VALÈNCIA. La Comunitat Valencia tendría que recibir 2.500 millones de euros más cada año por parte del Estado para igualarse a la media de recursos con los que cuenta las comunidades autónomas de régimen común. Según un estudio que prepara el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) sobre saldos fiscales y financiacion autonómica, entre 2011 y 2014 la región ha dejado de recibir 10.000 millones de euros que le corresponderían de haberse aplicado criterios de "racionalidad" en el reparto de los recursos.
Las cifras de este trabajo, que se presentará antes de la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que el Gobierno ha prometido convocar este mes, han sido presentadas este lunes por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, el conseller de Hacienda, Vicent Soler; la secretaria autonómica de Hacienda, Clara Ferrando; el director del Ivie y experto del Consell en el comité para la reforma del sistema de financiación, Francisco Pérez; y José Antonio Pérez, representante de la Comunitat en el Comité Técnico Permanente encargado de acordar esa reforma.
Según ha expuesto Puig, esos 2.500 millones que la Comunitat ha dejado de recibir cada año corresponden a 1.607 millones de euros del sistema de financiación autonómica; 692 millones en gasto no realizado por la Administración Central en infraestructuras logísticas, ayudas regionales, justicia y seguridad ciudadana o ayudas para la dependencia; y otros 202 millones tendrían que venir de una mejora en la financiación local.
Puig, quien ha recordado el incumplimiento de Mariano Rajoy en la conferencia de presidentes de reformar el sistema antes de que concluyera 2017, ha asegurado que estas cifras evidencian la "gran estafa" que sufre la Comunitat.
"Nosotros no estamos en el debate identitario y la confrontación, queremos que no se eternice este debate de la financiación, queremos desbanderizar este debate y que los ciudadanos de este país tengan derecho a ser iguales", ha subrayado el jefe del Consell, quien ha considerado que reformar el sistema de financiación "puede ayudar a resolver problemas territoriales". "Los problemas territoriales no se resuelven con banderas", ha insistido.
El estudio del Ivie evidencia que la Comunitat Valenciana tiene un saldo negativo en sus balanzas fiscales –aporta a la solidaridad común más de lo que el Estado invierte en ella– pese a tener un nivel de renta por habitante del 88%.
La causa principal de esta anómala balanza fiscal "tan perjudicial" para la Comunitat se debe a que el conjunto del gasto público en la Comunitat es el menor de todos los territorios, mientras en autonomías de condiciones similares es superior a la media de España.
Si se siguieran "criterios objetivos" de necesidades de gasto, el gasto por habitante en la Comunitat crecería 12 puntos y medio, hasta el 95,5%.
Los 2.500 millones adicionales que reclama la Comunitat se traducirían en un crecimiento del PIB regional del 3% (casi 3.000 millones) y en 47.877 más empleos, un 2,7% más.
Militantes de Madrid, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura reclaman un sistema justo y multilateral
