El Consell desviará parte del presupuesto de la nueva televisión a otros fines

VALÈNCIA. El Gobierno de Ximo Puig recortará el presupuesto de 55 millones de euros con el que cuenta en 2017 la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC). Así lo han asegurado a Valencia Plaza varias fuentes consultadas, que justifican la decisión por la evidencia de que el ente que preside Enrique Soriano no va a consumir buena parte de esos fondos mientras otros departamentos de la Generalitat tienen dificultades para atender sus compromisos.

Estas fuentes señalan que no va a ocurrir como en 2016, cuando quedó sin gastar, ni en la tele ni en otras partidas, casi todo el presupuesto del año de CVMC –29 millones–, debido al retraso en la creación del ente, casi a final de año. De ese presupuesto se desviaron 2,5 millones de euros a otros fines –un millón fue a parar a la Dirección General de Promoción Institucional– pero los 26,5 millones restantes se dejaron en una cuenta de la Corporació gracias a una enmienda del tripartito que hacía una excepción a la ley que obliga a las empresas públicas a reintegrar a la Generalitat el dinero no gastado.

Fuentes de la Conselleria de Hacienda aseguran que ese dinero sobrante de 2016 ha venido bien para que la CVMC pudiera contratar desde principios de año las producciones de contenidos audiovisuales que desde finales del año pasado estaba licitando. 

Pero en el departamento que dirige Vicent Soler son conscientes de que tiene poco sentido mantener el presupuesto de 2017 intacto cuando, por ejemplo, en los primeros seis meses se ha gastado una ínfima parte del capítulo I (personal), que en la sociedad anónima que gestionará À. cuenta con 19 millones de euros para 469 empleados.

Según estas fuentes, todavía no se ha hecho un cálculo del alcance del recorte, que deberían consensuar la secretaria autonómica de Hacienda, Clara Ferrando, y la directora general de Sector Público, Empar Martínez. Lo primero que se estudiará es si los fondos se pueden utilizar en otros capítulos de la propia CVMC o la Societat Anónima de Mitjans de Comunicació (SAMC), por ejemplo a inversiones. Sin embargo, transcurrida ya casi la mitad del año apenas se han convocado concursos, por lo que aunque quisieran emplearlo, difícilmente podría gastarse todo en este ejercicio.

Visto bueno a la plantilla de 530 personas

Otro aspecto importante sobre el que debe pronunciarse la Conselleria de Hacienda es la propuesta de plantilla que ha solicitado la CVMC, que en su última versión asciende ya en 530 personas, 61 correspondientes a la Corporació y 469 a la sociedad anónima que gestionará la nueva televisión pública.

Según las fuentes consultadas, la Conselleria de Hacienda no pondrá problemas a este número de trabajadores siempre que el coste de personal establecido en el contrato-programa se ajuste al presupuesto previsto por el Consell de Puig para la televisión. 

Sobre la mesa de la Dirección General de Sector Público está la relación de puestos de trabajo (RPT) mientras que la Dirección General de Presupuestos debe informar sobre la masa salarial que soportarán la empresa y el ente. En el caso de la sociedad anónima, el presupuesto es de 19 millones para 469 empleados, lo que da un coste medio empresarial de 40.500 euros por trabajador y año, que equivalen a un salario bruto medio de unos 31.000 euros anuales.

En cualquier caso, que se apruebe la RPT no quiere decir que se vaya a contratar a 530 personas para la puesta en marcha de la radiotelevisión, tal como ya advirtió su directora general, Empar Marco, y ratifican desde la Generalitat.

Además de la incorporación paulatina, los puestos se cubrirán en una primera fase con las bolsas de trabajo que ya se han convocado, y no será hasta bien entrado 2018, como pronto, que se convocarán procesos de selección para contrataciones indefinidas.

La convocatoria de las bolsas de trabajo provisionales va a ser impugnada por la Unió de Periodistes Valencians, según aprobó en asamblea el pasado sábado la organización profesional que preside Noa de la Torre. Esto podría retrasar la incorporación de los profesionales si la Unió decide pedir la suspensión cautelar.

La aprobación de la RPT está relacionada con la aprobación del presupuesto de la SAMC para 2017, que debe aprobar el Consell.