Íñigo Urkullu y Mariano Rajoy, en una imagen de archivo. Foto: EFE/ADRIÁN RUIZ DE HIERROMADRID/VALÈNCIA (EP/VP). El proyecto de ley del Cupo vasco que el Pleno del Congreso debatirá y votará este jueves se enfrenta por primera vez a una oposición del 10% de la Cámara, que es el porcentaje que representan los 32 diputados Ciudadanos y los cuatro de Compromís, los dos partidos que han avanzado ya su voto en contra.
Pese al rechazo de las formaciones naranja y valenciana, tanto la aprobación del Cupo vasco como la del proyecto de ley de modificación del Concierto Económico están garantizadas, puesto que, además del PP y del PNV, al acuerdo se sumará el PSOE, que gobierna en coalición con los nacionalistas vascos.
Ciudadanos fue el primero en anunciar su rechazo al Concierto y el Cupo Vascos, para lo cual adelantó que presentaría sendas enmiendas para tratar de tumbarlos. A su juicio, el régimen foral vasco "alimenta el agravio comparativo" con las comunidades del régimen común.
El voto en contra de Compromís lo adelantó Valencia Plaza este lunes y lo confirmó la coalición, en su caso como acto de "rebeldía" contra el Gobierno. La formación valenciana no está en contra de este sistema de financiación, pero cree "indecente" que el Ejecutivo prime a Euskadi frente a comunidades "maltratadas", como la Comunitat Valenciana, sólo para garantizarse un apoyo a los Presupuestos y asegurarse, por tanto, "una año más en La Moncloa".
En declaraciones a Europa Press, el portavoz de Compromís, Joan Baldoví afirmó que el Ejecutivo debería empezar por arreglar los problemas de aquellas comunidades "maltratadas" e "infrafinanciadas", y no por aquellas cuya situación económica y financiera es solvente. "Los sistemas de financiación sirven para garantizar los derechos de las personas y deberían estar todos presentes en la Constitución, no solo los dos de los territorios forales", denunció el diputado valenciano, quien criticó que el Gobierno esté "comerciando" con los derechos de la ciudadanía.
En concreto, citó el caso de la Comunitat Valenciana, donde, destacó, solo pueden prestar los servicios esenciales que el Estado le encomienda endeudándose cada vez mas o a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).
La última vez que el Congreso avaló el Cupo Vasco fue en 2014. En aquella ocasión sólo fueron siete los diputados que rechazaron el régimen económico de Euskadi, esto es, un 2% del hemiciclo, lo que sumaron los cinco diputados de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) y los dos diputados del PP --entre ellos el entonces portavoz parlamentario del PP, Alfonso Alonso--, aunque en su caso fue por error. Cinco años después, y en vísperas de un debate de financiación autonómica que parte de posiciones muy enconadas, el número de diputados de la oposición que dirán 'no' al Concierto y al Cupo vascos se quintuplicará hasta los 36 que suman Cs y Compromís.
En todo caso, el Congreso va a aprobar este jueves los proyectos de ley del Cupo Vasco y de modificación del Concierto Económico, pues
cuenta con una sólida mayoría sustentada por los dos principales grupos (PP y PSOE) más el PNV y las formaciones soberanistas. Eso sí, al presentarse enmiendas el jueves habrá un debate en el Pleno con participación del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
Ambos proyectos se van a tramitar por la vía de urgencia, lo que acortará los plazos a la mitad. En el Pleno de este martes se aprobará el procedimiento de lectura única, lo que supone que todas las fases parlamentarias se sustanciarán en un solo debate, programado para el jueves.
Este procedimiento exprés, avalado por PP, PSOE y Unidos Podemos, fue criticado en cambio por Ciudadanos, que votó en contra en la Mesa del Congreso al considerar que un asunto de este calibre "no se puede despachar de un plumazo", según las palabras del vicepresidente primero del Congreso, Nacho Prendes.
En las memorias justificativas que acompañan a los proyectos se remarca que, dada la "especial naturaleza" del Concierto y el Cupo vascos, el Congreso no puede introducir modificaciones en su redacción.
De hecho, todas las enmiendas que presente la oposición, aunque sea para cambiar una palabra, se entenderán como de totalidad o de devolución. Y es que se trata de leyes pactadas entre los dos ejecutivos y que previamente ha sido aprobado por unanimidad por una comisión mixta bilateral donde están representadas también las diputaciones forales.
La ley quinquenal del Cupo para los años 2017-2021 fija la fórmula de cálculo de lo que Euskadi debe pagar al Estado, mientras que la Ley del Concierto Económico recoge distintas modificaciones. La cifra base del Cupo será de 1.300 millones de euros anuales, pero en cada ejercicio el cupo líquido, lo que en realidad pague el País Vasco, variará según los descuentos que se apliquen por distintos conceptos y que no serán los mismos de un año a otro. Así, la cifra que se pagará este año ronda los 945 millones.
Los dos gobiernos alcanzaron en mayo un acuerdo después de años de desavenencias sobre el cálculo del Cupo, la aportación que el País Vasco hace al Estado por los servicios que este presta en su territorio más una contribución a los gastos generales. Las diferencias correspondían al periodo 2007-2016, así como al cálculo de las políticas activas de empleo, cuyas competencias fueron transferidas a Euskadi en 2010.
Finalmente, las dos partes pactaron que el Estado devuelva al Gobierno vasco 1.400 millones de euros que se entienden cobrados de más, un dinero que se irá descontando de forma progresiva durante los próximos cinco años del citado Cupo: el 10% de los 1.400 millones se descontará del pago de este año, el 15% el año próximo, el 20% al siguiente, un 25% en el cuarto ejercicio y el 30% restante, en el último año.
Según garantizó el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ambas leyes estarán aprobadas para su entrada en vigor el 1 de enero del próximo año, tal y como pactaron en su día con el Gobierno vasco del PNV.
Militantes de Madrid, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura reclaman un sistema justo y multilateral
