordado en su programa de Gobierno de coalición derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral del PP de 2012, garantizar la revalorización de las pensiones conforme al IPC y subir el Salario Mínimo hasta el 60% del salario medio en España, así como una subida de impuestos a las rentas más altas.
Así figura en el documento de 50 páginas titulado 'Coalición progresista, un nuevo acuerdo para España', que presentarán esta tarde los líderes del PSOE, Pedro Sánchez, y de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, en el Congreso de los Diputados, antes de la investidura de Sánchez como presidente de dicho Ejecutivo de coalición.
Ambas formaciones se comprometen a recuperar los derechos laborales "arrebatados" por la reforma laboral de 2012 y derogar con carácter "urgente" aspectos como la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad y las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo, haciéndolo llegar más allá de las previsiones contenidas en el mismo, tras la finalización de su vigencia y hasta la negociación de uno nuevo.
También prometen derogar la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales y modificar el artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores sobre contratación y subcontratación laboral a efectos de limitar la subcontratación a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa, entre otros.
Como ya anunció el propio Gobierno, se elaborará un nuevo Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI, previo diálogo con agentes sociales. En materia de contratación, planean limitar la capacidad de modificación unilateral de las condiciones del contrato por parte de la empresa y revisar el mecanismo de inaplicación de los convenios colectivos, orientándolo a descuelgue salarial vinculado a causas económicas graves.
El documento recoge el objetivo de simplificar y reordenar el menú de contratos de trabajo, reforzando el principio de causalidad en la contratación temporal y las sanciones aplicables a su uso fraudulento de forma que la contratación indefinida sea la forma ordinaria de acceso al empleo; y revisar la normativa sobre trabajo a tiempo parcial para prevenir su uso fraudulento.
Igualmente, se explorarán las opciones posibles para reducir la dualidad, favoreciendo el uso del contrato fijo discontinuo para actividades cíclicas y estacionales, y se revisarán las causas del despido. También se revisarán los contratos formativos y se aprobará y desarrollará el Estatuto del Becario, limitando el encadenamiento de periodos de prácticas y estableciendo un porcentaje máximo de becarios en empresas.
Estas medidas se acometerán el paralelo a un impulso de la lucha contra el fraude laboral y a la mejora de la efectividad y la eficiencia de las políticas activas de empleo y la simplificación del sistema de protección por desempleo.
Igualmente, se comprometen a subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta alcanzar progresivamente el 60% del salario medio en España, tal y como recomienda la Carta Social Europea, lo que previsiblemente elevaría el SMI hasta los 1.200 euros al final de la legislatura.
De esta forma, se convocará la mesa del dialogo social al objeto de promover un acuerdo que será la base para la propuesta del Gobierno y se creará una Comisión asesora del Ministerio de Trabajo y a disposición del diálogo social, compuesta por expertos, sindicatos y empresarios, que estudiará la evolución del SMI. Se tendrá en cuenta el IPC, la productividad media nacional alcanzada, el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica.
Sobre las pensiones, se garantiza su actualización conforme al IPC real mediante ley de forma permanente y el aumento del poder adquisitivo de las pensiones mínimas y las no contributivas y, para ello, eliminarán el Factor de Sostenibilidad y el Índice de Revalorización de las Pensiones.
De igual forma, está prevista la reforma del sistema de la Seguridad Social, en el marco del diálogo social y del Pacto de Toledo, para garantizar sus sostenibilidad a medio y largo plazo, con medidas para asegurar el aumento de los ingresos, descargando a la Seguridad Social de gastos "impropios" y revisan las bonificaciones a la contratación con el objetivo de reducirlas.
La reorganización de la Seguridad Social para dotar de mayor eficacia a la gestión con menores costes es otro de los puntos fijados en el documento, en el que también se incluye el desarrollo del Ingreso Mínimo Vital como prestación de la Seguridad Social.
La idea es comenzar en un primer momento por el aumento decidido de la prestación por hijo a cargo para familias vulnerables, y posteriormente mediante un mecanismo general de garantía de renta para familias sin ingresos o con ingresos bajos. También se subirá el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), la referencia para la asignación de ayudas.
Para los autónomos se proyecta una mejor cobertura y la gradual equiparación de los derechos de este colectivo con los de los trabajadores por cuenta ajena. En detalle, se establecerá un sistema de cotización por ingresos reales, sobre la base de la información fiscal, que les comportará mayor protección social en caso de desempleo, enfermedad o jubilación.
También se evaluará el actual régimen especial del criterio de caja en el IVA para proceder, en su caso, a su revisión para, dentro de los límites de la directiva armonizada, hacerlo "atractivo" para autónomos y pequeñas empresas, y se constituirá el Consejo del Trabajo Autónomo.
Respecto al ámbito fiscal, PSOE y Unidos Podemos mantienen en gran parte las medidas recogidas en el fallido proyecto de Presupuestos de 2019, con algunas pequeñas variaciones. Así, en Sociedades fijarán una tributación mínima del 15% de las grandes corporaciones, que se ampliaría hasta el 18% para las entidades financieras y empresas de hidrocarburos. En cambio, las pymes que facturen menos de un millón de euros pasarán de tributar de un tipo del 25% al 23%.
Se limitarán las exenciones de dividendos/plusvalías de sociedades por su participación en otras sociedades, reduciendo en un 5% las referidas exenciones, en concepto de gastos no deducibles en el impuesto, de gestión de la participación que mantiene la matriz en la filial.
En IRPF, se incrementan dos puntos los tipos impositivos sobre la base general para los contribuyentes que tengan rentas superiores a 130.000 euros y cuatro puntos para la parte que exceda de 300.000 euros. El tipo estatal sobre las rentas de capital se incrementará en cuatro puntos porcentuales para dichas rentas superiores a 140.000 euros. Además, "se estudiará la fiscalidad de las grandes fortunas al objeto de que contribuyan a un sistema fiscal más justo y progresivo".
También se mantiene la aprobación del impuesto sobre determinados servicios digitales ('Tasa Google') y a las transacciones financieras ('Tasa Tobin'), así como nueva fiscalidad verde sin que recaiga sobre clases medias, autónomos y pymes.
Se promoverá a nivel europeo el establecimiento de un mecanismo de compensación del CO2 en frontera para las importaciones y en el IVA se reducirá el tipo de gravamen de IVA de los servicios veterinarios y de los productos de higiene femenina.
Otro aspecto es la revisión del régimen fiscal de cooperativas y sociedades laborales y la reforma del régimen jurídico y fiscal de las 'socimis', aplicando un tipo de gravamen del 15% sobre los beneficios no distribuidos.
El PSOE y Podemos se comprometen, en el documento de su preacuerdo para conformar un "Gobierno progresista de coalición", la derogación progresiva de los copagos sanitarios, la incorporación de la salud bucodental en la sanidad pública y garantizar la sanidad universal. Recogen así las medidas que el Partido Socialista presentó en sus programas electorales para las elecciones generales celebradas tanto en abril como noviembre.
El documento que presentarán esta tarde recoge también el 'blindaje' de la sanidad pública, con medidas como el incremento de los recursos destinados al Sistema Nacional de Salud, "alcanzando una inversión en servicios públicos propia de otros Estados de la zona euro durante la legislatura, hasta lograr el 7% del PIB en 2023".
Respecto a los copagos sanitarios, el documento precisa que la eliminación de los introducidos en 2012 será progresiva a lo largo de la legislatura, "empezando por los pensionistas y los hogares en situación de mayor vulnerabilidad", con garantías para que no se introduzcan otros nuevos "que no atiendan a la situación socioeconómica de las personas, incluidos los copagos por el transporte sanitario no urgente, por los productos ortoprotésicos y por los dietéticos, a través de la derogación de los artículos que habilitan estos copagos".
Los partidos también anuncian modificaciones normativas, legales y reglamentarias para garantizar la efectividad del derecho a la protección a la salud a través del acceso universal al Sistema Nacional de Salud. Así, el RD-Ley 7/2018, sobre el acceso universal al SNS, se tramitará como una ley, que derogue definitivamente el RD-Ley 16/2012. El objetivo será que "garantizar homogeneidad en el procedimiento de forma que la asistencia sanitaria será gratuita durante el periodo que existe entre la entrega del documento provisional y la emisión de la tarjeta sanitaria", para que no exista un periodo de carencia en el que una persona pueda quedarse sin recibir asistencia sanitaria por un problema burocrático.
Asimismo, buscará extender este derecho a las personas ascendientes que llegan desde países extracomunitarios, reagrupadas por sus hijos con nacionalidad española, y "garantizar la recuperación de la cobertura sanitaria gratuita en España a los ciudadanos españoles que residen fuera y que no tienen derecho a la asistencia sanitaria reconocido por los países de acogida".
Uno de los objetivos que enuncian ambos partidos en su preacuerdo de Gobierno es la apuesta por una sanidad que se base en la gestión pública directa. Para ello, anuncian una revisión dela Ley 15/1997, de habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud y el conjunto de los mecanismos normativos "que abren la puerta a privatizaciones del sistema".
Una comisión de reciente creación, integrada por expertos del ámbito sanitario, organizaciones sindicales, profesionales y de pacientes, así como colectivos sociales, analizará la situación y definirá las líneas y estrategias para revisar dicha Ley en el plazo de 6 meses.
Otras medidas que recoge el acuerdo son el impulso de la digitalización sanitaria y la renovación de la tecnología "para que el Sistema Nacional de Salud sea referente en innovación tecnológica poniendo a disposición de la ciudadanía los mejores instrumentos diagnósticos y de tratamiento" con "tecnologías coste-efectivas, seguras y cuya eficacia haya sido previamente evaluada", mientras n materia farmacéutica avanzan que orientarán las políticas relativas a la industria farmacéutica hacia el cuidado de la salud de la población, priorizando la eficiencia y la transparencia en la fijación de precios.
En la atención se proponen avanzar en la implementación del Marco Estratégico de Actualización de la
Atención Primaria diseñado durante la última legislatura con el concurso de las comunidades autónomas y las sociedades médicas y científicas y de pacientes, con medidas a corto plazo "para resolver el déficit de planificación en materia de profesionales, especialmente por lo que se refiere al ámbito rural".
En esta línea, anuncian un sistema de atención temprana, la integración de las necesidades de las enfermedades raras en la planificación global de la cobertura universal, la actualización de la Estrategia de Salud Mental, con una estrategia específica de prevención de la conducta suicida en colaboración con las comunidades autónomas.
Por lo que se refiere al personal sanitario, se proponen mejorar sus condiciones "agilizando el proceso para
garantizar el cumplimiento del II Acuerdo en materia de sanidad e impulsando un programa de retorno de los profesionales que han tenido que salir a trabajar en sistemas sanitarios fuera de España.
Finalmente, anuncian un aumento en los recursos para dotar el Fondo de Cohesión Sanitaria y, dentro de la derogación de la reforma laboral, la retirada urgente de la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad.
El Gobierno de coalición que han pactado el PSOE y Unidas Podemos se compromete a frenar las "subidas abusivas del alquiler" y, para ello, en las zonas más tensionadas, se habilitará a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos para que, a partir del Sistema Estatal de Índices de Referencia de Precios del Alquiler de Vivienda que está desarrollando el Ministerio de Fomento, puedan poner "techo" a las subidas mediante un índice de precios de acuerdo a una metodología "objetiva y sujeto a revisión periódica".
Así figura en el documento de propuestas que han suscrito ambos partidos, en el que se indica que actualmente España está empezando a asistir a un incremento paulatino de los precios del alquiler, singularmente en determinadas zonas del país, lo que pone de manifiesto la necesidad de abordar medidas para asegurar el acceso a la vivienda a precios razonables.
Así, se tomarán en cuenta los avances de aquellas comunidades autónomas que tengan definido un sistema de Referencia de Precios del Alquiler, agilizando los mecanismos que hagan posible su puesta en marcha, y en el caso de los ayuntamientos que así lo consideren, podrán declarar de forma objetiva y fundamentada en criterios técnicos, con carácter temporal y excepcionalmente, una zona urbana de mercado tensionado cuando se haya producido un incremento "abusivo y sostenido" de las rentas de alquiler de vivienda habitual, que obstaculice a sus habitantes el acceso y el disfrute de una vivienda a un precio razonable, y, con ello, el ejercicio del derecho a una vivienda.
El objetivo de los índices de referencia, según el documento, es que los ayuntamientos y/o comunidades autónomas que así lo consideren puedan regular las subidas abusivas del precio del alquiler en las zonas previamente declaradas tensionadas y a la vez evitar posibles efectos de contracción de la oferta de vivienda en
alquiler.
Por ello, contempla la suscripción de "convenios bilaterales" con las ciudades donde se dan situaciones "de mercado tensionado" del precio del alquiler que permita hacer frente a las necesidades específicas en materia de vivienda, y en dichos convenios se establecerán las obligaciones de las partes firmantes.
Asimismo, ambos partidos apuestan por establecer un marco legal que defina los conceptos de 'vivienda vacía' y 'gran tenedor de vivienda' y ponga a disposición de las comunidades autónomas y los municipios distintas herramientas para su detección y diagnóstico.
A su vez, se definirá una política específica en esta materia, que permita establecer en los distintos supuestos del fenómeno (inhabitabilidad, grandes tenedores, inseguridad para su alquiler, etc.) las medidas más adecuadas: fiscales, sancionadoras, de aseguramiento o estímulo, para movilizar vivienda vacía, en un marco donde los grandes tenedores de vivienda colaboren con la Administración competente para poner a disposición del
mercado de alquiler la vivienda vacía a precio razonables.
Con la misma finalidad, el Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos elaborará un plan de actuación de la Sareb para garantizar la firma de convenios con comunidades autónomas y ayuntamientos que impulsen la utilización de viviendas para alquileres sociales.
En materia de vivienda de protección pública se comprometen a elaborar una normativa que garantice su explotación "únicamente" para alquiler de personas vulnerables, "evitando que sean vendidas o explotadas por 'fondos buitre'", al tiempo que se movilizará suelo público para vivienda en alquiler social o asequible, con
instrumentos financieros a través del ICO y el BEI para la promoción de viviendas en alquiler.
Junto con los convenios bilaterales en las ciudades con los precios de alquiler más altos, PSOE-Podemos reorientarán el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 para impulsar el alquiler asequible y la rehabilitación en coordinación con las comunidades autónomas. Para ello, se movilizará el suelo público que se encuentre disponible, se facilitará una línea de financiación para que las comunidades autónomas puedan ejercer los derechos de tanteo y retracto en las transmisiones de viviendas adquiridas y se adoptarán medidas para agilizar los trámites en la concesión de licencias.
El programa de Gobierno en materia de vivienda también contempla medidas de protección a las personas hipotecadas, como la mejora de la transparencia de las condiciones de contratación y de sus implicaciones económicas y jurídicas, al tiempo que el procedimiento de ejecución hipotecaria deberá garantizar todos los medios de defensa y de prueba para la protección del deudor hipotecario, de acuerdo con lo que establece la
normativa europea.
Igualmente, se impulsarán los mecanismos para la reestructuración viable de las deudas hipotecarias
sobre la vivienda habitual de los deudores de buena fe en situación de vulnerabilidad, y se reforzará la coordinación entre los órganos judiciales y los servicios sociales en caso de ejecución hipotecaria para evitar las situaciones de desamparo y exclusión residencial.
Por último, ambos partidos se comprometen a poner en marcha un Plan Estatal para la Rehabilitación de Viviendas, complementario al Plan Estatal de Vivienda, que incluya financiación específica para la vivienda destinada al alquiler, incluyendo a pequeños propietarios que rehabiliten sus pisos y los pongan en alquiler a precios asequibles.
El plan, que tendría una duración de cuatro años, tendrá como objetivo la rehabilitación de viviendas para la eficiencia energética, la reducción de la factura de la luz y la accesibilidad e incluirá ayudas destinadas prioritariamente a edificios ubicados en zonas menos pobladas y de colectivos vulnerables. Las empresas también se beneficiarán de este plan de rehabilitación a través de programas de apoyo financiero para la adopción de tecnologías más eficientes.
El acuerdo para un Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos abre la puerta a la creación de "nuevos mecanismos intergubernamentales" en los que las Comunidades Autónomas puedan "intercambiar información y pareceres respecto a competencias de titularidad estatal".
Se abre así la posibilidad de poner en marcha un mecanismo diferente al ya previsto en los Estatutos de Autonomía sobre el diálogo entre el Gobierno central y el de una comunidad autónoma, que se traducía hasta la fecha en una Comisión bilateral presidida normalmente por los vicepresidentes de cada Ejecutivo.
PSOE y Unidas Podemos apuestan por profundizar en órganos de colaboración ya existentes entre el Gobierno central y las CCAA como la Conferencia de Presidentes, las Conferencias Sectoriales o los convenios de colaboración de las CCAA con el Estado, si bien se precisa que esto no impide la presencia de procedimientos y órganos bilaterales -ya sea entre el Gobierno central y una CCAA o entre Comunidades Autónomas- para "dirimir un asunto de interés específico para una o varias CCAA".
"En todo caso, esas relaciones bilaterales siempre se regirán por los principios de lealtad y colaboración entre territorios que fija la Constitución", precisa el documento, difundido minutos antes de su firma a los medios de comunicación.
El acuerdo entre el PSOE y Podemos tan sólo hace referencia al conflicto con el independentismo en Cataluña para afirmar que el Gobierno de coalición abordará "el conflicto político catalán impulsando la vía política a través del diálogo, la negociación y el acuerdo entre las partes que permita superar la situación actual".
ERC, de cuya necesaria abstención depende que la investidura de Pedro Sánchez salga adelante, exige la creación de una mesa de diálogo bilateral ad hoc entre el Estado y Cataluña para abordar el actual "conflicto político".
PSOE y Podemos se comprometen asimismo a dar cumplimiento a los dictámenes del Tribunal Constitucional y a traspasar a la Generalitat aquellas competencias pendientes ya reconocidas en el Estatut de Cataluña como la gestión de becas universitarias, la formación sanitaria especializada, el salvamento marítimo o la ejecución de la legislación laboral en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación profesional.
Los dos partidos también apuestan por mejorar y clarificar la distribución competencial entre el Gobierno central y las comunidades autónomas con el objetivo de llevar a cabo un reparto más claro y preciso que delimite qué competencias pertenecen a cada entidad y reduzca al máximo las competencias compartidas en aras de reducir la ambigüedad actual, que a menudo desemboca en litigios en los tribunales.
"En este sentido, resulta fundamental, de un lado, que las competencias del Gobierno central estén bien configuradas, de tal manera que ello permita la correcta coordinación de las políticas nacionales y el respeto a la igualdad de todos los españoles. De otro, que las comunidades autónomas dispongan de las capacidades necesarias para un autogobierno eficiente a la par que respetuoso con el interés general", expone el documento.
Para asesorar al Gobierno a este respecto, el documento avanza la creación de un comité de expertos en esta cuestión.
Otra de las novedades que incorpora el acuerdo entre el PSOE y Podemos para un Gobierno de coalición tiene que ver con la voluntad del futuro Ejecutivo para trasladar total o parcialmente las sedes de diversas instituciones y organismos estatales a distintas ciudades, como una medida encaminada a hacer frente al reto demográfico. "Este proceso se hará en diálogo y consenso con las comunidades autónomas y ayuntamientos interesados", señala el texto.
El futuro Gobierno de coalición se compromete a aprobar un nuevo sistema de financiación autonómica que "resuelva las carencias, asimetrías y ambigüedades del sistema actual", si bien en este punto el texto evita fijarse un horizonte temporal concreto.
"El objetivo es implantar un sistema que permita, de un lado, garantizar la lealtad y la solidaridad entre territorios y la igualdad de todos los españoles y españolas; de otro , asegurar la justa distribución de los recursos públicos y la capacidad de las comunidades autónomas para proveer los servicios y prestaciones sociales que son de su competencia", razona el documento.
PSOE y Podemos avanzan en el texto su intención de introducir criterios territoriales para reducir la desigualdad y garantizar la efectividad de los derechos de las ciudadanos, al tiempo que se comprometen a fortalecer la participación de las comunidades autónomas en las instituciones de la Unión Europea.
En concreto, hablan de revitalizar la actividad de la Conferencia para Asuntos relacionados con la UE (CARUE) y fortaleciendo la participación de las Conferencias Sectoriales en los debates europeos; potenciando las oficinas de representación de las CCAA en Bruselas siguiendo el modelo de la Coordinación de Oficinas Regionales Españolas, impulsando el poder consultivo del Comité de Regiones o mejorando la capacidad administrativa de las CCAA en la gestión de los fondos comunitarios creando equipos permanentes y unidades de apoyos, formando empleados públicos o generalizando el acceso autonómico al sistema de información comunitario CIRCA.
El Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos pondrá en marcha un esquema de ayudas económicas para el vehículo eléctrico e impulsado con energías alternativas, así como medidas orientadas a promover la instalación de puntos de recarga de estos vehículos en las ciudades.
Este acuerdo, al que tuvo acceso Europa Press, recoge la formación de un plan de movilidad sostenible, a través del que se pondrá en marcha dicho esquema de ayudas económicas al vehículo eléctrico y de energías alternativas.
Además, PSOE y Unidas Podemos elaborarán también una Ley de Movilidad Sostenible y pondrán en marcha medidas de financiación del transporte público, con especial interés en las áreas metropolitanas de las grandes ciudades.
Otras medidas recogidas en el plan de movilidad sostenible son el Programa de Acción 2019-2022 para la mejora de la eficiencia de la sostenibilidad de la cadena logística, la revisión del modelo de peajes de la red viaria de alta capacidad, la promoción de inversiones productivas y sostenibles en los puertos, el impulso del Plan de Cercanías 2019-2025 y la aplicación de tecnologías de telecomunicación e información y el Internet de las Cosas para mejorar la interconectividad y la intermodalidad.
El Gobierno de Pedro Sánchez presentó a principios del pasado mes de marzo el Plan Estratégico de Apoyo Integral al Sector del Automóvil para el período comprendido entre 2019 y 2025, que contemplaba una inversión de 2.634 millones de euros
La inversión pública que se movilizaría sería de 2.634 millones de euros entre 2019 y 2025, mientras que generaría un efecto arrastre de 9.726 millones de euros en el mismo período, cifra que sería de 2.283 millones de euros en los años 2019 y 2020.
Dentro de este plan se incluían inicialmente dos planes de rejuvenecimiento del parque automovilístico español como son el Moves y el Movea, que ya estaban incluidos en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 y que están orientados a la incentivar la adquisición de vehículos de energías alternativas a cambio de achatarrar uno antiguo.
Las actuaciones de fomento de la movilidad sostenible y conectada contarían con un soporte de 1.127 millones de euros comprendidos en el período 2019 y 2025, mientras que entre 2019 y 2020 dispondrán de 127 millones de presupuesto.
El PSOE y Unidas Podemos han acordado en su programa de Gobierno de coalición el impulso de reformas normativas que permitan a las comunidades de propietarios prohibir el ejercicio del alquiler turístico o fijar condiciones para este como medida para frenar el incremento del precio del alquiler y su limitación para uso residencial.
El escrito, al que tuvo acceso Europa Press, también recoge el compromiso de ambas formaciones para consolidar la posición del sector turístico en España basado en la sostenibilidad y en la implementación de la inteligencia turística con la participación de las comunidades autónomas y los principales agentes económicos y sociales del sector.
Además, dentro de la estrategia de economía circular, con la que PSOE y Podemos se compromete a impulsar la aprobación de Ley de plásticos de un solo uso con la intención de alcanzar el "residuo cero", abordarán medidas de eficiencia para sectores clave, como es el turismo.
En cuanto al plan para el despliegue de infraestructuras digitales, este también incluye al turismo como uno de los sectores tractores de la economía junto a la salud, automoción o el agroalimentario en los que emplear aplicaciones en proyectos piloto y pre-comerciales.
El PSOE y Podemos han acordado trabajar en un Pacto por la Lectura, un aumento progresivo del presupuesto en el ámbito cultural y un plan de igualdad en la cultura, tal y como recoge el acuerdo 'Coalición progresista. Un nuevo acuerdo para España', que han hecho público este lunes.
Tal y como recoge este acuerdo de coalición, al que ha tenido acceso Europa Press, entre los objetivos de ambos partidos destaca un Pacto por la Lectura que "ponga en valor el arco que va de quien escribe a quien lee en el sector del libro". Esta propuesta responde a la petición de la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE), que a mediados de este año anunció la búsqueda de un Pacto de Estado por la lectura y el libro.
Además, este acuerdo apuesta por impulsar un Pacto de Estado por la Cultura que "proteja e impulse la actividad cultural", que contribuya al "desarrollo de las industrias culturales y de la creatividad", y que permita al sector "aumentar su peso en el PIB", así como afianzar un "modelo sostenible de crecimiento" y que apoye la "creación joven".
En este punto, ambos partidos acuerdan aumentar "de manera progresiva el presupuesto para la Cultura en los Presupuestos Generales del Estado".
Asimismo, entre las propuestas destaca un Plan de Acción sobre Igualdad en el ámbito cultural para "dar visibilidad a las autoras, artistas y creadoras invisibilizadas, eliminar las brechas de género en este ámbito y para fomentar la igualdad desde las distintas manifestaciones culturales".
Este acuerdo incluye también el compromiso de completar el desarrollo del Estatuto del Artista para mejorar las condiciones de los creadores y artistas españoles, entre cuyos objetivos se encuentran la mejora del "reconocimiento de las enfermedades profesionales y su protección".
En este sentido, PSOE y Podemos proponen actualizar los epígrafes del impuesto de actividades económicas y las protecciones por desempleo e impulsar protocolos frente a violencias machistas en el ámbito de la cultura.
Además, y en la línea con lo que el PSOE ya propuso anteriormente, este acuerdo de coalición también incluye una Oficina de Derechos de Autoría, dependiente del Ministerio de Cultura y Deporte, encargada de velar por la protección de la propiedad intelectual.
En materia cultural destaca también el apoyo e impulso de la producción y visibilidad de las creaciones artísticas y culturales en las lenguas cooficiales y propias, "especialmente en las artes cinematográficas".
El PSOE y Unidas Podemos han acordado en su programa de gobierno de coalición que la asignatura de religión será de carácter voluntario para los estudiantes, sin que haya una asignatura alternativa ni la nota sea computable a efectos académicos.
La relacionada con la asignatura de religión es una de las más diez medidas relativas a la educación y entre las que destacan también que se promoverá "la coeducación en todo el sistema educativo, impidiendo la segregación educativa por razón de sexo en los centros sostenidos con fondos públicos".
En este sentido, PSOE y Unidas Podemos han acordado que se asegurará que todos los centros privados concertados informan al alumnado y familias de que las aportaciones son voluntarias y nunca condicionan la prestación del servicio educativo.
El acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos incluye la creación de un fondo de compensación por daños medioambientales, a partir de los recargos en las pólizas de seguro obligatorias a operadores con actividades económicas susceptibles de ocasionar estos perjuicios. Además, han acordado prohibir la contraventa de los derechos del agua.
Entre las medidas que se incluyen en materia de transición ecológica, PSOE y Unidas Podemos se comprometen a crear este Fondo de Compensación de Daños Medioambientales con el objetivo de "extender en el tiempo la cobertura de tales daños, de forma que, vencido el seguro, los daños pasan a cubrirse con cargo al Fondo por un tiempo adicional igual al que estuvo vigente la póliza, con un límite de 30 años".
Del mismo modo, han acordado aprobar una Ley de base reguladora del ciclo integral del agua. Esta última supone una modificación de la normativa de contratación pública para reducir los límites de duración de los contratos futuros de gestión indirecta y el estudio de la reversión de las concesiones que no cumplan con la legislación vigente.
También en materia de agua, las dos formaciones anuncian un Plan nacional de depuración, saneamiento, eficiencia, ahorro y reutilización. En este sentido, el texto recoge la apuesta del futuro Gobierno por la racionalización del uso del agua o su intención de impulsar un Plan director de regadíos, así como su compromiso con el acceso al agua como un derecho humano y no como uno mercantil. "Se prohibirá, por tanto y como parte de este principio, la compraventa de derechos concesionales del agua", apuntan PSOE y Unidas Podemos.
Entre las iniciativas relacionadas con la transición ecológica incluyen también una actualización de la Ley de Costas, ampliar la red de espacios protegidos, un Plan Nacional de Salud y Medio Ambiente, impulsar una Ley de Bienestar animal o un Plan de Movilidad sostenible.
En este sentido, el acuerdo incluye una ley sobre esta materia, que incluya un "esquema de ayudas económicas" para el vehículo eléctrico y la financiación del transporte públicos, poniendo especial énfasis en la sostenibilidad económica de las áreas metropolitanas, entre otras iniciativas.
Dentro de esta firma, PSOE y Unidas Podemos han acordado también objetivos concretos para la descarbonización de la energía en las próximas décadas: alcanzar en 2040 el uso de entre el 85% y el 95% de energía renovable, como paso previo a alcanzar el 100% en 2050.
Socialistas y 'morados' han llegado a un acuerdo en esta materia, en la que no coincidían en sus programas electorales para las elecciones del pasado 10 de noviembre.
Los objetivos incluidos en el nuevo documento acordado son los que proponía el equipo de Sánchez hace más de un mes, frente a los de Pablo Iglesias que querían lograr un uso energético al 100% renovable en 2040. Ahora, Unidas Podemos rebaja estas expectativas en aras de formar parte del Gobierno.
Unidas Podemos también ha renunciado a poner fecha al cierre de las centrales nucleares, que en su programa electoral para el 10 de noviembre se fijaba para 2024. El PSOE sólo señalaba en su programa que la transición hacia una energía descarbonizada pasaba por un "calendario adecuado" para el cierre de estas plantas.
Este documento acordado, sí recoge la necesidad de desarrollar planes de acción urgente para las comarcas afectadas por el cierre de centrales de carbón y centrales nucleares con calendario conocido, con el objetivo de establecer escenarios estables, predecibles
y competitivos para estas áreas.
El PSOE y Podemos prometen, en el documento de su preacuerdo para conformar un 'Gobierno progresista de coalición', "erradicar la trata de mujeres con fines de explotación sexual" y una Ley integral "que incorpore medidas de prevención y persecución" contra las redes de tráfico de mujeres y niñas que son "obligadas a ejercer la prostitución" en España.
Sin embargo, en el documento de 50 páginas al que ha tenido acceso Europa Press, no se incluyen medidas concretas encaminadas a la abolición de la prostitución como sí hizo el PSOE en anteriores programas electorales. En comicios pasados, los socialistas se comprometieron suprimir esta práctica y a impulsar iniciativas desincentivadoras de la demanda, como multar a los clientes.
En el acuerdo presentado este lunes, 30 de diciembre, PSOE y unidas Podemos se centran en medidas contra la trata. En el bloque de políticas feministas, prometen "erradicar la trata de mujeres con fines de explotación sexual, favorecer la dignidad de las mujeres, garantizar alternativas y terminar con las redes y las mafias que se lucran con la esclavitud".
"La trata con fines de explotación sexual es una violación de los derechos humanos y supone una de las formas más crueles en las que se manifiesta la violencia contra las mujeres", remarcan. Asimismo, recuerdan que España es "uno de los países de tránsito y destino" de muchas de mujeres y niñas "que son obligadas a ejercer la prostitución".
En este contexto, se comprometen a aprobar una Ley Integral contra la Trata de mujeres con fines de explotación sexual, "basada en los derechos de las víctimas, que incorpore medidas de prevención y persecución de estas redes criminales, además de medidas de protección y de recuperación integral de estas mujeres y niñas".
En ningún momento los partidos hacen mención a la abolición de la prostitución, una bandera que ha sido enarbolada por el PSOE en diversas ocasiones, y también por su vicepresidenta y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, que se ha declarado públicamente abolicionista.