El Consell choca de nuevo con los tribunales

VALÈNCIA. Al Gobierno valenciano no le está siendo fácil sacar adelante sus políticas del cambio. Tanto las leyes como decretos estrella del Botànic han chocado en el último año con los tribunales, siempre a razón de recursos interpuestos por el Gobierno central o el Partido Popular.

Primero fue la ley de la nueva RTVV, en marzo la ley de Función Social de la Vivienda –más conocida como la antidesahucios–, hace unos días el decreto de plurilingüismo que elaboró el departamento que dirige Vicent Marzà, y este viernes llegaba la nulidad de los decretos de la Conselleria de Sanidad de ayudas al copago farmacéutico y ortoprotésico a pensionistas y diversidad funcional que el Ejecutivo valenciano aprobó en 2015.

Las subvenciones para evitar el copago fueron recurridas por la Abogacía del Estado, ya que los dos decretos dejaban sin efecto la normativa estatal que regula estas cuantías. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha dado la razón al Gobierno Central. La sentencia no es firme ni tiene efecto sobre los ciudadanos, además de que la Generalitat podrá recurrirla en un plazo de 30 días, pero el varapalo se suma a otros menoscabos a la hoja de ruta que Compromís, PSPV y Podemos marcaron en su pacto de Gobierno.

De momento, el conseller de Transparencia y puntualmente portavoz del Consell, Manuel Alcaraz, pidió este viernes en la rueda de prensa del Consell tranquilidad: "Las ayudas están vigentes y en ningún caso afecta a las de 2016 y 2017, que ya han sido ejecutadas". De esta forma razonaba que existían "cuestiones técnicas" las que habían llevado a la suspensión.

Una ley 'antidesahucios' con amenaza de inconstitucionalidad

El Gobierno de Mariano Rajoy envió una carta al Consell para negociar algunos puntos de la norma. Para evitar que ésta acabara en el Tribunal Constitucional, la consellera de Vivienda, María José Salvador, explicaba que en la misiva el Ejecutivo central proponía sentarse en una comisión bilateral para negociar algunos términos de la ley que chocan con competencias estatales.

En concreto, el Gobierno planteó dudas de la constitucionalidad del "derecho subjetivo" de la Generalitat a garantizar el derecho a la vivienda de los ciudadanos y de su papel de mediador entre la administración y los bancos. Una posición por la que Salvador acusó en su día al Ejecutivo de Rajoy de actuar "como el perro del hortelano" porque no tenía "una auténtica ley de segunda oportunidad" para garantizar una vivienda, ni tampoco permitía a las autonomías a que lo regularan.

Decreto de plurilingüismo

Con el inicio del curso escolar a la vuelta de verano, y en pleno proceso de admisión escolar, el TSJCV suspendió cautelarmente el decreto de plurilingüismo que debía comenzar a aplicarse en el curso escolar 2017/2018. Un primer varapalo al departamento de Vicent Marzà, quien pedía, como Alcaraz con el copago, tranquilidad al no ser decisión en firme y caber recurso de reposición.

Así, desde Campanar –sede de la conselleria de Educación– intentaron que el tribunal levantara la suspensión cautelar solicitada por la Diputación de Alicante que preside el popular César Sánchez. No obstante, el intento no llegaba a buen puerto. Y, aunque el auto sigue no siendo firme en esta ocasión porque todavía cabe recurso ante el Tribunal Supremo, el horizonte es turbio si se atiende al calendario. El tiempo es relativo, y para los padres, septiembre no queda lejos.

De momento la Conselleria de Educación solicitó a Abogacía de la Generalitat un informe jurídico para determinar qué instrucciones dan a los centros para acatar la paralización cautelar del decreto. Marzà anunció que el informe -que no fue facilitado a Valencia Plaza pese a haberlo solicitado- no obligaba a la Conselleria a paralizar sus planes, aunque lo cierto es que le ha obligado modificarlos para soslayar la imposibilidad de, por el momento, desarrollar dicho decreto. Este viernes, el departamento de Marzà avanzaba que el borrador de las instrucciones de inicio de curso estará listo la próxima semana. 

Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC)

El Consell y Les Corts Valencianes también se han topado con anterioridad con el Gobierno central. Con la ley de la CVMC aprobada en julio de 2016, el Gobierno central advertía en octubre de que tres artículos de la norma podrían ser inconstitucionales. Concretamente la lupa estaba puesta sobre los artículos 42 y 46 y la disposición transitoria novena, que regula la contratación de personal y que daba preferencia a los ex de RTVV.

Para evitar un recurso ante el Tribunal Constitucional por una posible vulneración del principio de igualdad en la contratación, el Ejecutivo central y la Generalitat constituían una Comisión Bilateral. En abril, ambas administraciones alcanzaban un acuerdo por el que se daban por resueltas las discrepancias surgidas. 

En concreto, Ejecutivo central y Generalitat consensuaron que la valoración de méritos que se realizase en las futuras contrataciones de personal para la nueva radiotelevisión valenciana no debía suponer, "en ningún caso, una medida desproporcionada que implique una desigualdad de trato arbitraria e incompatible" con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.