VALÈNCIA. (EFE). La Generalitat Valenciana "dignificará" y equiparará los servicios sociales al nivel de la educación o la sanidad, como un derecho "universal" y "esencial", que permitirá su "blindaje" a nivel presupuestario, y priorizará al sector público en la provisión de servicios.
Estas son algunas de las líneas esenciales del borrador de la nueva Ley de Servicios Sociales Inclusivos de la Comunitat Valenciana, presentado por la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, junto con el delegado de la Generalitat para el Modelo Social, Xavier Uceda, y cuya aprobación se espera en el último trimestre de 2018.
Esta nueva Ley "supone la creación del sistema público valenciano de servicios sociales, que debía haberse creado hace 20 años pero que la falta de voluntad política del anterior gobierno no llegó a impulsar", ha señalado Oltra.
Según ha explicado, la Comunitat Valenciana contaba en materia de servicios sociales con una legislación del año 1997, que se quedó "estancada" y que favoreció la "privatización y el desmantelamiento del sistema", además de falta de liderazgo y coordinación, y que llevó a cada municipio a actuar según su criterio.
La nueva Ley, cuyo borrador estará en exposición pública hasta el 9 de febrero, permitirá que los servicios sociales "dejen de ser los hermanos pobres de la educación y la sanidad", y "dignificará estos servicios y a sus profesionales" garantizando la mejora de las ratios y "situando a las personas en el centro del sistema".
Oltra ha recordado que cuando llegaron al Gobierno valenciano en 2015 la ratio era de un profesional de servicios sociales cada 13.000 habitantes (17.000 en el caso de los grandes municipios), y ha asegurado que la nueva ley garantizará una ratio de un profesional cada 2.300 habitantes, y en el caso de las poblaciones de menos de 10.000 habitantes de 1 cada 1.500.
Esta ley, ha precisado, permitirá a la Comunitat pasar del último puesto en la lista autonómica de atención ciudadana en el ámbito de los servicios sociales, a situarse entre las cinco primeras.
El nuevo modelo en atención de los servicios sociales, ha añadido la vicepresidenta, ha supuesto multiplicar por cuatro la inversión que se destinaba a los ayuntamientos para personal (este año 41 millones de euros), que va a permitir la contratación de 1.574 profesionales.
Oltra ha manifestado que esta Ley supone el reconocimiento de las prestaciones sociales como un derecho "subjetivo", la misma consideración que las de dependencia, renta, ayudas a mujeres víctimas de violencia de género o las prestaciones de acogimiento familiar, "lo que garantiza que no están condicionadas por la dotación presupuestaria".
Como novedades, contempla además la creación de la Tarjeta de Información Personalizada, compatible con la información de Sanidad e integrada en el SIP, que permitirá el desarrollo de una historia social única que integre información médica y social, y que se prevé esté activa en 2020.
Además, se establece un sistema territorial de los servicios, en el que los ayuntamientos serán la puerta de entrada de los servicios sociales primarios, con los mismos tres niveles que la asistencia sanitaria: zona básica, áreas de servicios sociales y departamentos de servicios sociales, que se harán coincidir con los de salud.
La nueva Ley recoge además un catálogo de prestaciones y servicios mínimos garantizados a los que podrán acceder las personas con residencia en la Comunitat, y una serie de servicios para los valencianos residentes en el exterior, cuando la atención sirva para el retorno definitivo.
Contempla también la creación del Órgano de Coordinación Interadministrativa, formado por la Generalitat, diputaciones, ayuntamientos de más de 100.000 habitantes, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), el Consell Valencià de Igualdad, Inclusión y Derechos Sociales), y el Instituto Valenciano de Calidad en Servicios Sociales.
