Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. El gasto real de la Generalitat ha aumentado un 30,8% desde la llegada del Consell del Botànic en 2016. En términos absolutos el gasto de la administración valenciana sin incluir el coste de la deuda se ha incrementado en nada menos que 4.200 millones de euros en apenas cuatro años.
La cifra, según presume la Conselleria de Hacienda, evidencia que no se ha llevado a cabo "ningún ajuste ni recorte frente a los recortes que impuso el PP cuando gobernaba". De hecho, el Consell ha aumentado el gasto año tras año para tratar de converger con la media del conjunto de comunidades a pesar de que el sistema de financiación no le garantiza los ingresos suficientes para mantener ese ritmo sin tener que endeudarse.
Dado que la Generalitat gasta sistemáticamente más de lo que ingresa, el Consell ha tenido que financiar ese incremento mediante el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), lo que ha disparado la deuda pública valenciana por encima de los 51.000 millones, el equivalente al 49% del PIB de la Comunitat. De esa cantidad, el 85% es deuda contraída con el Estado a través de ese fondo de liquidez.
La Comunitat Valenciana, por el hecho de vivir enganchada al FLA e incumplir año tras año el objetivo de déficit para las CCAA de régimen común, está obligada a presentar ante el Ministerio de Hacienda un plan de ajuste en el que se recogen una serie de medidas de contención del gasto. Entre ellos figuran compromisos de adelgazamiento de su sector público o de racionalización y eficiencia del gasto público muchos de los cuales tampoco se cumplen porque se repiten en los sucesivos planes de ajuste.
El Ministerio de Hacienda hizo público este martes el plan de ajuste de la Comunitat Valenciana de 2021 y el de las otras ocho comunidades obligadas a presentarlo a pesar de que el Gobierno, con motivo de la crisis derivada de la covid, ha suspendido la aplicación de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública en 2020 y 2021.
El mismo refleja que en 2020, el gasto real de la Generalitat ascendió a 17.831 millones de euros, casi 1.500 millones más que en 2019. En términos relativos, el gasto real sin incluir las operaciones financieras creció un 8,83%. Al respecto, la Conselleria de Hacienda destaca que, durante el año de la pandemia, la ejecución presupuestaria alcanzó los 25.869 millones de euros y creció en "prácticamente todos los capítulos".
El departamento que dirige Vicent Soler subraya el incremento "especialmente relevante" en inversiones reales (Capitulo VI), en transferencias corrientes por el impacto de las subvenciones directas o las destinadas a paliar los efectos de la Covid (Capitulo IV) y en los gastos de personal (Capitulo I), especialmente en el caso de Sanidad y Educación.
El año anterior, sin pandemia, el gasto real de la Generalitat ya creció en 1.100 millones (un 7,26% más) respecto a 2018 hasta 16.384 millones de euros. Esa evolución refleja el "compromiso del Consell" por garantizar unos servicios públicos esenciales fundamentales análogos a los del resto de España, a pesar de no recibir para ello los recursos ordinarios suficientes del sistema de financiación.
Sin embargo, a la situación de infrafinanciación de la Comunitat Valenciana, que lleva años a la cola de España en la cantidad de recursos por habitante para financiar los servicios públicos esenciales, se suma la inejecución de los compromisos de reducción de gasto asumidos en los planes de ajuste. Es el caso, por ejemplo, de la reducción pendiente en el número de fundaciones y entes públicos que, lejos de reducirse, ha aumentado desde 2016.
Así, al comienzo de la pasada legislatura vieron la luz nuevos organismos del sector público como la Autoridad de Transporte Metropolitano de València (ATMV), la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación (CVMC), la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción, la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE) o la Agencia Valenciana de la Innovación.
El inventario de entes y organismos públicos a 1 de julio de 2016 ascendía a 124 en total. En el plan de ajuste de 2017, el Consell se comprometía a reducir el tamaño del sector público a 110 entes en 2021 como consecuencia de la extinción de varias fundaciones, mercantiles o consorcios que, a día de hoy, siguen existiendo.
De hecho, el plan de ajuste para este año refleja que actualmente el sector público autonómico está formado por 129 entes e incluye de nuevo el compromiso de extinguir nueve fundaciones que, en realidad, llevan años en el limbo como la Fundación Feports, la Fundación de la Comunitat Valenciana de Las Artes, la del Centro de Estudios Ciudad de la Luz de la Comunitat Valenciana o la Fundación de la Comunitat Valenciana Jaume II El Just, por citar algunas.
El plan de ajuste de 2021 incluye un desglose sobre el efecto presupuestario de la pandemia en las arcas autonómicas. Según el mismo, la previsión de cierre de 2020 apunta a que el gasto en personal asociado a la lucha contra la covid creció en 299 millones y que las compras de material sanitario supusieron nada menos que 771 millones de euros. En total, la covid le costó a la Generalitat más de 1.400 millones, ya que a lo anterior hay que añadir los casi 300 millones de euros que se han destinado a subvenciones y ayudas a los sectores más afectados por la crisis.
Para este año, el Consell aún ha previsto un gasto derivado de la pandemia de casi 1.300 millones de euros, de los cuales 357 millones corresponden a gastos de personal (58 más que en 2020) y 575 a compras de bienes y servicios (195 menos que el año pasado).
A ello se suma, además, la caída generalizada en todos los tributos propios en el año de la pandemia sobre las previsiones iniciales. Especialmente acusado fue el descenso en la recaudación por Transmisiones Patrimoniales, con una caída de 241 millones de euros, o el de los tributos sobre el juego (45 millones menos).
Para afrontar ese gasto no presupuestado y compensar el desplome de los ingresos tributarios, las CCAA han contado con recursos adiciones del Estado a través de los diferentes fondos covid aprobados por el Gobierno, que además decidió mantener las entregas a cuenta del sistema de financiación al no aplicar a las mismas el impacto previsto en la caída de la recaudación tributaria el primer año de pandemia.
En el caso de la Comunitat, los ingresos no tributarios por ese concepto se elevaron en 2020 por encima de los 1.544 millones de euros. El Gobierno repartirá este año otros 13.400 millones de euros entre las CCAA para compensar el impacto de la crisis de la covid. La Comunitat Valenciana ha solicitado al Ministerio que aplique el criterio de población ajustada en el reparto y que reserve un tramo de 3.000 euros para compensar a las autonomías peor financiadas.
Militantes de Madrid, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura reclaman un sistema justo y multilateral
