Vicent Soler, conseller de Hacienda. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. El Consell ha aprobado un Decreto Ley para modificar los Presupuestos de la Generalitat de 2018 con el fin de incorporar la subida salarial del 1,5% para más de 150.000 empleados públicos de la Generalitat, así como de las universidades y del personal de los centros docentes concertados prevista en los Presupuestos Generales del Estado.
Esta adaptación a la legislación básica estatal permite aplicar ese incremento retributivo desde el 1 de enero y un 0,25% adicional condicionado a que el PIB crezca al menos el 3,1%, que se percibiría con efectos desde el 1 de julio de este año.
Según informa en un comunicado, el Consell ya aprobó el pasado viernes las nuevas tablas retributivas del personal de la Generalitat y sus organismos autónomos, en las que ya se contempla el incremento salarial del 1,5% fijado en los PGE para todo el personal al servicio de la Administración de la Generalitat y de sus organismos autónomos.
Con esta medida, que incluye a las universidades y al personal de los centros docentes concertados, se busca "paliar la pérdida de poder adquisitivo que los empleados públicos sufrieron durante la crisis". El coste de la medida prevista en los PGE asciende a 108,27 millones.
Además de ello, el decreto ley recoge, tal como está fijado en los PGE, la posibilidad de que la masa salarial pueda incrementarse en un 0,20% adicional con la finalidad de que las diferentes administraciones puedan adoptar medidas para la racionalización de las plantillas y las retribuciones.
la norma prevé la homologación de retribuciones ligada a la desaparición de la brecha salarial en sectores especialmente feminizados
En concreto, la norma, que se remitirá a las Corts para su convalidación, permitirá, entre otras actuaciones, la homologación de retribuciones ligada a la desaparición de la brecha salarial en sectores especialmente feminizados.
En el marco de esta adaptación a la legislación básica estatal, explica el Consell, se incluyen asimismo las nuevas directrices fijadas sobre el complemento de la prestación económica en situación de incapacidad temporal del personal al servicio del sector público de la Generalitat, de forma que se elimina el descuento por baja laboral introducido en 2012, y el nuevo régimen de disfrute del permiso de paternidad, que se amplía a seis semanas.
Asimismo, el decreto ley aprobado este viernes permite la traslación a la Comunitat de las medidas incluidas en la Ley de Presupuestos del Estado dirigidas a incrementar la tasa de reposición de efectivos y a la puesta en marcha de procesos de estabilización del empleo temporal. Estas medidas son de aplicación tanto para la Administración de la Generalitat como para el sector público instrumental.
En concreto, la norma mantiene la tasa de reposición del 100% para los servicios públicos prioritarios establecida en los PGE de 2017, ampliando el catálogo de éstos a materias como Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con vistas a la implantación de la Administración electrónica. Pero, además, para el resto de servicios no prioritarios, la tasa de reposición de efectivos se incrementa del 50% al 75%, igualmente, tanto en la Administración como el Sector Público Instrumental.
Otra novedad es la autorización para que en las ofertas de empleo público que se convoquen para cubrir los efectivos se pueda ofrecer un número de plazas equivalente al 5% del total de la tasa de reposición, que irán destinados al establecimiento de nuevos servicios públicos, al incremento de la actividad estacional por la actividad turística o para atender al elevado volumen de jubilaciones esperadas. Una medida que beneficiará tanto a la Administración como al Sector Público Instrumental.
Por otro lado, tal como habilitan los presupuestos estatales, el decreto ley pone en marcha un nuevo proceso de estabilización del empleo temporal tras el aprobado el año pasado.
Concretamente, se autoriza una tasa adicional para la estabilización de empleo temporal que incluirá las plazas de naturaleza estructural que, estando dotadas presupuestariamente, hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores al 31 de diciembre de 2017 en los siguientes servicios y colectivos: personal de administración y servicios generales, de investigación, de salud pública e inspección médica, así como otros servicios públicos.
En los Presupuestos de la Generalitat para 2018, dado que no se habían aprobado todavía los Presupuestos Generales del Estado, se optó por mantener las retribuciones para los empleados públicos en los mismo términos que en 2017, pero estableciendo los mecanismos que hacían posible una futura revisión de estas retribuciones.
Es la misma situación que se dio el año pasado y que ya obligó a aprobar un decreto ley para actualizar las retribuciones del personal. Gracias a esta previsión, los presupuestos autonómicos de 2018 contemplan una reserva de fondos para atender el incremento, una vez aprobados los PGE.
