Rosa Pérez, consellera de Transparencia. Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. El despliegue de la Ley de lobbies del Consell entra en vía muerta. Tres años y dos consellers después de que el Gobierno valenciano iniciase el camino para regular las relaciones entre la administración y las empresas públicas con los denominados grupos de interés se estrella por falta de presupuesto.
El Decreto para el desarrollo reglamentario de la columna vertebral de esta ley, como el registro de lobbies de la Comunitat y el procedimiento sancionador de las infracciones administrativas reguladas en las relaciones con esos grupos de interés, ha sido rechazado por el Consell Jurídic Consultiu.
Según revela el órgano consultivo en su dictamen, la razón es el informe desfavorable de la Conselleria de Hacienda al aumento de presupuesto contemplado el proyecto de decreto le ha remitido la Conselleria de Participación y Transparencia.
De hecho, la propia remisión del texto para su valoración por parte del CJC resulta sorprendente porque, a pesar de la urgencia aducida por el departamento que dirige Rosa Pérez, la ley autonómica de Hacienda impide a Les Corts aprobar cualquier proyecto de disposición reglamentaria sin la previa y necesaria consignación presupuestaria.
Sin embargo, a pesar del informe desfavorable de la Dirección General de Presupuestos y de algunas observaciones planteadas por la Abogacía de la Generalitat, la consellera de Transparencia envió el proyecto de Decreto al CJC para que se pronunciar al respecto. Lo hizo el pasado 16 de mazo, el lunes siguiente a la declaración del estado de alarma por la crisis del coronavirus.
Según explica el organismo que dirige Margarita Soler en su dictamen, la Secretaría Autonómica de Participación –el departamento al que se encargó su tramitación– muestra en la documentación remitida su "posición favorable" a la aprobación del proyecto de Decreto, recogida en un informe del pasado 11 de diciembre de 2019. Este pronunciamiento a favor de la aprobación fue elaborado por el entonces secretario autonómico de Transparencia, Ignacio Blanco, a pesar de que entonces la Dirección General de Presupuestos ya se había posicionado en contra.
Según el relato del CJC, Transparencia adujo que el Registro de Grupos de Interés de la Generalitat ya fue creado en realidad con la propia aprobación de la Ley de grupos de interés y por eso consideró que su gestión es "obligatoria" y que por lo tanto tienen que dictarse las disposiciones de desarrollo necesarias para llevarlo a la práctica y su puesta en funcionamiento.
A la vista de ello, el CJC realiza una observación general al margen del contenido específico del Decreto en la que le recuerda a la Conselleria de Transparencia que aprobarlo sin la suficiente y adecuada consignación presupuestaría comportaría un vicio de nulidad de pleno derecho.
La memoria económica de la Conselleria de Transparencia preveía la creación de cuatro puestos de trabajo ara la puesta en marcha del Registro de los Grupos de Interés de la Generalitat con un coste de 190.842,50 euros. A ellos había que sumar otros 60.000 euros de la "aplicación informática". Esto es, en el caso de aprobarse el Proyecto de Decreto del Consell habría que llevar a efecto un incremento o modificación presupuestaria de 250.842,50 euros.
Frente a ello, la Dirección General de Presupuestos advierte en un informe del 27 de noviembre sobre esa memoria económica que losPresupuestos de la Generalitat de este año no contemplan esa dotación presupuestaria, lo que en la práctica hace imposible sacar el Decreto adelante. De hecho, el CJC concluye que el texto que pretende regular la actividad de los lobbies en la Comunitat "no se ajusta al ordenamiento jurídico".
El dictamen del CJC recuerda todo el recorrido jurídico de la norma impulsada por el Consell en 2017 por el exconseller de Transparencia, Manuel Alcaraz, para, entre otras cuestiones, crear un registro de grupos de interés en la Comunitat. Así, el CJC recuerda que, tras la aprobación de la Ley de grupos de interés en diciembre de 2018 en Les Corts, Alcaraz encargó en marzo de 2019 el Decreto que debía regular esta ley a la Dirección General de Transparencia y Participación.
La propia ley recogía en su disposición final primera que el Consell debía tener en un máximo de nueve meses el Decreto necesario para regular el funcionamiento del registro de los grupos de interés de la Generalitat y sus empresas públicas.
Posteriormente, ya con Rosa Pérez al frente de la Conselleria renombrada como de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática determinó en septiembde eses mismo año que fuera Secretaría Autonómica de Participación y no la mencionada Dirección General la que llevase a cabo el Proyecto de Decreto.
Tras este cambio, el entonces secretario autonómico, Ignacio Blanco, subscribió la oportuna memoria económica en septiembre de 2019 con un aumento del coste de 250.842,50 euros. Dos meses después, a finales de noviembre, la Dirección General de Presupuestos alertó de que no existía dotación presupuestaria suficiente. Blanco recogió las conclusiones de ese y otras consultas preceptivas de diferentes instancias en su propio informe del 11de diciembre.
El CJC da cuenta también de que la Abogacía de la Generalitat expuso varias observaciones, recomendaciones y sugerencias, tanto de técnica normativa como de carácter sustantivo, en su informe del 30 de diciembre del año pasado.
Entre tanto, apenas una semana después de este pronunciamiento de la Abogacía, Blanco abandonó su cargo en la Conselleria de Transparencia aduciendo motivos personales y después de varios meses de tensiones con Rosa Pérez.
Su sustituto en ese departamento, Antoni Lorente, elaboró en marzo de este mismo año la versión definitiva del Proyecto de Decreto que debe desarrollar la Ley de grupos de interés con las alegaciones formuladas por la Abogacía de la Generalitat. Esa fue la versión del Decreto que Rosa Pérez envió hace poco más de un mes al CJC para que se pronunciara al respecto.
Además del registro de lobbies o el régimen sancionador, el desarrollo reglamentario que debía abordarse con el Decreto que ha tumbado el CJC también incluye la "cuidadosa" especificación del tratamiento de los datos que se tengan que inscribir en el registro o el sistema de "control y fiscalización" de los también conocidos como grupos de presión o su participación previa en el procedimiento de elaboración de disposiciones normativas.
