Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. La infrafinanciación que padece la Comunitat Valenciana limita el desarrollo de los servicios de protección social y apoyo a la dependencia, tal como confirman los datos recogidos en el último número de Papers de Finançament, publicación elaborada por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) en colaboración con la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico. No obstante, hay otros factores que inciden, como la necesidad de este gasto en función de las características demográficas y socioeconómicas de cada territorio o la prioridad otorgada a estas políticas.
El último número de Papers, dedicado al gasto en políticas de protección social y dependencia, certifica la ralentización en la aplicación de la ley de la Dependencia en la Comunitat Valenciana durante los primeros años de esta norma aprobada en 2006 por parte del anterior Consell. Los datos muestran que mientras en el conjunto de las comunidades se produjo un fuerte impulso hasta 2009, en la Comunitat Valenciana el aumento fue sensiblemente inferior e incluso llegó a registrarse un descenso en el gasto real en 2008.
Asimismo, el informe refleja el cambio en las prioridades aplicado por el actual Consell a partir de 2015 y en 2016, con un incremento del gasto real en 2016 respecto a 2014 del 28%. Este impulso ha permitido reducir la brecha en la atención social que sufre la Comunitat Valenciana en relación al conjunto de las autonomías, aunque la situación inicial y la infrafinanciación que padecen los valencianos aboca a que siga ocupando los últimos puestos del ranking de las comunidades. En 2017 esta brecha se habrá reducido todavía más, si bien no existen datos liquidables homogéneos para todas las autonomías.
El informe es explícito al respecto: “En la suma de las CC AA se produce una intensificación del gasto tras la aprobación de la Ley de Dependencia en 2006, apreciándose un importante retroceso posteriormente, con la llegada de la crisis y los ajustes. En la Comunitat Valenciana, el avance inicial es mucho más lento, aunque se observa una aceleración en los últimos años con un crecimiento del gasto por habitante de 65 años o más del 28% entre 2014 y 2016 (último año para el que existen datos liquidados comparables). Este incremento ha reducido la distancia con respecto a la media de las CC AA del 40,7% en 2014 al 26,5% en 2016”.
A la vista de estos datos, la secretaria autonómica de Modelo Económico y Financiación, María José Mira, ha censurado que el Gobierno central “siga poniéndose de perfil” sin acometer la reforma de la financiación autonómica, con el fin de corregir la infrafinanciación que padece la Comunitat y otras autonomías, “mientras los valencianos y valencianas más vulnerables siguen sufriendo”.
“Somos una de las comunidades con más porcentaje de personas en situación de desempleo de larga duración y con mayor porcentaje de personas en riesgo de pobreza y, sin embargo, nuestro gasto en protección social está más de un 25% por debajo de la media española. Queremos reducir nuestras tasas de paro y de pobreza y queremos desarrollar la ley de Dependencia con todos los derechos que conllevaba tanto para las personas dependientes como para las personas y profesionales que las atienden, pero para ello necesitamos un sistema de financiación justo”, ha aseverado Mira.
“No queremos más de lo que nos corresponde, pero tampoco menos. El Gobierno del PP lo que no puede hacer es seguir poniéndose de perfil mientras los valencianos y valencianas más vulnerables siguen sufriendo”, ha añadido.
Y es que, tal como evidencia el informe, las necesidades en protección social de la Comunitat Valenciana son similares e incluso superiores a la media de las autonomías. En concreto, el porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social representa en la Comunitat el 30,5% del total de la población, mientras que en el conjunto de España es el 27,9%. Asimismo, los desempleados de larga duración suponen el 7,3% del total de población en edad de trabajar en la Comunitat Valenciana, frente al peso del 6,7% a nivel estatal.
En cuanto al envejecimiento de la población, en la Comunitat Valenciana el 18,5% de la población total tiene 65 años o más, porcentaje similar al que se registra a nivel nacional (18,6%). Al parecido sucede con la población de más de 80 años, que representa un 5,4% en la Comunitat Valenciana y un 6% en el conjunto autonómico.
Como explica el informe elaborado por el IVIE, el gasto en protección social depende básicamente de tres factores: la intensidad de sus necesidades por habitante, los recursos con que cuentan las administraciones y las prioridades otorgadas a estos servicios públicos. Como promedio, las comunidades autónomas utilizan dos terceras partes del gasto público en protección social de las administraciones territoriales pero este porcentaje varía dependiendo tanto de las singularidades institucionales de los territorios (foralidad, insularidad, etc.) como de los criterios seguidos en la delegación de competencias en materia de servicios sociales a las corporaciones locales.
El documento presenta en un gráfico el gasto real en 2016 de las administraciones territoriales (autonómica y local) en protección social por habitante y por habitante de 65 años o más, en el que se refleja que la Comunitat, pese al fuerte incremento del 28% en la inversión social en los dos últimos años, aparece en la penúltima posición, solo por delante de Murcia. Por contra, en el extremo superior se encuentran las comunidades forales, “con lo que se pone de manifiesto su abundancia de recursos”, indica el informe.
El análisis acredita que, además de la prioridad otorgada a las política de protección social, existe una vinculación entre financiación e inversión social. “La influencia de los recursos con los que cuenta cada comunidad en su nivel de gasto en protección social parece fuera de toda duda”, apunta, para añadir: “A mayor volumen de recursos totales por habitante (ajustado) del sistema de financiación, mayor gasto por habitante en protección social”.
“El trato recibido por la Comunitat Valenciana del sistema de financiación autonómica tiene consecuencias muy significativas: condiciona su nivel de gasto en protección social en general y, en particular, en la componente más importe del mismo: la atención a la dependencia”, se indica.
El informe evidencia cómo, a pesar del aumento en los últimos años, la tasa de cobertura de la Dependencia respecto a la población total y a la población de 65 años o más se sitúa en el 1,2 y el 6,6%, frente a la media del 2,1 y el 10,9%. Un porcentaje “muy alejado del alcanzado en las CC AA del norte peninsular que cuentan con más recursos, como Castilla y León, País Vasco o Cantabria, que doblan en tasa de cobertura a la Comunitat Valenciana”.
Militantes de Madrid, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura reclaman un sistema justo y multilateral
