VALÈNCIA. Vaersa, la empresa pública de la Generalitat adscrita a la Conselleria de Medio Ambiente, se dividirá en dos entes independientes. Uno de ellos, que conservará la naturaleza actual de sociedad mercantil, se encargará de la gestión de residuos y los trabajos de innovación. El segundo ente, del que todavía está por decidir si mantendrá el carácter mercantil o se constituirá como entidad pública empresarial, se encargará de la gestión de los parques naturales o la prevención de incendios, entre otras tareas delegadas por la administración mediante la fórmula de la encomienda de gestión.
Según explicó la consellera de Medio Ambiente, Elena Cebrián, durante una reunión del consejo de administración de la sociedad que ella misma preside, el Consell aprovechará la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de la Generalitat de 2019 –los últimos del Consell del Botánic antes de las elecciones autonómicas– para ejecutar esa división.
La decisión se enmarca en el proceso abierto por el Consell para reestructurar esta sociedad pública, una de las que más quebraderos de cabeza ha ocasionado al Ejecutivo autonómico por ser un foco permanente de conflictividad laboral, pues prácticamente dos tercios de sus 1.300 trabajadores son temporales.
La fórmula jurídica que adopte finalmente la entidad que quedará encargada de ejecutar las encomiendas de gestión de Medio Ambiente es determinante para atajar esa conflictividad laboral. Los sindicatos representados en el comité aspiran, y así se lo han trasladado tanto a la dirección de la empresa como a la propia consellera Elena Cebrián, a que esta nueva sociedad que asumirá parte de las competencias de la actual Vaersa se configure como entidad pública empresarial y a que su personal sea asumido por la administración.
LOS SINDICATOS EXIGEN QUE SE LES APLIQUE A LOS EMPLEADOS DE VAERSA LA MISMA FÓRMULA QUE A LA PLANTILLA DEL HOSPITAL DE ALZIRA
En concreto, los sindicatos quieren que se les aplique la fórmula que el Consell ha seguido para asumir al personal del Hospital de Alzira tras expirar el contrato por el que Ribera Salud gestionaba este centro en régimen de colaboración público privada. De seguirse la misma vía, los alrededor de 900 empleados de Vaersa vinculados a las encomiendas, pasarían a depender de la Generalitat como personal a extinguir. Esto es, podrían seguir ocupando su plata hasta que la administración la incluyera en una oferta pública de empleo.
No obstante, en el consejo de administración en el que Elena Cebrián detalló los planes del Consell con la empresa ya advirtió de que, aunque en la reestructuración de la firma se buscará "la estabilidad de los trabajadores", la asignación de personal a las nuevas entidades que se constituyan "no supondrá en ningún caso procesos de funcionarización automáticos".
Además de gestionar las plantas de residuos, Vaersa actúa como medio propio de la Generalitat para llevar a cabo tareas instrumentales que la propia administración podría desempeñar con personal propio si tuviera medios suficientes para hacerlo. Aunque en muchos casos se trata de servicios repetitivos, como las brigadas forestales o la gestión de los bancos de semillas, la Generalitat recurre a la fórmula de la encomienda de gestión, lo que mantiene al personal vinculado a las mismas en un ciclo infinito de temporalidad. Algunas se renuevan de forma recurrente desde hace dos décadas.
Sin embargo, las aspiraciones de los trabajadores para consolidar sus puestos se diluyen a medida que avanza el proceso de reestructuración de la empresa pública. En la última reunión de la comisión negociadora de la firma, celebrada hace poco más de una semana, el director de la empresa, Benjamín Maceda, expuso las reservas que mantiene el Consell sobre la creación de una entidad pública empresarial, con las consecuencias que ello implica a nivel laboral.
Representantes de UGT, CCOO o Intersindical-Stas acogieron estas noticias con "perplejidad", según se recoge en el acta del encuentro. Critican que Vaersa podría haberse transformado en entidad pública "hace años" y consideran que mantenerla como sociedad anónima supondría "un parche" que evidencia "una falta de interés político por una gestión de lo público con medios públicos".
EL MALESTAR DE LOS SINDICATOS CRECE A MEDIDA QUE EL FINAL DE LA LEGISLATURA SE APROXIME SIN QUE SE RESUELVA EL PROBLEMA LABORAL
En la misma reunión con los sidicatos, la dirección también informó a los sindicatos de que, del mismo modo que ha sucedido este año, los 900 trabajadores vinculados a las encomiendas volverán a quedarse fuera de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la firma, que solo incluirá al personal de estructura (servicios centrales y plantas) conforme dicta la Conselleria de Hacienda de acuerdo con el criterio de la Abogacía de la Generalitat. La empresa está obligada a presentar su nueva RPT antes del 30 de junio.
Entre las plataformas sindicales el descontento hacia el Consell es creciente a medida que observan que la legislatura se agota sin que se haya dado una solución al problema laboral. Este asunto ha sido también motivo de tensiones internas en el seno de la Conselleria de Medio Ambiente entre las dos sensibilidades que coexisten en ella: el sector controlado por Els Verds y la facción alineada con la propia consellera Cebrián.
La partición de Vaersa viene condicionada también por la reciente entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, que cambia los criterios según los cuales una administración puede encomendar de forma directa la ejecución de un servicio.
Según la nueva legislación comunitaria, para que una empresa pública pueda ser considerada como medio propio instrumental de la administración de la que depende, el 80% de sus ingresos deben proceder de la administración. Vaersa, que en su condición de sociedad anónima mercantil también compite en el mercado con empresas privadas, no cumpliría actualmente esas exigencias, ya que alrededor del 40% de sus ingresos actuales son de origen privado.
Según trasladan a este diario fuentes de la empresa, las próximas semanas serán claves para que el grupo de trabajo que estudia el futuro de la firma, en el que participan técnicos de las direcciones generales de Presupuestos, Sector Público, Función Pública o de la Abogacía, defina concretamente la estructura jurídica de los dos nuevos entes y el encaje laboral del personal.