Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. Agilizar la adjudicación de vivienda protegida. Con esa vocación, la Conselleria de Vivienda ultima la creación de un decreto por el que se creará un registro autonómico sobre la oferta y demanda de vivienda de protección, tanto de promoción pública como privada. Una nueva herramienta que busca dar sentido a las políticas de vivienda que está llevando a cabo este departamento, con el objetivo de atender la emergencia habitacional en la autonomía valenciana.
Esta norma, que previsiblemente este martes saldrá a exposición pública, desarrolla uno de los mandatos que incluía la Ley por la Función Social de la Vivienda, aprobada en 2017, en su artículo 11, como era la creación de un registro de oferta de inmuebles y de demandantes para garantizar el derecho a la vivienda en la autonomía valenciana. El calendario que baraja el departamento que dirige Rubén Martínez Dalmau es que este decreto sea aprobado por el Consell a principios de verano.
Así, tras meses de trabajo, se ha elaborado un decreto que, además de regular cómo funcionará este nuevo instrumento y qué criterios regirán la baremación para la adjudicación, también incluye aspectos novedosos, como la creación de un inventario sobre vivienda protegida en la Comunitat Valenciana. Así, contará con tres secciones: por un lado, la inscripción de demandantes; por otro, de la oferta de inmuebles susceptibles de venta o alquiler, y finalmente el inventario con el conjunto total de activos en el mercado valenciano.
Lo cierto es que en 2009 se aprobó una orden que regulaba el registro de demandantes de vivienda, pero hasta ahora no existía ningún instrumento de control de la oferta. Por tanto, desde este departamento se ha considerado necesario implementarlo en el decreto. "Había un vacío que no tenía sentido. Hemos considerado importante controlar tanto la oferta como la demanda para crear una herramienta que agilice los procedimientos de adjudicación", explica a este diario Adoración Guamán, directora general de Coordinación Institucional en la Conselleria de Vivienda.
Así, las principales líneas de esta normativa pasan por la agilidad y conexión entre la oferta y la demanda y una coordinación con los ayuntamientos para generar sinergias entre los registros municipales y el autonómico. "El nuevo registro refleja el cambio de paradigma que estamos impulsando desde la Conselleria. Cumple cuatro objetivos fundamentales: agilizar, facilitar, conocer y organizar la demanda y la oferta para que las adjudicaciones de vivienda sean efectivas", destaca. En esta línea, esta herramienta contará con un soporte informático para que las inscripciones y formularios se hagan de forma electrónica.
En concreto, los demandantes de vivienda deberán rellenar un formulario mediante una declaración responsable, esto es, cumplimentar un documento en el que detallen su situación económica y su unidad de convivencia. "Ya no hablamos de unidad familiar, porque creemos que este modelo se ajusta más y abarca los diferentes tipos de familias que hay en la actualidad. Una unidad de convivencia no exige ningún tipo de parentesco: puede ser desde una persona hasta dos amigas que vivan juntas", explica.
Entre los requisitos que se exigirán para poder optar a un inmueble está la necesidad de vivienda. Por ejemplo, una mujer víctima de violencia machista que necesite cambiar de municipio, o una persona con alguna discapacidad que no tenga una vivienda adaptada. También se incluirá a las personas con una limitada capacidad económica, fijada en 4,5 veces el IPREM, así como que la vivienda se destine a residencia permanente.
Como novedad, este registro permitirá al solicitante elegir entre tres municipios, con el objetivo de mantener el arraigo social de las personas. Los solicitantes también deberán precisar si quieren compra o alquiler, así como detallar si necesitan que sea una vivienda adaptada y si presentan una situación de vulnerabilidad. A partir de esos datos, se baremarán los criterios y si el demandante es apto y hay oferta se le solicitará la documentación pertinente que acredite su situación antes de cerrar la operación.
¿Cómo se adjudicarán los pisos? "Lo primero que hay que ver es que existe compatibilidad entre la demanda y la oferta", indica Guamán. De este modo, se aplicarán determinados criterios para puntuar las solicitudes. El requisito que más primará será la situación de vulnerabilidad -diversidad funcional, violencia de género, familia numerosa o monoparental-, aunque también se tendrá en cuenta la capacidad económica de la unidad de convivencia, así como el número de habitaciones del inmueble y su localización.
En el caso de la oferta, la voluntad de la Conselleria es conocer cuánta vivienda protegida existe en la Comunitat Valenciana para sacarla al mercado. De esta manera, la inscripción será de aquellos inmuebles susceptibles de ponerlos en venta o régimen de alquiler. Tanto aquellos que sean de promoción privada como pública. "Necesitamos poner en circulación más vivienda y conocer cuántos propietarios hay que la quieran ofertar. Por tanto, lo que se pretende es conocer y saber el estado de los inmuebles que tienen este régimen", puntualiza la directora general de Coordinación Institucional de Vivienda.
En este caso, la inscripción será sencilla: se pedirá la identificación, modalidad de promoción, régimen de uso, y datos identificativos de la vivienda, con declaración de veracidad. La Administración actuará de oficio e incluirá todos sus activos y la voluntad es coordinar y compartir datos con los ayuntamientos para lograr una gestión más eficaz en las políticas de vivienda. De esta forma, ambas administraciones se nutrirán de la base de datos y será más sencillo dar una respuesta habitacional a quienes más lo necesitan.
Pero, además, el decreto incorporará un estatuto de las personas usuarias del patrimonio público, una serie de deberes y obligaciones que deberán cumplir los adjudicatarios. "Creemos que es el momento de hablar de la dignificación del parque público, que también pasa por expresar los deberes y obligaciones de los usuarios de esos inmuebles. Se trata de ponerlo negro sobre blanco para conseguir una adecuada convivencia", expresan desde la Conselleria.
Así, esas normas básicas fijarán que la vivienda tenga que ser destinada a residencia permanente, no podrá ser habitada por usuarios que no pertenezcan al núcleo de convivencia, en ella no se podrán realizar actividades ilegales o insalubres y se exigirá seguir las pautas fijadas por la comunidad de vecinos.
Finalmente, la norma que ultima la Administración valenciana quiere conocer y dar publicidad a los inmuebles protegidos en la autonomía. Para ello, esta norma recoge la puesta en marcha de un inventario que obligará a toda persona física y jurídica propietaria de este tipo de inmuebles a registrarlos. De esta forma, propietarios, entidades financieras, agencias inmobiliarias, entidades de gestión y promotores deberán comunicar a la Administración la existencia de esta clase de activos.
Lo cierto es que por parte de las grandes entidades ya existe una comunicación oficial, pero ahora se hace extensible a las personas físicas. De esta forma, se busca conformar un listado con el fin de ordenar este catálogo. "No quiere decir que se tengan que movilizar, solo hacer constar que existen, porque eso nos va a permitir conocer la situación de la vivienda protegida en la Comunitat Valenciana", puntualiza Guamán.
