VALÈNCIA. Tres años después, el Govern del Botànic sigue sin acometer la prometida limpieza del sector público. La maraña actual de empresas y fundaciones de la Generalitat, a menudo señalada desde la oposición como un reducto de opacidad y descontrol del PP, se parece bastante a la que el PSPV y Compromís se encontró cuando tomaron el relevo del Consell de Alberto Fabra. El caso de las fundaciones públicas es sintomático, ya que el Consell todavía no ha cerrado ninguna de las fundaciones sobre las que ya existía un mandato de liquidación en 2015.
En concreto, se trata de ocho entidades públicas adscritas a diferentes conselleries que tienen pendiente su disolución desde hace años pero aún no se ha llevado a cabo. En la mayoría de casos, la decisión de acabar con estas fundaciones se remonta a 2012, cuando el Ejecutivo de Fabra aprobó una segunda ronda de ajustes para liquidar, fusionar o sacar de la órbita de la Generalitat a varias fundaciones.
Se trata de la Fundación para la Atención a las Víctimas del Delito (Favide), la Fundación para la Investigación Agroalimentaria (Agroalimed), la Fundación Instituto Portuario de Estudios y Cooperación de la Comunitat (Feports) y la Fundación del Servef.
A estas cuatro se suman otras tantas adscritas a la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte: la Fundación de las Artes, la Fundación La Luz de las Imágenes, la Fundación Jaume II El Just y la Fundación Centro de Estudios Ciudad de la Luz.
No todas ellas están en el mismo punto. Las tres últimas ya están en trámite de extinción –en algunos casos desde 2014–, pero esta aún no se ha hecho efectiva. Más llamativo resulta si cabe el caso de la Fundación del Servef, cuya extinción fue ratificada en marzo de 2013, pero sigue existiendo pese a haber entrado ya en fase de liquidación. O el de Fepors, que el año pasado aún se tragó 800.000 euros sin que su patronato ponga en marcha la extinción que el Consell aprobó hace ya más de un año.
LA GENERALITAT CUENTA CON UNA DOCENA DE FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS, LAS MISMAS QUE EN 2015
El Reglamento de Fundaciones de la Generalitat establece que para la extinción de una fundación debe existir un acuerdo de su patronato posteriormente ratificado por el Protectorado de fundaciones. La extinción determina la apertura del consecuente procedimiento de liquidación, que se realiza por el patronato de la fundación correspondiente bajo el control del Protectorado.
Los escasos avances realizados en el entramado de fundaciones de la Generalitat se repiten también con algunas empresas públicas. Es el caso, por ejemplo, de la firma pública creada por el PP para la construcción de colegios y la instalación de barracones. Condenada a desaparecer desde 2012, los problemas para abordar la liquidación de Ciegsa han obligado a posponer sucesivamente su cierre hasta 2020.
Más sintomático es el caso del servicio público de radio televisión cuya puesta en marcha ha requerido de la creación de dos nuevos entes públicos, la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació y la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació, sin que los dos anteriores estén todavía liquidados, el ente público Radiotelevisió Valenciana (RTVV) y la empresa RTVV SAU.
En la actualidad, la Generalitat cuenta con una docena de fundaciones públicas autonómicas, las mismas que en 2015. El balance contrasta con el ajuste materializado en los tres años inmediatamente anteriores, ya que en 2012 la Generalitat aún contaba con una veintena de fundaciones públicas.
Ante esta situación, la Conselleria de Hacienda, que al principio de la legislatura situó entre sus prioridades la reorganización del sobredimensionado sector público instrumental de la Generalitat, acaba de tomar medidas para tratar de desbloquear las liquidaciones pendientes.
La Dirección General de Sector Público ha realizado un barrido para conocer el estado exacto de tramitación de las liquidaciones pendientes con el fin de localizar dónde está el atasco. Tras ese primer análisis, el departamento que dirige Juan Ángel Poyatos ha remitido sendas cartas a las conselleries que tienen adscritas fundaciones pendientes de liquidación para recordarles el mandato que existe sobre estas y los pasos que todavía han de dar para hacerla efectiva.
Tras esta primera comunicación, Sector Público realizará un seguimiento mensual con requerimientos de información puntual sobre el estado de las liquidaciones. Aunque algunas de las entidades han avanzado en el proceso de extinción y apenas cuentan con personal y no reciben consignaciones presupuestarias de la Generalitat, el hecho de que continúen inscritas perjudica a la administración, por ejemplo, a la hora de someterse a los controles periódicos de las agencias de rating.
ESTADO DE LAS FUNDACIONES SOBRE LAS QUE EXISTE MANDATO DE EXTINCIÓN
Fundación Instituto Portuario de Estudios y Cooperación de la Comunitat Valenciana (Feports), adscrita a la Conselleria de Vivienda y Obras Públicas. Es uno de los casos más llamativos. Aunque su desaparición se acordó en 2012, el Consell no la autorizó hasta principios de 2017. Para entonces, la fundación ya llevaba años sobreviviendo sin subvenciones públicas. Desde el acuerdo del Consell, ha pasado más de un año sin que el Patronato de Feports se reúna para aprobar la extinción, lo que impide ponerla en marcha. Su gerente, el único empleado que queda, cobra más de 62.000 euros anuales.
Fundación de la Comunitat Valenciana para la Atención a las Víctimas del Delito (Favide), adscrita a la Consellería de Justicia–. Es una de las fundaciones que el Consell acordó eliminar en 2012 que, sin embargo, continúa existiendo. En 2017 no ha publicado sus cuentas
Fundación de la Comunitat Valenciana para la Investigación Agroalimentaria (Agroalimed), adscrita a la Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente. El Patronato, reunido en febrero de 2017, elevó al Consell la petición de autorización para iniciar el proceso de extinción por la imposibilidad de la Fundación de realizar su fin fundacional. Según sus cuentas, en 2017 gastó 308.000 euros entre sueldos e indemnizaciones de los empleados. En agosto del año pasado aplicó un ERE de extinción.
Fundación Servicio Valenciano de Empleo de la Comunitat, adscrita a la Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. Se encuentra en fase de liquidación. El acuerdo por el que el Protectorado de Fundaciones ratificó el acuerdo de extinción de su patronato se remonta al 22 de marzo de 2013.
Fundación La Luz de las Imágenes, adscrita a la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte. Se encuentra en fase de extinción desde el 17 de diciembre de 2014, cuando se nombró una comisión liquidadora.
Fundación de las Artes, adscrita a la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte. Se encuentra en fase de liquidación. El protectorado ratificó su extinción el 15 de noviembre de 2013.
Fundación de la Comunitat Valenciana Jaume II El Just. El Patronato acordó la extinción el 27 de junio de 2017. Se inscribió en el registro de fundaciones el 27 de diciembre del mismo año. La liquidación, no obstante, continúa pendiente.
Fundación Centro de Estudios Ciudad de la Luz de la Comunitat. La Conselleria de Justicia ya ratificó el acuerdo de extinción de la fundación, aprobado en sesión del patronato de 17 de septiembre de 2014, previa autorización del Consell de 8 de agosto de 2014. El acuerdo está inscrito en el Registro de Fundaciones de la Comunitat.
Ambas formaciones comparecen en mitad del debate dentro del hemiciclo sobre las enmiendas a la totalidad de la ley de Concordia para anunciar parcialmente su plan de trabajo de, inicialmente, 18 meses