VALÈNCIA (EFE). El Ejecutivo estima un impacto de 1.291 millones tras la reversión de la autopista de peaje AP-7, que explota Abertis y que pasará a ser gestionada por el Estado una vez que expire su concesión el próximo mes de agosto, según detalla en el Programa de Estabilidad 2021-2024 remitido a Bruselas.
Este gasto es uno de los que influirá en 2021. El Gobierno sostiene que este importe se ve compensado por el impacto en 2020 de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo relativa a las cantidades adeudadas a Bankia, CaixaBank y Banco Santander por el almacenamiento subterráneo de gas Castor por 1.454 millones, sin correspondencia en 2021.
En el documento remitido a Bruselas el Gobierno sostiene que los recursos procedentes de ayudas a la inversión y otras transferencias de capital recogen en 2021 una cantidad de 2.000 millones como consecuencia de su influencia en la contabilidad nacional del fin de la concesión de la AP-7, al igual que sucedió en 2020, por ejemplo, con la reversión de la AP-4 y parte de la AP-7.
Esta operación tendrá una incidencia en el déficit por importe de 1.291 millones, añade el Ejecutivo. De hecho, en 2020 la formación de bruta de capital se vio afectada por la reversión de la AP-4 y parte de la AP-7 por importe de 1.745 millones.
Para 2021, la ausencia de este hecho no recurrente, se ve compensado por el impacto asociado a Abertis en el gasto por importe de 2.000 millones, no previstos en el Plan Presupuestario.
Cabe recordar que en 2020, el Tribunal Supremo acordó que la compensación o indemnización pretendida por Abertis por la pérdida de tráfico en autopistas debe contabilizarse como un intangible y no como un activo financiero, con lo que estima el recurso interpuesto por el Ministerio de Fomento. En su sentencia resaltaba que este cobro no será un "derecho incondicional" hasta 2021, año en el que expira la concesión de la AP-7.
En 2006, Fomento y Abertis firmaron un convenio que recogía los términos de la ampliación de dicha autopista, por el que la concesionaria se comprometió a invertir más de 500 millones para ampliar la AP-7 en Girona y Tarragona.
Ambos discrepaban sobre la compensación a recibir por Abertis al término de la concesión en 2021, ya que se consideró que el tráfico que generaría el tercer carril serviría para pagar las obras; sin embargo, la crisis económica provocó una caída de la circulación del 30 % de media en toda España, lo que hizo que se activaran unos mecanismos de compensación. Abertis cifraba en 2.951 millones de euros su reclamación a Fomento.
UGT ha alertado de la próxima desaparición de cerca de 500 puestos de trabajo asociados a las autopistas de peaje que vencen a lo largo de 2021, una situación que, sin embargo, coincide con los planes trasladados por el Ejecutivo a Bruselas para extender el pago por uso a las vías de alta capacidad.
